La Federación de Personas Sordas de Castilla-La Mancha (Fesormancha), Plena Inclusión y la Federación de Síndrome de Down de Castilla-La Mancha han pedido a las administraciones mayor financiación y han destacado la necesidad de poner en marcha un sistema de educación inclusivo que elimine la segregación.
Así lo han demandado sus respectivos representantes durante su comparecencia en la Comisión Permanente no Legislativa para las Políticas Integrales de la Discapacidad que ha tenido lugar este jueves en el Parlamento autonómico.
El presidente de Fesormancha, Ignacio Carrasco, ha puesto en valor la figura del intérprete y ha reivindicado el incremento de su presencia en todos los ámbitos para garantizar la accesibilidad de la comunidad sorda, especialmente en la formación y la comunicación y ha añadido que esta última es "la principal barrera" de las personas con discapacidad auditiva.
Carrasco ha destacado la necesidad de facilitar la accesibilidad a la formación y a la comunicación, así como a la cultura, el ocio y el espacio sociosanitario, además de promover una mayor inclusión educativa y laboral, participación política y medidas en el ámbito económico.
Para ello, ha planteado una serie de propuestas, entre ellas, una mayor presencia de intérpretes en los diferentes ámbitos, como las entrevistas de trabajo; el uso de subtítulos en la televisión o un servicio de emergencias adaptado de manera que, por ejemplo, ante una urgencia, los usuarios puedan ponerse en contacto con el 112 a través de videollamada.
"Tenemos derecho a saber lo que se está diciendo", ha asegurado el presidente de Fesormancha, una federación fundada en octubre de 1998 e integrada por seis asociaciones, a la que próximamente se sumará otra más en la provincia de Guadalajara.
Por su parte, el representante de la Junta Directiva de Plena Inclusión, Elías Martínez, ha abogado por avanzar, en materia de financiación, hacia un concierto social, pues no pueden seguir sosteniéndose "con convocatorias de concurrencia competitiva".
Ha resaltado el papel de las familias que son, ha dicho, "el principal soporte de las personas con discapacidad intelectual", por lo que ha defendido medidas que faciliten la conciliación.
Garantizar un sistema de educación inclusivo, promover una oferta formativa "adaptada" para fomentar su acceso al mercado laboral e incluir materias relacionadas con la discapacidad intelectual en la formación sanitaria, son otras de las reclamaciones de este colectivo.
Además, Valentina Rodríguez, usuaria de esta federación, ha señalado que entre las reivindicaciones más "necesarias y urgentes" está el establecimiento de programas de educación sexual para disminuir el riesgo de sufrir agresiones sexuales, así como promover acciones de sensibilización a la sociedad para eliminar prejuicios.
"Si logramos un entorno más accesible, las personas con discapacidad intelectual tendrán menos dificultades", ha agregado Daniel Collado, gerente de Plena Inclusión Castilla-La Mancha, una organización sin ánimo de lucro integrada por 57 entidades y fundada en 1981 con el fin de mejorar la vida de las personas con discapacidad intelectual.
Por su parte, la Federación de Síndrome de Down de la región, formada por seis asociaciones que atienden a 404 usuarios gracias a la labor de 90 profesionales, ha pedido mayor financiación pública, dado que las administraciones aportan un 70 por ciento del gasto total que tiene esta entidad.
Su presidente, Julián Carvajal, ha tachado de "inaceptable" incluir el Síndrome de Down en la categoría de aborto terapéutico por malformaciones incompatibles con la vida porque "las personas con Síndrome de Down pueden llevar una vida plena".
Por ello, ha instado a "tomar las medidas oportunas" para que la decisión de abortar sea adoptada por la madre y a establecer un protocolo para que, previamente, éstas puedan ser informadas por padres de personas con Síndrome de Down y profesionales que trabajan con ellos.
Además, el secretario de la federación, José Julián García, se ha hecho eco de un informe del Comité de las Naciones Unidas sobre el modelo educativo en España que sostiene que "se ha perpetuado un patrón de discriminación" y recomienda "una reforma legislativa" para eliminar la segregación.
Por ello, ha instado a la comunidad autónoma a ser "pionera" y a "hacer bandera de la educación inclusiva", prescindiendo de los centros de educación especial y de aulas segregadas en los centros ordinarios.
En este punto, el presidente de la Comisión, Emilio Sáez, ha propuesto elevar a la Presidencia de las Cortes regionales la posibilidad de celebrar, en el primer trimestre de 2019, "un encuentro interparlamentario" entre todas las comisiones de discapacidad (Cantabria, Canarias, Galicia, Madrid, Murcia y Castilla-La Mancha, así como las del Senado y las Cortes generales) "para poner en común todas aquellas cuestiones que nos afectan en materia de modificación legislativa", que ha sido aceptada por todos los grupos.
