martes 23.07.2019

Apuntes sobre la segunda semana del juicio del "procés" en el Tribunal Supremo

Todos han restado cualquier valor jurídico a la DUI y se han esforzado en dejar claro que ni se gastó un euro público en el 1-O ni hubo violencia

Apuntes sobre la segunda semana del juicio del "procés" en el Tribunal Supremo
Apuntes sobre la segunda semana del juicio del "procés" en el Tribunal Supremo

Han transcurrido dos semanas de juicio del "procés" y han declarado ante el Supremo diez de los doce acusados, con diferentes estrategias y mensajes. Pero todos han restado cualquier valor jurídico a la DUI y se han esforzado en dejar claro que ni se gastó un euro público en el 1-O ni hubo violencia.

Estos son algunas de las ideas destacadas en las seis primeras sesiones del juicio:

- La DUI ya no tiene valor

Ni uno solo de los exconsellers que ha declarado en el juicio ha otorgado valor jurídico a la Declaración Unilateral de Independencia. Es un asunto fundamental, dado que para acreditar la rebelión, además de demostrar que hubo violencia, las acusaciones deben probar que el fin último era declarar la independencia. Es decir, que se cerraba el círculo.

El principal acusado, Oriol Junqueras, pasó por encima del asunto (no respondió a las acusaciones) y se limitó a contestar que tras la DUI la apuesta era "la multilateralidad", pero el resto se esforzó en descafeinarla. Fue una "declaración política" o una "expresión de una voluntad política". Es decir, sin ningún valor legal o jurídico. Una evidente renuncia al relato del "procés".

Para completar (o terminar de deshacer) el puzzle, el testimonio de Santi Vila, el que contó que "muchos" miembros del Govern no querían la DUI y trabajaban por evitarla, como hacían dirigentes del PP, del PSOE, de otras instituciones, empresarios y hasta la Iglesia, algo que se logró el 25 de octubre cuando su entonces amigo Carles Puigdemont decidió anticipar elecciones.

Pero llegó la presión, las redes sociales, las amenazas de dimisión, y Puigdemont fracasó en la gestión emocional de esa presión. Y lo demás es conocido.

- Violencia, ¿sí o no?

Dos relatos contrapuestos, el día y la noche. Los que mostraron ayer el fiscal Javier Zaragoza y el expresidente de la ANC Jordi Sànchez durante cinco horas de un interrogatorio tenso, profundo, milimétrico. La sesión pudo servir para acabar con las dudas, si es que alguien las tenía, sobre un posible desinterés de la Fiscalía en el delito de rebelión.

El 20-S será el marco en el que se dirima si hubo o no violencia, es decir, si hubo o no rebelión. Si lo que ocurrió frente a la Conselleria de Economía fue un asedio planificado, o por contra una concentración pacífica, mucho más concurrida de lo esperado en la que hubo algún descontrolado que dañó los coches de la Guardia Civil.

El discurso de Sànchez (y es previsible que el de Cuixart) está tan articulado como el de la Fiscalía. Queda mucho juicio por delante, decenas de testigos y pruebas documentales clave para determinar si es verdadero o no.

- ¿Y todo esto quién lo pagó?

Muchos aún se lo preguntan, porque, si de momento hay algo que no ha podido esclarecer el juicio es el tema del dinero. Nueve exconsellers están acusados de malversación, aunque la Fiscalía no ha dado aún la cifra exacta del dinero público desviado.

La negativa de todos los exconsellers acusados es rotunda: No se gastó "ni un euro" del contribuyente en el referéndum.

Y ahora viene la siguiente pregunta, cuya ausencia sorprendió a muchos en alguna jornada: Y entonces, ¿quién lo pagó?

Carles Mundó fue el más pragmático: "No se financió con dinero público y, como no hay una tercera alternativa, se sufragó con dinero privado, pero no sé de quién".

Una teoría que terminó de encaminar Santi Vila. Intuitiva y especulativamente, dijo suponer que lo financiaron mecenas catalanistas y que Puigdemont siempre le aseguró que se estuviese tranquilo.

- Nadie sabe nada de las urnas

Es uno de los grandes misterios del "procés". Ninguno de los 10 acusados que por el momento han pasado frente al tribunal sabe quién las encargó o fabricó. "A día de hoy no tengo ni idea de cómo se adquirieron las urnas", aseguró Jordi Turull, aquel que llegó a bromear casi un mes antes del 1-O con que seguro que no estarían "en el fondo del mar".

Tampoco lo sabía su compañero de partido -y un tiempo de celda- Josep Rull, que las vio por primera vez ya en el referéndum, pero que siempre tuvo "la confianza de que aparecerían" porque "la fuerza de la esperanza es extraordinaria".

El único que se metió algo más en el barro con este tema fue Jordi Sànchez, que reconoció que desde la asociación que presidía, la ANC, se repartieron papeletas y se animó a los ciudadanos a que las imprimiesen. Pero ni rastro de las urnas. Ni la ANC las guardó ni sabe dónde se escondían.

- La fuerza del pueblo catalán

La fuerza de la sociedad civil, del mandato popular recibido tras las elecciones de 2015, de mayoría independentista, y el resultado del 1-O fueron las principales muletas en las que se apoyaron los acusados para justificar que desoyeran al TC y que siguieran adelante con la DUI.

Incluso alguno llegó a decir que "sin ninguna responsabilidad de las instituciones" hubo muchas iniciativas que partieron de la sociedad civil para que se pudiese votar el 1-O.

Quizá una muestra de ello es el aluvión de solicitudes que, según Dolors Bassa, recibieron el fin de semana del 1-O para abrir los centros cívicos.

Calçotadas, concursos de ajedrez o bailes para personas mayores que mantuvieron los locales abiertos hasta el domingo del referéndum. En su día muchos lo tomaron como argucia para garantizar la votación, Bassa aseguró que se desalojaron antes de las 6.00 am en cumplimiento de la orden judicial.

- La desobediencia

El delito que menos castigo tiene, el más fácil de probar y el que han ido reconociendo, cada uno a su manera, todos los acusados.

Resonaron en el salón de plenos de Supremo los ejercicios de "ponderación" que una y otra vez esgrimieron los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull entre el mandato popular y el del Tribunal Constitucional.

Y el mantra repetido de todos ellos: Si en España hacer un referéndum ilegal no es delito (el Congreso lo despenalizó expresamente tras fracasar el plan Ibarretxe), no podían pensar que montar el 1-O lo fuera. 

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