La desigualdad y la insolidaridad amenazan varias regiones de España, y la nuestra, Castilla La Mancha, está entre ellas. Y lo hace, a través de la deriva nacionalista de Cataluña que encabeza CiU desde el gobierno de la Generalitat con el señor Artur Mas como líder del movimiento totalitarista catalán, y la independencia económica que pide Madrid, a través de Ignacio González, principal barón del partido del gobierno de la nación, y líder del discurso “nacionalista” madrileño. Describo así, por ir acuñando términos que definan a esta pareja tan particular unida en intereses. Bueno, pareja unida en el convencimiento de mantenerse a la cabeza del egoísmo defendiendo este con demagogia, en la realidad y el deseo de imponer sus directrices para que la comunidad autónoma rica deje de ser solidaria con las comunidades más pobres. Y para ello, si tienen que atentar contra nuestra Constitución a través de la palabra, lo hacen. Y no solo con la palabra, diría yo.
Y es que las palabras de Artur Mas respecto a Cataluña, así como las de Ignacio González, de igual modo, por Madrid, no hacen mas que ahondar en un discurso simplista, que concede de manera falaz los derechos a los territorios y no a los ciudadanos. Habría que recordar a estos señores que los derechos son de los ciudadanos, no de los territorios. Ni Cataluña ni Madrid pagan impuestos, sino que lo hacen los ciudadanos que habitan en ellos, ya sean estos nacidos en Barcelona, Madrid, Sevilla, Alicante o Albacete. Son ciudadanos que residen en un determinado territorio del estado español, y sus derechos no deben verse mermados o incrementados por el lugar de residencia. Dicho esto, todos residen en España, y a todos les protege el artículo 139 de nuestra Constitución, que dice así: “Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte de territorio del Estado”. Este artículo llevan años pisoteándolo los líderes de los partidos viejos en sus ansias de poder vendidas a los nacionalismos territoriales en forma de apoyos al gobierno español, a cambio, eso sí, de dinero para financiar sus disparates autonómicos. Simplemente dinero. No pactan políticas como sí hace UPyD, por ejemplo, en Asturias. Los partidos viejos pactan ese dinero para malgastarlo, que al fin y al cabo, es lo que nos han demostrado a lo largo de estos más de treinta años de vigencia de nuestra Constitución.
Y en esas estamos. Los gobernantes catalanes han decidido que es preferible gastar el dinero en adoctrinar criaturas en el nacionalismo y el odio a España que en ser solidarios, por ejemplo, con sus vecinos de Aragón. Otrora los depositarios de la corona que regía a los catalanes. A esto se ha sumado Madrid, con su presidente a la cabeza, que parece también preferir gastarse en Juegos Olímpicos y en parafernalias varias, amén de los brutales recortes en sanidad, el dinero de los contribuyentes madrileños antes que afianzar, mediante la solidaridad, regiones vecinas como la nuestra, Castilla La Mancha. Y en esto, debo puntualizar algo. Multitud de contribuyentes madrileños hacen uso de la sanidad, por ejemplo, en las provincias de Toledo o Guadalajara, por diversos motivos, aunque pagan sus impuestos en Madrid, y viceversa. Y esto, que es paradójicamente absurdo con el sistema actual, y que a los viejos partidos como el PP en Madrid, o a los nacionalistas de CiU en Cataluña, quieren emponzoñar desde el radicalismo provinciano o capitalino, no lo sería tanto con la propuesta de UPyD que aboga por una sanidad, educación y justicia con las competencias en manos del estado, y legislada desde el punto de vista de los ciudadanos, no de los territorios ¿Qué puede haber mas igualitario que disponer de los mismos servicios y poder hacer uso de los mismos derechos independientemente del territorio en el que vivas, trabajes o hayas nacido? Además, no es algo que provenga de la lucidez de unos pocos, o sea un invento u opinión propia. Una vez mas, nos podemos remitir a la Constitución Española, votada por todos, incluido los nacionalistas. Al referido anteriormente artículo 139, y al párrafo segundo del artículo anterior, el 138, en el que se afirma claramente que las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales. Bueno, pues hoy día, siguen existiendo dichos privilegios en determinadas Comunidades Autónomas, como País Vasco o Navarra, a nivel económico y de fiscalidad, y los privilegios sociales en el resto, comparando las unas y otras, siguen siendo latentes y base de la desigualdad que existe entre ciudadanos españoles. De esto, parece que Artur Mas, Ignacio González, CiU, PP, e incluso PSOE, que ha podido gobernar muchas legislaturas, ni quieren darse cuenta ni lo han hecho en todos los años de vida de nuestra democracia.
