Las Cortes de Castilla-La Mancha han acogido este jueves un debate general sobre prevención de riesgos laborales en el que ninguna de las resoluciones presentadas por PP, Podemos y PSOE han encontrado el favor de la mayoría de la Cámara y no han visto luz verde.
Podemos solicitaba al Parlamento apoyo para instar al Gobierno de España a derogar la reforma laboral vigente "que precariza el empleo y aumenta la siniestralidad" y constituir a través del diálogo con agentes sociales un Instituto de Seguridad Laboral con recursos humanos adecuados para garantizar la seguridad laboral, propuesta que ha recibido los votos en contra de PP PSOE.
De su lado, el Grupo Socialista solicitaba apoyo a los diputados regionales para instar al Estado a derogar la reforma laboral, conseguir normas "más equilibradas" para proteger a los trabajadores, intensificar relaciones con las empresas para erradicar la siniestralidad y sumar a colectivos y asociaciones al Plan Estratégico de Prevención del Gobierno autonómico, propuesta ante la que Podemos se ha abstenido y que los votos del PP han tumbado.
Los 'populares', por su parte, querían pedir a la Junta a través de las Cortes que se ejecuten las partidas presupuestarias destinadas a prevención al cien por cien y distintos planes de impulso a estas políticas con más de 5,5 millones de euros, intención que ha cosechado los votos en contra de PSOE y Podemos y no ha sido aprobada.
FRANCO DEFIENDE SU GESTIÓN ANTE LA "PASIVIDAD" DEL PP
La consejera de Empleo, Economía y Empresas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, ha defendido las actuaciones de su departamento en materia de riesgos laborales, asegurando que se ha incrementado la actividad inspectora en un 25% en el último semestre y se ha puesto en marcha un Plan de Prevención con 5 ejes y 148 medidas a través de 26 millones de euros.
Ha explicado que se intensificará la coordinación empresarial para favorecer el intercambio de información y se crearán grupos de trabajo de vigilancia, "además de estudiar la evolución" de los datos.
"La siniestralidad laboral es un problema social. El coste es enorme, un 4% del PIB. La solución no es echarnos las cifras a la cara, sino favorecer conductas necesarias en las que se impliquen todos", ha exhortado.
Franco ha ofrecido datos para denunciar la "pasividad" del PP en la gestión de riesgos laborales, asegurando que la siniestralidad bajaba en la región hasta 2012, con un Gobierno del PP, cuando empieza a crecer "con notoriedad". Así, ha dicho que hasta 2012 se logró reducir la diferencia con respecto al estado en 12 puntos, momento a partir del cual "se nota un repunte".
"Este punto de inflexión se puede observar si analizamos el índice de frecuencia entre el número de accidentes de trabajo por horas trabajadas. Hasta 2012, reducimos este índice más de un 50%", ha alegado, aseverando que este dato también se elevó cuando llegó el PP.
Ha recordado que en 2004 la región fue la primera que creó una Dirección General con competencias exclusivas en riesgos laborales; y en 2008 se firmó un acuerdo estratégico para dar continuidad a las políticas preventivas con 41 millones de euros de presupuesto.
La buena tendencia, a su juicio, se tuerce con la llegada de los gobiernos del PP a Fuensalida y a La Moncloa, ya que "llevaron a cabo una política de reducción de personal y de disminución de créditos en prevención".
PODEMOS PROPONE CONTROLES EXTERNOS
El diputado de Podemos David Llorente, que ha achacado a la "crisis capitalista" el aumento de la siniestralidad laboral desde la reforma laboral del PP, ha dicho que el aumento de la siniestralidad arranca en la región en 2012, y en 2014 ya era la tercera comunidad autónoma en siniestralidad laboral. "Actualmente somos la segunda, y Guadalajara es la provincia con mayor siniestralidad laboral, la única en todo el país en el que se superan los 5.000 trabajadores siniestrados por cada 100.000".
Ha considerado que "la ausencia de avances" en esta legislatura, la falta de inversión y "los recortes" del mandato pasado "han llevado a los trabajadores a una situación de máxima vulnerabilidad".
Para minimizar la siniestralidad, Llorente ha propuesto "derogar todas las normas que han impedido que todos los colectivos tengan el mismo grado de protección", particularmente las reformas laborales, "que instalan el miedo a perder el empleo, dificultan el ejercicio de derechos y profundizan en la desigualdad".
"Las reformas laborales son incompatibles con la ley de Prevención y con el resto de normativa existente", ha afirmado, añadiendo como propuesta "democratizar relaciones laborales".
Esto pasa por "fortalecer" la actividad de los delegados de prevención en los comités de seguridad laboral, ya que "todos los estudios demuestran que el 'efecto sindicato' hace mejorar las condiciones en las empresas con organización sindical". Ha abogado además por un órgano de inspección independiente del Gobierno para que pueda llevar a cabo trabajos de control al margen del poder.
PSOE ACHACA A LA CRISIS LOS MALOS DATOS
De su lado, el diputado del PSOE Fernando Mora ha pedido que este problema "no resulte indiferente" a ningún sector de la sociedad. Por ello, ha abogado por actualizar la legislación vigente, ya que ésta cuenta "con 20 años de antigüedad", tras lo que ha recordado que las situaciones de crisis "han tenido repercusión negativa" en los datos de siniestralidad.
"Desde la reforma laboral del PP, la accidentalidad sube porque se incorporan trabajadores con escasa formación se seguridad. Casi el 40% de los accidentes laborales pasan a personas que tienen contratos de menos de un año", ha alertado Mora.
Mora ha defendido que el Gobierno regional ha hecho "un esfuerzo continuado y colectivo" que ha de conformar un nuevo escenario que sólo será viable con la suma de fuerzas de todos los sectores.
El plan del Gobierno, según ha dicho, "se dota de mecanismos suficientes para adaptarse" a la nueva realidad laboral. "La Consejería de Empleo está haciendo un importante esfuerzo para atajar el problema, pero esto no es un problema sólo del Gobierno", ha indicado antes de pedir ayuda a todos los sectores.
Considera el diputado socialista que Castilla-La Mancha "tiene que hacer un mayor esfuerzo" porque con el anterior Gobierno "se situó en el penúltimo lugar en el ranking".
PP: "LLEVAN DOS AÑOS SIN DAR EXPLICACIONES"
Por su parte, el diputado del PP Lorenzo Robisco ha indicado que en el último año han sido 35 los fallecimientos en Castilla-La Mancha en el turno de trabajo, tras lo que ha dicho a la consejera del ramo que "lleva dos años haciendo caso omiso y sin dar explicaciones" sobre el problema.
Se ha preguntado por los 26 millones de euros que el Gobierno quiere invertir en un plan de prevención, "plan que no vale nada, menos que la palabra de García-Page". Como partidas concretas de su presupuesto, ha recalcado que para fomentar la seguridad laboran en la construcción, de una partida aprobada de casi 200.000 euros, se ha ejecutado en 2016 "apenas 2.000".
"Le voy a dar más partidas. Incentivos en materia de seguridad laboral: de 152.000 euros, se ha gastado 7.000. No le hago el porcentaje porque es vergonzoso", ha afeado Robisco desde el estrado.
Para Robisco, la primera propuesta es "ejecutar todas las partidas presupuestarias" en materia de riesgos laborales, "una por una". "Si esto no es importante para usted, señora consejera, váyase a su casa, porque la que no es importante es usted", le ha espetado.
