Durante los días 16 al 18 de noviembre se va a celebrar en Toledo el VIII Congreso Nacional de bibliotecas públicas. Esta serie de encuentros profesionales, que organizan conjuntamente el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y las comunidades autónomas, se inició en Valencia, en 2002, y nunca antes de había celebrado en Castilla-La Mancha. Además colaboran la FEMP y fundaciones y asociaciones profesionales de bibliotecas. Más de 500 profesionales se darán cita en el Palacio de Congresos y Exposiciones y, en el caso de algunas actividades, en la propia Biblioteca de Castilla-La Mancha, con un tema central: los espacios bibliotecarios. Se trata de analizar las nuevas tendencias en bibliotecas públicas en relación a los espacios, físicos y virtuales, prestando especial atención a los nuevos usos y servicios que demanda una sociedad cada vez más tecnológica.
Durante el último mes, utilizando foros profesionales y las redes sociales, he analizado los distintos aspectos bibliotecarios en nuestro país reiterando algo que vengo proclamando desde hace décadas: en España existe una grave desigualdad en el acceso a servicios bibliotecarios entre las distintas regiones y localidades al no existir una política de Estado en materia de bibliotecas públicas.
Con la crisis económica y los recortes, en la mayoría de las regiones y en numerosas localidades, las bibliotecas sobreviven a pesar de los escasos recursos gracias a unos profesionales muy comprometidos con su actividad. El conjunto de bibliotecas españolas recibió en 2014 cerca de 109 millones de visitantes (usuarios) y contaban con un número de socios superior a los 16 millones de ciudadanos (un 34,49 % de la población). Sin duda no hay ningún otro servicio que atraiga a un tercio de la población española. Es un dato singular: aunque los presupuestos que se dedican a las bibliotecas disminuyen, sin embargo el número de socios aumenta poderosamente: en 2010 el porcentaje de socios era de 28,72 %, por lo que se ha incrementado en más de cinco puntos. Con la crisis, los ciudadanos utilizan más los servicios bibliotecarios, que son gratuitos, en lugar de acceder a otro tipo de servicios de pago. Además, las bibliotecas están muy bien valoradas por la sociedad. Y otra cuestión: las bibliotecas son centros de libertad: a un centro educativo los ciudadanos van obligados (en estudios obligatorios) e igual ocurre con los usuarios de la sanidad. Pero a las bibliotecas los ciudadanos llegan libremente, gozosamente libres. Por eso, que un tercio de la población española sea socio de una biblioteca pública es un dato esperanzador y que debería hacer reflexionar a los políticos españoles. Son datos mucho más relevantes que los aportados por las distintas encuestas de hábitos culturales sobre lectura de libros, visitas a las bibliotecas… La Biblioteca de Castilla-La Mancha, que desarrolla cerca de 1.500 actividades culturales al año, recibió en 2015 a un total de 315.000 visitantes y cuenta con cerca de 45.000 socios, es decir prácticamente la mitad de la población de la ciudad toledana.
Frente a quienes piensan que las bibliotecas en la era de Internet no son tan necesarias, se equivocan. Cada vez más las bibliotecas tienen un compromiso social que amplía nítidamente sus actividades: junto a los tradicionales servicios de lectura en salas, préstamo, preservación de las colecciones, cuentacuentos, presentaciones de libros…. las bibliotecas constituyen hoy un lugar de encuentro y convivencia, un centro de debate y propuestas ciudadanas, un servicio para la solidaridad y la integración sin barreras de ningún tipo…En suma, las bibliotecas son ahora la puerta democrática para que los ciudadanos accedan a la sociedad del conocimiento, a la cultura, a la educación permanente y a un ocio positivo. Por ello, precisan de recursos tecnológicos, de colecciones en todos los soportes y de unos profesionales que son esenciales para el trabajo mediador y experto en cada una de estos ámbitos. Los bibliotecarios son la piedra angular de las bibliotecas y, junto a los usuarios, constituyen el doble corazón de una biblioteca pública.
El Congreso va a contar en su ponencia inaugural con la intervención del filósofo toledano José Antonio Marina y sin duda van a ser muchos los bibliotecarios de nuestra región que acudan al Congreso. En Castilla-La Mancha, que fue calificada hace una década como “motor de las bibliotecas españolas” por un experto, llevamos seis años de abandono de una política bibliotecaria que dio muchos frutos y situó a nuestra región en la vanguardia del país en materia de servicios bibliotecarios, junto a comunidades mucho más ricas como Cataluña, Navarra o País Vasco. Hubo apoyos para contratar bibliotecarios municipales o mejorar sus puestos, para desarrollar programas culturales y de animación a la lectura, para incrementar y modernizar las colecciones, para dotar a las bibliotecas de recursos tecnológicos y propiciar su trabajo en red, para construir bibliotecas y mejorar sus instalaciones y equipamiento…De ese ambicioso plan nada ha quedado, aunque ahora tenemos la promesa del Gobierno de Castilla-La Mancha de iniciar alguna de estas convocatorias.
Vamos a asistir a un Congreso sobre los espacios físicos y virtuales en una región donde actualmente no se cuenta con ningún instrumento para actualizar las bibliotecas y sus edificios de acuerdo a las nuevas tendencias. A pesar de ello, Castilla-La Mancha no tiene mucho que envidiar a la mayoría de las regiones españolas, que tienen similar parálisis que la nuestra, pero estamos ante una gran oportunidad. En el solemne acto de apertura las autoridades regionales deberían comprometerse nítidamente con la sociedad regional y con los profesionales que día a día otorgan vida y esperanza a las bibliotecas: anunciar algún compromiso concreto en lugar de simples palabras que demuestran que conocen la importancia de este servicio público pero que luego no sitúan a las bibliotecas públicas en la agenda política o en las prioridades presupuestarias. Las bibliotecas son baratas, o al menos así resultan. El año 2014, apenas gastaron el conjunto de Administraciones Públicas de nuestro país una media de 9,32 € por habitante, mientras que, por ejemplo, el gasto sanitario por habitante ha sido en 2015 de 1.232 € por habitante. La Administración Autonómica dedicó recursos importantes a la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha, y lo sigue haciendo, aunque de forma recortada con las cinco bibliotecas que gestiona; pero en cuanto a las bibliotecas municipales, sería necesario que los presupuestos regionales del año 2017 tuvieran una partida de al menos 3 millones de euros para intentar volver a las políticas democratizadoras del servicio de bibliotecas públicas que identificó como una gran fortaleza a las bibliotecas de nuestra región.
