La AN condena a 52 años a Correa; 33 a Bárcenas, 15 a su mujer y multa al PP por Gürtel

- La sentencia cuenta con el voto particular del magistrado Hurtado que se opone a la condena del PP como partícipe a título lucrativo.

- El PP y el Gobierno minimizan la condena de Gürtel y Ciudadanos amenaza con retirar su apoyo.

La AN condena a 52 años a Correa; 33 a Bárcenas, 15 a su mujer y multa al PP por Gürtel
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Nueve años después de que estallara el caso Gürtel, la Audiencia Nacional ha dictado sentencia por la pieza central de la trama, lo que ha supuesto la primera condena para el extesorero Luis Bárcenas (33 años) y para el PP, en su caso por lucrarse de los beneficios de la red de Francisco Correa, sobre el que ha recaído la máxima pena (51 años).

Según la sentencia, de 1.687 folios, la red Gürtel tejió "una estructura de colaboración estable con el PP" para la prestación de servicios y, "en paralelo", creó "un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local".

Para ello Correa, que tenía total libertad de movimientos en la sede del partido, en la madrileña calle Génova, entabló relación con "influyentes militantes", entre ellos Bárcenas, condenado a 33 años y 4 meses de cárcel y multa de 44 millones de euros como "pieza fundamental" de la trama, o Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo y que también fue miembro del Comité Ejecutivo Nacional y Secretario Nacional del Área Electoral.

La sentencia da también por "plenamente acreditada" la contabilidad B del partido desde 1989, por lo que cuestiona la credibilidad, entre otros, del testimonio que prestó el presidente del Gobierno Mariano Rajoy en el juicio cuando dijo no tener constancia de su existencia y calificar de "absolutamente falsos" los famosos papeles de Bárcenas.

Para la Sala, su testimonio, al igual que el que ofrecieron los ex secretarios generales del PP, "no es suficientemente verosímil para rebatir la contundente prueba existente sobre la caja B del partido".

Una de esas contundentes pruebas la encuentra el tribunal en el propio Bárcenas, que en el juicio habló de "contabilidad extracontable" en el partido y que, según la sentencia, nutrió sus cuentas en Suiza, donde llegó a acumular 48,2 millones de euros, con las comisiones obtenidas por su intermediación en adjudicaciones y del dinero que se cree que sustrajo de la caja B.

Por ello y pese a que el PP renunció a cualquier reclamación, la sentencia también le condena por esa apropiación indebida, y a su mujer Rosalía Iglesias, por actuar en connivencia con él y por ayudarle a ocultar esos fondos, también la condena a 14 años de prisión, por lo que ambos tendrán que ingresar en la cárcel.

Pero la condena al partido como responsable civil a título lucrativo al pago de 245.492 euros, cantidad que ya dejó consignada antes del juicio, no es por su caja B, que será juzgada en otro procedimiento, sino por los beneficios que obtuvo de la trama a través de sus exalcaldes en Pozuelo y Majadahonda, Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega, condenados respectivamente a 14 y 38 años de cárcel.

Por lucrarse también de los regalos de Gürtel a sus maridos, la Audiencia ha condenado como partícipes a título lucrativo a la exmujer de Sepúlveda y exministra de Sanidad, Ana Mato, al pago de 27.857 euros, así como a la de Ortega, Gema Matamoros, que debe abonar 45.066 euros.

No duda la Sala en afirmar que los negocios corruptos de la red "produjeron beneficios económicos cuantificables al PP, consistentes en la financiación ilegal de actividades y diversos actos políticos realizados en campañas y precampañas electorales para sus candidatos" en Pozuelo y Majadahonda.

Considera que "el conocimiento por parte del PP y el aprovechamiento de las cantidades como ayuda al partido quedan absolutamente claras" pues sus responsables "sabían cómo se financiaban las elecciones", en este caso de Majadahonda y Pozuelo, y "negarlo es ir no solo contra las evidencias puestas de manifiesto sino en contra de toda lógica".

En este punto, sin embargo, no han estado de acuerdo los tres jueces que componen el tribunal en tanto que su presidente, Ángel Hurtado, que ya se opuso a llamar a declarar como testigo a Rajoy, ha emitido un voto particular discrepante a la sentencia en el que hace suyas las alegaciones que el abogado del PP esgrimió en el juicio.

No suscribe Hurtado que el PP, que a su juicio desconocía los hechos delictivos, se haya lucrado con la red corrupta, sino que en todo caso serían los exalcaldes Ortega y Sepúlveda, que actuaron a "espaldas" del partido.

Entre los doce políticos condenados figura también José Luis Peñas, el exconcejal del PP de Majadahonda que destapó el caso y aportó grabaciones que desvelaron la forma de actuar de la trama, que ha sido sentenciado a 4 años y 9 meses de prisión, y el exconsejero madrileño Alberto López Viejo, sobre el que ha recaído una de las mayores penas: 31 años y 9 meses de cárcel, mientras que su mujer, Teresa Gabarra, ha sido condenada a 4 años.

