El dictamen emitido por el Consejo de Estado avala por unanimidad los doce Planes Hidrológicos de cuenca pero alerta al Gobierno de "falta de coordinación", lo que puede provocar una afección relevante en el trasvase Tajo–Segura.
El dictamen, al que ha tenido acceso EFE y que ya está en estudio por los juristas del Ministerio para la Transición Ecológica, urge de manera "imprescindible" coordinar los planes hidrológicos de ambas cuencas y establecer "criterios técnicos y metodologías más detallados para la determinación de los caudales ecológicos".
En el citado dictamen, sobre el proyecto de Real Decreto para regular las cuencas hidrográficas españolas, se señala que el plan del Tajo ha fijado caudales ecológicos para casi todas sus masas de agua, mejorando significativamente las previsiones que a este respecto establecía el plan del ciclo anterior y acomodándolo a lo exigido por la jurisprudencia.
De esta manera, la propuesta del Gobierno contempla que el caudal ecológico a su paso por Aranjuez (Madrid) suba a de seis a siete metros cúbicos por segundo desde el 1 de enero de 2023, que pase a ser de ocho desde 2026 y que se eleve a 8,65 en 2027.
Para la comunidades del Levante afectadas (Región Murcia, Andalucía y Comunidad Valenciana) dicha propuesta del Ejecutivo podría suponer para el 2027 una importante reducción del agua que reciben anualmente.
El Consejo señala que la satisfacción del interés general demanda que el régimen de caudales ecológicos, completo y vinculante, que el plan del Tajo tiene necesariamente que establecer, se haga compatible con un elemento de la planificación hidrológica nacional como el del trasvase mediante el acueducto del Tajo-Segura.
El consejo también advierte de que la disposición adicional novena no cumpla adecuadamente la función coordinadora para la que fue concebida sobre el escalonamiento sucesivo del régimen de caudales ecológicos de la cuenca del Tajo, una cuestión controvertida.
En su versión actual, dicha disposición no condiciona su aplicación a los resultados del programa especial de seguimiento sino que se producirá de manera automática, llegado el correspondiente horizonte temporal, progresivo, con independencia del estado ambiental de las aguas que el programa ponga de relieve.
Sin embargo, a juicio del Alto Cuerpo Consultivo, resulta evidente que en la redacción sometida a dictamen de este Consejo la práctica de esta disposición será limitada, porque opta por postergar tal coordinación a un momento ulterior en el tiempo.
Además, porque, a diferencia del texto inicialmente presentado al Consejo Nacional del Agua, no delimita con rigor y precisión el significado y alcance de los programas de seguimiento, que siguen enunciados pero sin precisar ni regular cuáles serían las consecuencias de sus resultados.
Este Consejo considera que sería necesario arbitrar un mecanismo eficaz para la coordinación de los planes hidrológicos de las cuencas del Tajo y del Segura, entre sí y en relación con la normativa reguladora del trasvase.
El informe del Consejo de Estado con los comentarios realizados por los consejeros ya está en el Ministerio para la Transición Ecológica, donde los servicios jurídicos analizarán el dictamen antes de la remisión al Consejo de Ministros de los planes de la cuenca para el tercer ciclo de planificación 2022-2027, para su aprobación definitiva.
Posteriormente serán comunicados a la Comisión Europea, aunque con retraso, ya que España debía haberlo hecho antes de finalizar 2022.
REACCIONES CONTRADICTORIAS AL DICTAMEN
Este informe elaborado por el Consejo de Estado en el que se analiza el Proyecto de Real Decreto del Gobierno para revisar los planes hidrológicos, incluyendo la implantación del caudal ecológico que afectará al trasvase Tajo-Segura, ha suscitado reacciones contradictorias y el anuncio de nuevas movilizaciones la próxima semana en Madrid.
Así, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, se ha mostrado convencido de que el documento recoge las alegaciones presentadas por su ejecutivo en el sentido de que no existen criterios objetivos y científicos que avalen el recorte previsto para el trasvase, y ha advertido de que las incompatibilidades entre el plan del Tajo y el del Segura impedirán, en su opinión, aplicarlos simultáneamente.
La evaluación oficial de su ejecutivo autonómico ha insistido en la coincidencia de su posición con la del Consejo de Estado en puntos como la necesidad de atender al interés general y coordinar los planes hidrológicos de las cuencas cedente y receptora, la ausencia de criterios técnicos a la hora de fijar el caudal ecológico o la "falta de claridad y transparencia del Consejo Nacional del Agua" que ha llevado a cabo "modificaciones sustanciales de los documentos durante el proceso de información y tramitación" sin informar de ellas.
