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Domingo Sanz
08:08
18/07/17

Gobiernan los restos del pasado

Gobiernan los restos del pasado

Terminé, si tuvo ocasión de leerla, la primera parte de esto aconsejando “Aquí no manda nadie” de  Raúl del Pozo y, para no ser menos, comenzaré esta segunda tras haber leído hoy mismo, lunes 17, la crónica semanal de Campo Vidal, de la que reproduzco lo siguiente: “Entretanto, en el Congreso de los Diputados la vida discurre sin acuerdos más allá de los Presupuestos (…) que son más bien transacciones comerciales”. Para terminar cerraré con la portada de “El País”, la del domingo 16. Si llegan al final de lo que tienen en pantalla es probable que deduzcan a qué noticia me refiero.

Si tantos expertos coinciden, concluiremos que el “para qué” de la política se reduce hoy, en España, a la solución, o todo lo contrario, de los conflictos institucionales y, en esta actividad justo es reconocer que pasarle la pelota a los tribunales es el deporte nacional por excelencia, ganando el Gobierno por goleada en el abuso de lo judicial. Respecto al papel de la oposición sobre lo mismo, agotada la cantinela de pedirle a Rajoy que negocie con Catalunya sin decirle “lo qué”, leo a Papell haciéndose eco de la iniciativa de Sánchez, que se reunirá con Iceta, ya lo ha hecho, para pasar de las exigencias verbales a terceros al verbo comprometedor contra uno mismo, poniendo sobre la mesa reformas constitucionales. De inmediato, en la página siguiente del mismo periódico anuncia el PP que bloqueará cualquier propuesta que sirva para diferenciar Catalunya del resto de CC.AA. En marzo de este mismo año titulé un artículo con “III República o Monarquía sin Catalunya”. Prefiero lo primero. ¿Alguien podría colocar esta pregunta en una encuesta? ¿O sigue prohibida desde 1939?

Desde hace meses hay tres partidos políticos que se dedican a ajustarse las cuentas, frustrados como están por su reincidente incapacidad para sacar a los de Rajoy del gobierno, ni ahora que entre los tres suman casi el 54% de los diputados del Congreso, ni antes, cuando tras el 20D de 2015 superaban el 57%. Entonces ocurrió que, sin saber si por ambicioso, irresponsable, valiente, o las tres cosas a la vez, Pedro arriesgó su investidura y Podemos nos condenó al PP con un NO al socialista que, lo vistan como lo vistan los de Iglesias, fue un SI a don Mariano, porque ahora gobernaría cualquier otro español, o española, con que aquellos 71 se hubieran abstenido. Ojalá no ocurra, porque la peor de las vergüenzas no se la deseo a nadie, pero cualquier día de estos, uno de esos muchos en los que Pablo le recuerda lo de la corrupción y le pide por enésima vez a Rajoy que se vaya, meterá don Mariano la pata más loca de su vida y le dirá algo como “No entiendo porque pide usted mi dimisión, señor Iglesias, si el 4 de marzo de 2016 sus diputados votaron que yo siguiera gobernando, ¿tanto hemos empeorado desde entonces?”. O le dirá algo parecido, que aún podría ser peor. Y Pablo solo tendrá tiempo para desear ¡¡Trágame tierra, con todo mi ego puesto!!

Nos encontramos en un periodo que se reparte entre batallitas con mejor o peor palabrería y, por otra, tareas de conservación y mantenimiento para salvar el mobiliario. Un tiempo salpicado de momentos como este de la investigación parlamentaria sobre la financiación ilegal del PP, en los que parece que la oposición podría ponerse de acuerdo para forzar la mudanza en La Moncloa, aunque solo fuera por vergüenza ajena, con otros, como el de la censura inútil de Podemos contra las primarias del PSOE en los que, todo lo contrario, parece que ese desahucio, el más necesario de todos, no llegará nunca. Y es que cuando se juntan “el hambre con las ganas de comer”, es decir, la inercia con la cobardía política, el trabajo termina siempre en manos de los tribunales.