Titulaba el artículo con dos palabras; amenazas e insolidaridades, que hemos ido descubriendo poco a poco con el devenir de la lectura de estas líneas. Amenazas en toda regla como la que lanzaba Artur Mas con rotundidad; “No nos temblará el pulso para que Cataluña logre sus proyectos", afirmó. Pues bien, esto es como un atraco a la democracia. La amenaza velada de independencia si no lograse disponer de la financiación que desea. Al final, todo se reduce, como exponía en anteriores párrafos, a una cuestión de dinero y poder. El gobierno de Rajoy debe tener cuidado con quien negocia. A menudo, negociar con quienes no respetan las leyes, supone ceder para volver a ceder poco después. Aceptar el órdago de una amenaza te acerca a la siguiente, que casi con total seguridad, será mayor y menos tolerante que la predecesora.
A la tesis de apretar las tuercas a la financiación, y por ende, a la solidaridad e igualdad de los españoles en su conjunto, se ha sumado el presidente madrileño, Ignacio González, que ahora se deja caer con lo que llaman algunos iluminados de la política española “limitar la solidaridad” ¿Así se llama ahora a crear desigualdad entre ciudadanos españoles? ¿Ese es el término que viene a heredar el fariseísmo de términos como “la gestión externa” en vez de la realidad que supone la privatización de la sanidad madrileña?Ahora llamamos “limitar la solidaridad” a lo deberíamos llamar incumplir la Constitución (reitero la lectura de los artículos 138 y 139 de nuestra Carta Magna), o lo que es peor, al egoísmo desmedido por tapar los agujeros creados por la mala gestión anterior de los gobernantes en cada Comunidad Autónoma. Pero, tampoco es de extrañar que Ignacio González se crea en poder de la verdad suprema, ya que, la clase política española está copiando el peor de los vicios de la monarquía clásica, que no es otro, que su carácter hereditario. Ignacio González es presidente por herencia de Esperanza Aguirre, no por el voto de los madrileños. Así ocurre con Ana Botella, que heredó el cargo de Gallardón sin someterse a elecciones previas. No es solo el Partido Popular el que ha sufrido este contagio del peor vicio monárquico, sino que en las filas del PSOE, Susana Díaz, relevo de Griñán, también toma el cargo por herencia “dinástica” sin saber que les parece esto a los andaluces. Y es cierto que la democracia legitima estas sucesiones, no es esa la cuestión. Son legítimas, pero ¿del todo éticas? En un momento de crisis como el actual, más que nunca, deberían convocarse elecciones anticipadas en todos esos casos y consultar a los ciudadanos, que andan bastante hartos de que no se cuente con ellos.
Así pues, entre amenazas por la financiación de los dirigentes catalanes, que hablan de derechos históricos, de los homónimos madrileños, que nos venden su alto pago de impuestos y expolio que les supone repartir entre todos los españoles los mismos, y demás fauna política española, podemos decir que Castilla La Mancha, nuestra región, seguro que perderá. Y más aún cuando estamos gobernados por María Dolores de Cospedal, que nos ha preparado una reforma del Estatuto de Autonomía que resta la representatividad de los ciudadanos manchegos. La presidente del gobierno manchego nos intenta vender esta reforma como una eliminación de diputados por su alto coste, desde el populismo más propio de los regímenes totalitarios que desde la realidad concienzuda que dicta una reforma de la ley electoral al respecto. Sólo puntualizaré, porque este es tema de otro debate, que con la actual ley electoral y el reparto de escaños que hace a través de la Ley D´Hondt, si le restamos diputados al parlamento autonómico, le estaremos restando representantes a los ciudadanos que están en minoría, y nunca, a los que alcanzan las cuotas de poder. Como se dice en esta tierra, a buen entendedor pocas palabras bastan. Es la dictadura de las mayorías por imposición de una ley electoral injustísima con los ciudadanos, sobre todo, aquellos de las zonas rurales, que es el caso de nuestra región.
Y concluyo con una reflexión, que tal vez, no tenga del todo que ver con todo lo expuesto, pero que ciertamente, en la España de hoy, la España política que se nos plantea, no está de más mantener a buen recaudo en nuestra conciencia personal. Esta reflexión no es otra que ya no hiciera antes el dramaturgo español Jacinto Benavente, que afirma que lo peor que hacen los malos es obligarnos a dudar de los buenos ¿Qué hay de maldad, entonces, en pedir que todos los españoles seamos iguales en derechos básicos como la educación, la justicia y la sanidad? ¿Acaso no es bueno solicitar que los votos de cualquier ciudadano valgan lo mismo en Castilla La Mancha que en Madrid o Cataluña? Ustedes tienen en su mano la última palabra.