El Consejo de Estado proporciona, según López Miras, una "justificación" al presidente del Gobierno Pedro Sánchez "para no recortar por motivos políticos el trasvase" y, si finalmente lo hace, será “definitivamente por una cuestión política y sectaria”.
En el mismo sentido, la portavoz del Gobierno valenciano, Aitana Mas, ha afirmado este viernes que su postura ha quedado "reforzada y avalada" por el dictamen, por lo que van a incrementar "la intensidad y la fuerza" para reclamar modificaciones y que haya diálogo "sí o sí".
La vicepresidenta valenciana ha destacado algunos puntos del dictamen, como la parte que habla de una "falta de coordinación" entre los planes hidrológicos del Tajo y del Segura, que el proyecto de real decreto "no solventa" y que puede provocar una "afección relevante" al trasvase, o "una cierta falta de transparencia" en la votación que se hizo en el Consejo Nacional del Agua.
El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha calificado el dictamen como "un buen inicio de recorrido" y ha recordado al Gobierno central que "no puede ser equidistante" de las necesidades de una región y otra, porque todas tienen "demandas objetivas" y se necesita que "se venza cualquier tribalismo, fundamentalismo o apropiación indebida".
"Defender los intereses de los regantes, de Alicante y de Murcia es también defender los intereses de España", ha advertido Puig, que quiere abordar el problema "desde la racionalidad y no desde el patrioterismo".
En Castilla-La Mancha, su presidente Emiliano García-Page también se ha felicitado por que el Consejo de Estado haya aprobado de forma unánime el dictamen sobre los planes de cuenca que recoge la creación de los caudales ecológicos incluido el del Tajo y ha defendido que esa creación "no es un tema político, sino legal".
García-Page ha recordado que su ejecutivo ha recurrido a los tribunales todos los trasvases autorizados del Tajo al Segura con "constancia, cabezonería y argumentos" y ha ido acumulando resoluciones judiciales favorables hasta llegar al Tribunal Supremo, que en cinco ocasiones ha dictado sentencias que exigen la fijación de ese caudal ecológico.
"No es una decisión caprichosa tomada por una voluntad política" sino "estrictamente legal", porque "no queda más remedio que cumplir las sentencias".
En Andalucía, la Mesa del Agua de Almería ha lamentado "profundamente" la situación y, según Fernando Rubio, uno de sus miembros, "lo que ha hecho el Consejo de Estado es aprobar la pérdida de 15.000 empleos y unas pérdidas económicas de casi 5.700 millones de euros en nuestra provincia, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana".
"Todos los informes técnicos independientes avalan el cauda actual", ha recordado Rubio, quien alerta de que este "disparate" supondrá "un recorte del 50 % de los caudales que se venían recibiendo desde hace más de cuarenta años en Almería", con el resultado de que el agua "va a ir al mar, sin que se beneficien ni los regantes de la cuenca del Tajo, ni los abastecimientos, ni el hábitat del río".
Con este panorama, el Consejo de Ministros podría aprobar previsiblemente los planes de cuenca el próximo martes 24 de enero, el mismo día que los regantes alicantinos han convocado una nueva concentración de protesta ante el Palacio de Moncloa.
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha asegurado que el Gobierno está comprometido con "garantizar el agua en todos los sentidos, en todos los usos, incluido la agricultura".
Rodríguez, que ha visitado este viernes la localidad ciudadrealeña de Tomelloso, a preguntas de los periodistas ha incidido en la importancia del cambio climático porque “ su afectación al agua, a la sequía, es una realidad” .
Al respecto ha subrayado que abordan esta cuestión desde el punto de vista medioambiental, “garantizando los caudales ecológicos necesarios para el mantenimiento de la flora y la fauna de los entornos de los ríos, pero también pensando en los sectores económicos afectados por el agua como la agricultura”.
Un sector, ha dicho, al que apoyan con “decretos especiales de sequía o con grandes inversiones en infraestructuras, como en el Levante, con la desaladora de agua del mar “.
Rodríguez también ha resaltado que el Gobierno además está trabajando en la cuenca del Segura con importantes inversiones ya planificadas, “algunas con Presupuestos Generales del Estado y con los fondos de recuperación, que están permitiendo a España hacer grandes inversiones hidrológicas.
