Las Cortes regionales han aprobado, con la mayoría absoluta del PSOE, la abstención de Cs y el voto en contra del PP, el proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha.
Durante su intervención en el pleno del parlamento autonómico que se ha celebrado este jueves, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha explicado que esta norma, conocida comúnmente como ley de acompañamiento, tiene como principal finalidad regular "un paquete de medidas" para incrementar la eficacia y la eficiencia de la Administración y mejorar la gestión tributaria.
Entre las relativas a las de naturaleza administrativa, ha citado la modificación de la ley de creación del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha para que esté adscrito siempre a una consejería con competencias en materia de igualdad o, en su ausencia, a la Presidencia de la Junta.
Asimismo, ha indicado que se modifica la ley de servicios sociales para incluir la creación del observatorio de servicios sociales y dependencia.
Por otra parte, ha resaltado que las medidas de naturaleza tributaria están encaminadas a mejorar la gestión de impuestos en el ámbito de las comunidades autónomas.
Además, el consejero ha hecho hincapié en que esta ley cuenta con tres disposiciones adicionales entre las que ha destacado la exención del requisito de nacionalidad para el acceso a la condición de personal estatutario.
Y ha añadido que el texto se ha "enriquecido" con las enmiendas que ha presentado el grupo parlamentario socialista, entre las que ha resaltado las encaminadas a mejorar el acceso de las personas con discapacidad intelectual a la Función Pública o a la consolidación de grado de los empleados públicos que acceden a la condición de cargo público.
Una enmienda con la que, según Ruiz Molina, se pretende promover la profesionalización de los puestos directivos de la Administración regional y que esta semana ha recibido, a su juicio, "críticas injustas" por parte de los sindicatos y de la oposición.
Por su parte, la diputada del PP Ana Guarinos ha denunciado la "tropelía" que, en su opinión, se está intentando hacer con los empleados públicos y ha pedido la retirada de la que ha calificado como "la enmienda de la vergüenza", de la que ha dicho que es "una cacicada que Page ha incluido para que los altos cargos afines al PSOE le estén eternamente agradecidos".
En defensa del dictamen de la ley, el presidente del grupo socialista en las Cortes, Fernando Mora, ha defendido la importancia de la ley porque, entre otros asuntos, facilita que las personas sin nacionalidad española puedan ser personal sanitario, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades para cubrir determinadas especialidades.
También reconoce el grado de enfermería para desempeñar "algunas tareas importantes en la administración del Sescam" y recoge que las empresas que hayan sido sancionadas por incumplir la ley de igualdad no podrán recibir ayudas de la administración pública.
Y ha lamentado que todo el debate se reduzca a la incorporación de la enmienda que consolida el grado a los altos cargos, algo con lo que "quieren hacer un escándalo, pero aquí no hay escándalo para nadie", al tiempo que ha recordado que el Gobierno regional que presidió María Dolores de Cospedal rebajó el sueldo de los funcionarios un 3 % y suprimió los días de asuntos propios con una proposición de ley, que tampoco pasó por el Consejo Consultivo, uno de los puntos que se afea a la medida.
Por su parte, el diputado de Cs en las Cortes David Muñoz ha afirmado que algunos aspectos de la ley, como el avance en la participación de las personas con discapacidad intelectual en los procesos selectivos, les parece bien.
Sin embargo, también ha comentado la consolidación del grado para los altos cargos que vuelvan a su puesto en la Administración pública y ha señalado que "saben que tiene mala prensa y por eso no lo han querido pasar como proyecto de ley, ni por el consejo consultivo ni por la mesa de negociación" con los sindicatos y, si bien no se ha mostrado contrario a la consolidación de grado, ha incidido en que era necesario un debate porque "ningún derecho sin una responsabilidad".
Tras la aprobación de esta ley, el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, se ha despedido de los parlamentarios hasta después de las fiestas de Navidad agradeciendo a los diputados su esfuerzo y representación de la ciudadanía de Castilla-La Mancha.
