sábado 07.12.2019

Aprobado por unanimidad el nuevo Estatuto de las Personas Consumidoras de Castilla-La Mancha

- Incluye un enfoque basado en la corresponsabilidad, el consumo accesible, inclusivo, ético y sostenible que pone el acento en la defensa de los intereses colectivos y especialmente, de los más vulnerables.

- Asimismo, armoniza la emergencia de nuevos espacios de relación en la secuencia: producción-distribución-consumo de bienes, productos y servicios.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, posan con los representantes de organizaciones y asociaciones de consumidores, tras la aprobación del Proyecto de Ley del Estatuto de las Personas Consumidoras
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, posan con los representantes de organizaciones y asociaciones de consumidores, tras la aprobación del Proyecto de Ley del Estatuto de las Personas Consumidoras

Las Cortes regionales han aprobado por unanimidad de todos los grupos parlamentarios -PP, PSOE y Podemos- el proyecto de ley del Estatuto de las Personas Consumidoras de Castilla-La Mancha, que incorpora nuevos contenidos como la pobreza energética y la vulnerabilidad económica, así como medidas para combatir la obsolescencia programada.

Una norma compuesta por 163 artículos, tres disposiciones transitorias, una derogatoria y cuatro finales y que tiene como finalidad la protección de los derechos e intereses de las personas consumidoras en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha, en un marco de consumo y regulación económica "eficientes".

Así lo ha destacado durante su intervención en el pleno celebrado este jueves el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, quien ha añadido que, además, pone el acento en la defensa de los intereses colectivos y de las personas más vulnerables.

Asimismo, ha indicado que entre sus principales objetivos están recuperar políticas públicas de consumo en la región, adecuar la estructura administrativa para gestionar las competencias atribuidas en el texto, disponer de un marco jurídico con vocación de futuro, promover un enfoque sociaoambiental y potenciar la participación ciudadana.

Ha explicado que a las personas consumidoras se les reconoce el derecho a la protección frente a los riesgos que puedan comprometer la salud o seguridad, así como a la protección de sus legítimos intereses económicos y sociales, en particular, frente a situaciones de desequilibrio como las prácticas comerciales desleales o la introducción de cláusulas abusivas en los contratos.

Pero, además, ha incidido en que se ha ampliado el rango de actuación, introduciendo nuevos derechos, como el derecho a la soberanía de la persona consumidora para la toma de decisiones de compra de forma "libre y consciente", a un medio ambiente saludable que promueva las condiciones para ejercer un consumo responsable, a la soberanía alimentaria o a la garantía de funcionalidad con arreglo al ciclo de vida útil del producto.

También introduce el derecho a un trato "correcto, considerado, digno y respetuoso" en las relaciones de consumo, a la seguridad y privacidad o a los beneficios derivados del uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Por su parte, la diputada socialista Ana Isabel Abengózar, que ha sido la ponente del dictamen, ha destacado que esta ley prevé la educación como herramienta para un consumo "inteligente y responsable" y que pone a Castilla-La Mancha "a la vanguardia en políticas de consumo".

Ha dicho que es "pionera, progresista" y que "más seguridad, protección, información y garantías" son algunas de las "claves" de esta norma que, según Abengózar, tiene presente un enfoque de género en todo el texto.

Sin embargo, para el parlamentario del PP Antonio Lucas-Torres, "es una ley que llega tarde" porque no se va a poder aplicar en esta legislatura, a pesar de lo cual ha contado con el apoyo del grupo popular por considerar que "era necesario este cambio legislativo".

También la presidenta del grupo parlamentario de Podemos, María Díaz, ha resaltado que este estatuto no solo era "importante", sino también "necesario" y ha hecho hincapié en que contempla que la Junta se persone en procedimientos penales en caso, por ejemplo, de estafas masivas o que afecten a personas necesitadas de especial protección y en que incorpora sanciones ante cláusulas abusivas y prácticas desleales.

El proyecto de ley del Estatuto de las Personas Consumidoras de Castilla-La Mancha incluye 43 enmiendas parciales aprobadas en comisión y una modificación de un artículo, tras una recomendación del Ministerio de Hacienda. 

Más información en vídeos 
Comentarios