Una de las cosas que más me ha llamando la atención del juicio que se sigue contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau es la desfachatez y cinismo de éstos queriendo convertir un juicio por desobediencia al Tribunal Constitucional en un juicio por defender sus ideas independentistas. Lo menos que podían ser es más valientes y mostrar un poco de gallardía y no descargar la responsabilidad de la consulta en los "voluntarios". Ahora resulta que los "voluntarios" tenían potestad y medios para abrir colegios electorales, distribuir urnas, hacer recuentos, organizar autobuses, etc, etc.
España es un Estado democrático y de derecho en el que todos podemos defender nuestras ideas dentro de los cauces de la ley. Lo que no podemos es imponerlas por la fuerza o a través de triquiñuelas. De manera que el problema no es que Mas quiera la independencia de Cataluña sino que se salte la legalidad para conseguirla.
Y lo que no se puede es excusar a un político que se salta la ley con el argumento de que se la salta porque hay un "problema político" y ese "problema político" tiene que tener una respuesta política.
Pues mire usted lo primero es que ese político cumpla con la ley y lo segundo es buscar las vías políticas dentro de la legalidad para abordar ese problema. Si los políticos se pueden saltar la ley con la excusa de que lo hacen porque hay un problema político los ciudadanos también nos la podríamos saltar alegando cualquier razón incluso más solvente.
Así que ahora viene la segunda parte y es que hay voces que defienden que la convocatoria ilegal de un referéndum y la desobediencia al Tribunal Constitucional no debe de ser sancionado porque es un problema "político". Bueno pues si eso es así habría que revisar el por qué a los ciudadanos normales se nos caería el pelo si nos atreveríamos a hacer oídos sordos a un requerimiento de un tribunal.
Y luego está la cuestión de fondo y es el desafío a la legalidad por parte de los independentistas catalanes. No dicen que van a trabajar para que se cambien las leyes democráticamente sino que nos anuncian que van a hacer un referéndum para separarse del resto de España porque Cataluña es suya, de su exclusividad. Y se quedan tan anchos.
Bueno pues ante eso, se podrá exigir, y hay que hacerlo, que el presidente Rajoy llame al presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y hablen todo lo que haya que hablar, pero convendrán conmigo que si por mucho que hablen la Generalitat y sus socios continúan empeñados en convocar y convocan el referéndum habrá que aplicarles la ley como a cualesquiera otros ciudadanos. Lo que no puede haber es una ley para los políticos, y otra para los ciudadanos. En democracia todos, absolutamente todos somos iguales ante la ley y el que la incumple sabe que se arriesga a una penalización. Así de simple y así de claro.