De los 37 acusados, 8 han sido absueltos, entre ellos uno de los habitualmente considerados cabecillas de la trama, Álvaro Pérez, El Bigotes, a quien el tribunal exime de responsabilidad al no considerar acreditado que realizase pagos destinados a sobornar a alcaldes u otros implicados en la trama.

Tras conocer la sentencia, en la que las condenas ascienden a 351 años de prisión por hasta 165 delitos, la Fiscalía ha pedido que se celebre una vistilla en la que reclamará medidas cautelares, como el ingreso inmediato en prisión, para 16 de los condenados, entre ellos Luis Bárcenas.

REACCIONES TRAS LA SENTENCIA

Tras conocerse la sentencia, el PP y el Gobierno han minimizado la misma y han insistido en desligarse de los condenados, mientras su principal socio, Ciudadanos, ha advertido de que se replanteará su apoyo en esta legislatura.

El PSOE ha convocado para este viernes una reunión extraordinaria de la Comisión Ejecutiva Federal para analizar la situación política tras la sentencia, mientras que Podemos ha pedido al líder de los socialistas, Pedro Sánchez, que presente una moción de censura contra Mariano Rajoy.

El PP hacía público un comunicado para anunciar que recurrirá este fallo que le obliga a pagar, como partícipe a título lucrativo, más de 245.000 euros, y el coordinador general de los 'populares', Fernando Martínez-Maíllo, calificaba incluso de "equivocada y errónea" la sentencia.

El Ejecutivo, por su parte, ha subrayado que los hechos a los que se refiere la sentencia no le "afectan en modo alguno" y destaca que "nadie en la dirección del PP, ni en la actual ni en las anteriores, conoció y menos aún amparó ninguna práctica irregular".

En todo momento han argumentado los populares que el partido no ha recibido una condena penal y que la propia figura de responsable lucrativo admite que el PP desconocía los hechos.

Además han valorado el voto particular que abogaba por no condenar al PP para mostrar su convencimiento de que el partido será exculpado en segunda instancia.

Frente a la reacción de la oposición, que ha vuelto a pedir a Rajoy que asuma su responsabilidad en este caso, el PP ha insistido en recordar que los hechos juzgados se produjeron en 2003, cuando el jefe del Ejecutivo aún no era líder del partido, y solo en dos de los más de 8.000 ayuntamientos que tiene España.

Además, los populares no han escondido su enfado por la reacción de su socio de Gobierno, Ciudadanos, tras escuchar al líder de este partido, Albert Rivera, anunciar que se replanteará su apoyo al Ejecutivo tras esta sentencia.

La de Rivera ha sido una de las primeras reacciones de esta jornada. Ha comparecido en el Congreso para advertir de que el partido estudiará qué hacer el resto de la legislatura tras esta sentencia que coloca al Ejecutivo y a España, ha dicho, en una situación "tan grave".

Así, un día después de que su partido apoyase los presupuestos, ha insistido en que este fallo judicial "lo cambia todo" y a quienes pensaban que con las cuentas del Estado aprobadas Rajoy podría acabar la legislatura, les ha dicho: "Eso no es así".

La Ejecutiva nacional de Cs analizará el 11 de junio la situación tras la sentencia, aunque no se descarta que la reunión se adelante dada la "gravedad" de los hechos.

Por esta advertencia se ha llevado Rivera el duro reproche de Maíllo y otros dirigentes como Rafael Hernando, que le acusaban de querer aprovecharse de la situación "por unos votos".

Mientras, al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, estas declaraciones de Rivera le han parecido una "desvergüenza absoluta" después de que ayer votara a favor de los presupuestos de Rajoy.

"Que nadie se equivoque, el PP gobierna gracias a Cs, decir PP y Cs es lo mismo, decir M.Rajoy y Rivera es lo mismo", ha dicho Iglesias después de aprovechar para pedir al PSOE que presente una moción de censura porque ninguna democracia se puede permitir tener en el Gobierno a "un partido delincuente".

Iglesias cree que es a Pedro Sánchez, que tiene más diputados, a quien corresponde presentar esta vez una moción de censura, y que "no se explicaría" que estuvieran dispuestos a hacerlo en la Comunidad de Madrid contra Cifuentes y no la presenten contra Rajoy en el Congreso, donde podría salir con el apoyo de los independentistas.

Sánchez no ha comparecido hoy ante los medios de comunicación para valorar la sentencia y sus consecuencias pero el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha convocado mañana una reunión extraordinaria de la Comisión Ejecutiva Federal del partido para analizar la situación política.

De momento, según han informado fuentes socialistas, el PSOE ha considerado "inaceptable" la respuesta del PP y del Gobierno a la sentencia, ya que en su opinión implica "políticamente" a Rajoy.

El portavoz del PSOE, Oscar Puente, ha calificado al PP de "partido antisistema" porque "en vez de apartar al corrupto, busca generalizar el problema y decir que todos son iguales".

Y la presidenta andaluza, Susana Díaz, ha dicho que la sentencia le parece "brutal, bestial y lamentable" para España.

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