La Fiscalía Anticorrupción ha pedido investigar al expresidente valenciano Francisco Camps por Gürtel tras las declaraciones en el juicio por la financiación ilegal del PP valenciano del ex secretario general del partido Ricardo Costa y de otros acusados que le acusaron de crear ese sistema corrupto.
Anticorrupción trata así de que se impute a Camps en el caso Gürtel por un presunto delito de prevaricación referido a una adjudicación irregular de fecha 30 de diciembre de 2008 y que no habría prescrito.
Para ello, Anticorrupción ha pedido a la sección segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional reenviar la pieza denominada "Valencia 5", sobre las contrataciones de la Generalitat con la trama y que está pendiente de juicio, al juez del caso Gürtel, José de la Mata, para que la reabra con el objeto de investigar a Camps en relación a un presunto delito de prevaricación.
La pieza "Valencia 5", según recuerda la Fiscalía en una nota de prensa, "se refiere íntegramente a adjudicaciones irregulares por parte de diversas consellerías y sociedades públicas valencianas" y en algunos casos, como el de la directora de Promoción Institucional de la Generalitat Valenciana, los hechos se califican como delito de prevaricación.
Dicho cargo, explica la Fiscalía en su nota, dependía directamente de la Presidencia del Gobierno Valenciano, que ostentaba entonces Camps, por lo que considera posible investigarle por un posible delito de prevaricación en relación a la citada adjudicación de 2008.
Dado que la pieza "Valencia 5" se encuentra todavía pendiente del señalamiento del juicio oral, la Fiscalía cree que procede reabrir la instrucción y poder investigar las eventuales indicaciones que la acusada en dicho apartado podría haber recibido de sus superiores últimos para adjudicar la contratación en los términos en que lo hizo.
Para la elaboración del referido escrito, la Fiscalía se ha basado en la declaración que prestó en el juicio a la rama valenciana de Gürtel del exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa y de otros implicados como los cabecillas de Gürtel Francisco Correa y Pablo Crespo, y Álvaro Pérez, El Bigotes, que señalaron directamente a Camps como responsable de la financiación ilegal del PP valenciano.
A ello añade también las conversaciones telefónicas intervenidas judicialmente entre agosto de 2008 y febrero de 2009 en plena investigación de la trama Gürtel y diversos correos electrónicos intervenidos en la sede de Orange Market, de la que era responsable El Bigotes.
El juicio por la financiación irregular del PP valenciano se centró en actos de las campañas de las autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 que fueron costeados por empresarios y que para Camps estarían ya prescritos al haber transcurrido ya diez años sin haber sido investigados.
En el juicio por la financiación irregular, Ricardo Costa, que ha sido condenado a 4 años de cárcel por estos hechos, llegó a asegurar que Camps encargó complementos (fuegos artificiales y una banda de música) en actos de campaña a los que acudió el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por valor de 120.000 euros, que corrieron a cargo de empresarios.
Sin embargo, Costa trató de desvincular a la dirección nacional de toda responsabilidad en el caso. "No está permitido (...) Sería un Filesa II", aseguró que le dijo el extesorero Luis Bárcenas cuando Costa le contó la práctica de pagos irregulares -según él- orquestada por Camps.
Con esta declaración, el que fuera secretario general de la formación se convirtió en el primer político acusado en Gürtel que ha reconocido la financiación ilegal del PP.
RESPUESTA DE CAMPS A LA DECISIÓN
Tras la decisión de la Fiscalía, el expresident de la Generalitat Francisco Camps considera que, si finalmente es imputado esa acusación se basará en "especulaciones sin fundamento".
Camps, en un escrito remitido a Efe, ha señalado que, si la Audiencia Nacional decide imputarle sería una imputación más, "sin una prueba fehaciente, sin un indicio solido, basándose en especulaciones sin fundamento".
El expresident, que lamenta haber conocido la intención de la Fiscalía por los medios de comunicación antes incluso de que esa petición se hubiera realizado, destaca que hace unas semanas estuvo citado como testigo en la Audiencia Nacional en la causa sobre la financiación.
Indica que la prevaricación y la malversación "tienen que definirse en su concreto objeto y cantidad". Y además de "volver a negar éste y otros ilícitos, sería necesario señalar qué contrato público fue adjudicado irregularmente" por él o qué contrato obligó a adjudicar, a quién, por qué se adjudicó ilícitamente, a qué montante exacto asciende la malversación y a quién benefició.
Camps afirma igualmente que, al inicio de la causa de los trajes, "Anticorrupción insistió al TSJ para que uniese a aquella causa más actos delictivos, estos mismos y otros, y el TSJ se negó constantemente ante la inexistencia de indicios, según obra en autos".
Añade que "ha habido instrucciones en diversos juzgados y causas y en ninguna de ellas" ha aparecido su nombre, pese a que la fiscalía ha preguntado por él "a investigados y testigos".
En la misma línea asegura que el 26 de mayo de 2009, y "con la Fiscalía Anticorrupción presente, el TSJ llamó de manera urgente" a 37 altos cargos de su gobierno como testigos "y nadie dijo haber recibido" instrucción alguna por su parte sobre contratos "nunca".
Por último, destaca en su escrito que su patrimonio es "exactamente el mismo que antes de ser presidente", y que es "el primer acusado de corrupción al que la Fiscalía o la judicatura nunca ha pedido su estado patrimonial, de cuentas o sus movimientos".