Sobrevolaremos, pues, una judicatura cada vez más implicada en la política. Nos dirigimos a la cima y aterrizamos en el Constitucional sin la menor duda. Para empezar, y por si usted se hace la ilusión de controlar al Tribunal más gobernante tal como se controla cada miércoles a un Gobierno con ministros, pero que solo vive de los errores ajenos, los del TC no le van a facilitar la tarea. Tienen su sitio de Internet, como cualquier hijo de vecino, pero siendo hoy el día 12 de julio de 2017, en el apartado III titulado “Estadísticas Jurisdiccionales”, solo nos proporcionan información hasta el año 2015. Es decir, ya llevamos más de quinientos días sin conocer la carga de trabajo de sus señorías, ni su desglose, unos registros neutrales que hasta las comunidades de propietarios sin gestor que ayude actualizan en tiempo real, y solo disponen de ofimática, algunas. Mal pensado como soy, me viene que quizás pasa lo mismo que con ciertas sentencias, a las que conviene que el tiempo les mate la eficacia. Una situación inaceptable, pero a ver quién es el guapo que da órdenes a doce señorías que se dedican a apagarle al Gobierno la hoguera catalana, o a incendiar Catalunya.

Por tanto, a falta de información cuantitativa sobre su carga de trabajo decido investigar su calidad. Lo primero que me ha venido es malpensar que, con tal de que no parezca que son juez y parte, decidieron castigar a Montoro por lo de la amnistía fiscal. Parecía que este asunto había decaído tras la inútil reprobación del ministro cuando va Rajoy e intenta de nuevo engañarnos con la falsedad de que el TC solo ha corregido un defecto de forma. De acuerdo con que los jueces solo deben hablar con las sentencias pero, me pregunto, ¿No podrían publicar un auto que calle de una vez y para siempre la boca del Presidente cuando se note que va a mentir sobre la sentencia? Lo digo porque toda España nota cuando Rajoy miente con solo buscar su mirada ¿Tanto han interiorizado ya los magistrados su reconversión a la política?

Antes de ofuscarme por mí mismo busco la razón y decido leer el muy recomendable artículo “Inconstitucionalidades de juguete”, escrito por el Doctor en Derecho Gerardo Pérez Sánchez, también profesor de Derecho Constitucional y, por tanto, autoridad en la materia. El enfoque es jurídico pero perfectamente asequible para quienes, como yo, que solo sabe chapotear en la superficie del océano legal. El experto desmonta, completamente, tanto la defensa espuria que se ha inventado el Gobierno como la sentencia del propio TC. Por resumir, me ha sorprendido la frase con que cierra su artículo: “da la sensación de que en España sale más a cuenta incumplir y vulnerar las normas que ser respetuoso con ellas. Desgraciadamente, así nos va”. Estas últimas cuatro palabras confirman la “sensación” de Pérez Sánchez pero, sobre todo, me hacen pensar que cuando un jurista termina su artículo con una conclusión tan política y deprimente es porque las cosas en España están muy mal. Veámoslo en forma de preguntas no sin antes advertir que no me saldré ni un milímetro de lo que me parece pura política.

¿A qué viene ilegalizar una amnistía fiscal y, al mismo tiempo, convertir en papel mojado una sentencia amnistiando en el mismo acto a los culpables? ¿Por qué no ha dejado el Tribunal al Gobierno la patata caliente de corregir las consecuencias de un decreto-ley inconstitucional? ¿No sería esa la función de la “política”? ¿Es que acaso no podría el Gobierno tramitar ahora una Ley que salve a los delincuentes de los efectos jurídicos y económicos de la ilegalización de la amnistía fiscal dictada por el TC? Porque, habiendo como hay, asegura Montoro, evasores de todos los colores ¿no confía el ministro en que todos los partidos políticos tendrán también, como el PP, el mayor interés en proteger a sus propios delincuentes y, por tanto, votarían una ley que los ponga a salvo? Pues no, esa política basura también se la han reservado, solo para ellos y ellas, sus señorías.

