Aprobadas las cuentas de 2016 a 2020 con el apoyo del PSOE y el rechazo de PP y Vox

El consejero de Hacienda, Administraciones Pública y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha defendido este jueves las cuentas generales de la Comunidad Autónoma comprendidas entre los ejercicios 2016 y 2020, un periodo en el que se gestionaron hasta 43.000 millones de euros, como fruto de una administración de los recursos "rigurosa seria y responsable". En contraste, los grupos parlamentarios de PP y Vox han criticado unas cuentas que, a su juicio, han marcado una gestión "opaca y desastrosa".

Durante su intervención en el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha con motivo del debate y votación de los dictámenes emitidos por la Comisión de Economía y Presupuestos sobre las cuentas generales comprendidas entre 2016 y 2020 --todos ellos aprobados con el voto a favor de los socialistas y en contra de Vox y PP-- Ruiz Molina ha recordado que en ese periodo se realizó una gestión "rigurosa" y sin los "recortes" que previamente aplicara la administración Cospedal, y todo ello "contribuyendo al desarrollo económico, sin subir la presión fiscal, disminuyendo el déficit y la deuda pública, y consiguiendo unos plazos récord de pago a proveedores".

También ha reconocido el "gran esfuerzo" de los empleados públicos de la administración regional, ya que también han contribuido a hacer cumplir el mandato del presidente Emiliano García-Paje de atender las necesidades de la ciudadanía y "no dejar a nadie atrás", pese a los duros movimientos sufridos por la pandemia.

Ruiz Molina ha recalcado que, según consta en los informes del Tribunal de Cuentas, organismo que auditó la documentación, se produjo una rendición de cuentas en tiempo y forma, cumpliendo los principios contables, con la máxima transparencia, y con los procedimientos y gestión presupuestaria acordes con los principios y normas contables.

En este sentido ha destacado el "enorme esfuerzo" por contener el déficit tras los recortes de la administración Cospedal, y el hecho de que Castilla-La Mancha ha sido la tercera comunidad autónoma que más ha reducido la deuda en relación con su Producto Interior Bruto. Asimismo, ha puesto el acento en el alto grado de ejecución presupuestaria reconocido por el órgano fiscalizador, que alcanzó el 93%, y todo ello, a su juicio, "solventando las tensiones de tesorería con remanentes negativos elevados" tras el Gobierno de Cospedal.

En los mismos términos se ha pronunciado el ponente designado para la defensa del dictamen de la Comisión de Economía, el socialista Fernando Mora, quien ha destacado que el Tribunal de Cuentas ha concluido que la gestión fue realizada con "corrección y sin infracciones", en buena medida gracias al "gran trabajo" de la Intervención General y del cuerpo de interventores de Castilla-La Mancha, "que tuvieron que hacer frente a miles de documentos y cientos de licitaciones".

No lo han visto así los grupos de oposición de Vox y del Partido Popular. Por parte de Vox, el diputado Francisco José Cobo ha criticado la "opacidad" en una rendición de cuentas que cae en el "anacronismo y la falta de funcionalidad", toda vez, ha defendido, que se están debatiendo ahora cuentas elaboradas en el ejercicio 2016, al tiempo que ha arremetido contra lo que considera una administración precaria, con incumplimientos de la regla de gasto, aumento de la deuda pública, abusos en las modificaciones de crédito y fondos de contingencia, o aumento de la deuda financiera.

El dictamen de las cuentas tampoco cuenta con el visto bueno del PP. El diputado Santiago Serrano ha lamentado la "falta de respeto" que supone someter a un debate de "cinco minutos" hasta cinco cuentas generales "de golpe", y ha destacado, en todo caso, que estas cuentas resumen una manera de gestionar marcada por el "déficit y la deuda", al tiempo que evidencian la "desastrosa" gestión de entidades como la Fundación Impulsa o Geacam. En este contexto, ha cuantificado en 144 los expedientes de infracciones registrados por un importe de 53 millones de euros y en 2.675 los expediente de modificación de crédito por valor de 3.500 millones de euros.

De su lado, el portavoz del grupo parlamentario socialista, Fernando Mora, ha defendido que el Gobierno regional en todo momento cumplió los plazos de presentación de las cuentas, y que los tiempos han venido marcados por los plazos con los que trabaja un Tribunal de Cuentas "saturado". En todo caso ha concluido señalando que con el dictamen del periodo 2016-2020 acaba una etapa y se abre otra nueva, de la mano tras la creación de la nueva Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha, que se presentará como una administración "más ágil, cercana, versátil y transparente".

OTROS ASUNTOS DEL PLENO

En otro orden, el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha dado el visto bueno también con los votos de los tres grupos parlamentarios a una PNL presentada por el Grupo Popular sobre la gratuidad de la autopista R-5 durante el periodo de tiempo en el que duren las obras de soterramiento de la autovía A-5 “para mitigar los efectos que estos trabajos tendrán en la movilidad de miles de castellanomanchegos”, con un coste que proponen que asuma el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

El primer punto del orden del día ha consistido en el debate de la ‘Proposición de Ley de apoyo y asistencia a las víctimas del terrorismo de Castilla-La Mancha’, impulsada por el Grupo de Vox, y que en la ronda de votaciones ha caído, al haber obtenido el respaldo de 15 escaños -también del PP- y la oposición de los 17 del PSOE. De este modo, queda frenada la tramitación de esta iniciativa legislativa en el Parlamento Autonómico.

El orden del día de este jueves ha incluido también un debate general sobre la política general del Gobierno Regional en relación con la atención a personas con discapacidad, un punto que acumulaba una interpelación del Grupo Popular y un debate general del PSOE sobre el mismo asunto, en el que ha intervenido la consejera de Bienestar Social, Bárbara García-Torijano.

Este debate se ha saldado con la aprobación de una resolución del Grupo Socialista en la que se pide al Ejecutivo Regional que continúe reforzando los recursos y servicios de atención a personas con discapacidad, tanto en centros públicos como de entidades privadas; a la vez que reclama al Gobierno de España que “articule mecanismos para agilizar el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad tras la entrada en vigor del nuevo baremo operado” por Real Decreto.

Ya en el bloque de control al Gobierno, la oposición ha formulado preguntas orales sobre “las medidas concretas que tiene previsto llevar a cabo el Gobierno Regional con el fin de fomentar el autoempleo en la región” y sobre “la situación asistencial del complejo hospitalario universitario de Albacete”, en el caso del PP, y relativa a “las medidas para garantizar que todas las familias de la región tengan acceso a una vivienda digna y adecuada”, en el caso de Vox. Estas cuestiones han sido respondidas por la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y el consejero de Fomento, Nacho Hernando.