La sentencia del Tribunal Constitucional es política y culpable a favor de los delincuentes, a quienes de un plumazo lento y calculado exime de las penas correspondientes a sus delitos. Y, ya que lo he dicho, no menos culpables me parecen los casi dos mil días que han tardado en pronunciarse. Cuando miro esos cinco años a través de la sentencia lo que veo son nueve hombres y dos mujeres, personas todas muy notorias pero que se han “desnudado” con sus propios bolígrafos. Tanto la firmeza con la que argumentan su fallo como la unanimidad conseguida descorren el velo que ha ocultado sus inconfesables intenciones y, a su vez, rebajan su condición a la de simples escribientes de un Rajoy mucho más a la defensiva de lo que aparenta. Porque tantas rotundidades y unanimidades demuestran que ese dictamen de inconstitucionalidad se podía haber fallado en menos de un año. ¿O es que acaso se ha reformado la Constitución mientras y no nos hemos enterado? Y en menos de un mes, a tenor del ejemplo de toma de decisiones en tiempo casi real que los mismos jueces están demostrando a veces, especialmente cuando la vez toca en Catalunya. Indigna que doce nombres y apellidos importantes hayan decidido pasar a los libros de historia cubiertos del oprobio que significa dejar pasar el tiempo para neutralizar, a favor de los delincuentes, los efectos de sus propias decisiones. ¿O es que acaso piensan que no se investigarán en el futuro los intríngulis de este procedimiento? Como el de muchos otros y hasta el último detalle.

Cada transición tiene sus maneras y recorridos. En más de una ocasión he defendido que los cambios importantes son mucho más difíciles en democracia y, sobre todo, si, como en España, se viene de la peor dictadura terminada de la peor manera posible, sin ajustar las cuentas que destruyeran para siempre las redes de intereses y conveniencias tejidas bajo tantos años de protección entre amenazas a los ajenos. Cuantos, desde 1977, presumiendo de nosotros mismos para hoy tragarnos de golpe todo lo que nos estuvimos adulando.

En España, Partido Popular y Tribunal Constitucional se reparten las tareas para gobernar de manera sucia. Ambos son estructuras impermeables a los cambios que han enviado el bipartidismo al desván de los trastos viejos. El “como” pueda gobernar esa entente debe juzgarlo usted, que está leyendo.  

Ahora recuerdo que no fueron pocas, ni menores, las voces que antes del 26J osaron pedir desde los medios que se retiraran los cuatro líderes, no es preciso nombrarlos, que habían sido incapaces de cumplir la obligación dictada por las urnas el 20D de 2015: Gobernar. Despreciaron, no todos ni en igual medida, aquella oportunidad única. Ahora Iglesias, Rivera y Sánchez están de más a menos en precario porque han dejado el gobierno en manos del pasado. Los dos socios de esta alianza contra el cambio son, está dicho, un PP que no siente vergüenza por sacar a pasear el viejo miedo cuando la democracia obliga a pensar, y un Tribunal Constitucional de un país que no es el mismo.

Lo prometido es deuda: “Brasil, el país en el que los jueces tomaron el poder” era el titular al que me refería al principio. ¿Tanto como aquí?, me pregunto. ¿O quizás seamos los pioneros de una nueva tendencia? Otro país en crisis pero donde la corrupción sí parece capaz de provocar cambios de gobierno. ¡Qué envidia! Pero claro, allí no vienen de una guerra civil que ganaron los aliados de Hitler ni de una dictadura que prolongó la misma sangre durante cuarenta años. Tampoco tienen un gobierno que represente con tanta fidelidad lo peor que queda vivo de un pasado tan terrible como el nuestro.

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