Coincidiendo con el centenario de la publicación de “Diagnóstico Social” de Mary Richmond, obra de referencia para los profesionales del Trabajo Social, la Consejería de Fomento del gobierno de Castilla La Mancha, a través de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo, ha puesto en marcha una iniciativa que se enmarca en el recientemente aprobado Decreto 41/2017 de 4 de julio, de medidas para facilitar el acceso a viviendas sujetas a algún tipo de protección pública, que consiste en la elaboración de un diagnóstico social de inmuebles del parque público de vivienda de la región que permita evaluar desde el punto de vista físico y social las características del propio inmueble y de las familias que en el residen con el objetivo de adoptar medidas para mejorar la adecuación de las adjudicaciones de viviendas, mejorar la convivencia, prevenir los conflictos vecinales y facilitar la inclusión social.
“El diagnóstico social es un proceso de elaboración y sistematización de información que implica conocer y comprender los problemas y necesidades dentro de un contexto determinado, sus causas y evolución a lo largo del tiempo, así como los factores condicionantes y de riesgo y sus tendencias previsibles; permitiendo una discriminación de los mismos según su importancia, de cara al establecimiento de prioridades y estrategias de intervención, de manera que pueda determinarse de antemano su grado de viabilidad y factibilidad, considerando tanto los medios disponibles como las fuerzas y actores sociales involucrados en las mismas”. (Aguilar, M.J. y Ander-Egg, E. “Diagnóstico Social, conceptos y metodología” ICSA, 1999).
Según esta definición, el profesional deberá tener en cuenta que el proceso que conduce al diagnóstico comienza con la investigación o recopilación de la evidencia, prosigue con su análisis crítico y finaliza con su interpretación técnica que se plasmará en un documento.
En el caso concreto de la aplicación a los programas de vivienda pública, el diagnóstico social constituye una herramienta fundamental que permite a través de la acción de los Trabajadores Sociales conocer el estado y características físicas del inmueble y la adecuación del mismo a las unidades familiares usuarias; la adecuación de las obligaciones que se deriven del régimen jurídico que rija el acceso y disfrute de las viviendas a las características de las unidades familiares usuarias del mismo; las relaciones de vecindad existentes entre las distintas unidades familiares usuarias del inmueble; las circunstancias sociales de todo tipo que presenten las distintas unidades familiares usuarias del inmueble y las condiciones de accesibilidad.
Las conclusiones permitirán a la Comisión Provincial de Vivienda obtener una propuesta profesional de intervención en el inmueble con el fin de procurar medidas para la inclusión social y laboral, la mejora de la convivencia y la cohesión social de las unidades familiares usuarias de las viviendas, la adecuación de las familias al entorno habitacional, mejoras a realizar en el inmueble, en especial a aquellas referidas a la accesibilidad; criterios para la determinación de cupos para futuras adjudicaciones de viviendas vacantes, especialmente a los colectivos de atención preferente, etc.
El Trabajador Social es el profesional capacitado para abordar los problemas sociales derivados de la falta de vivienda, las dificultades para mantenerla en condiciones adecuadas y dignas y los conflictos que de éstas se deriven, a través de todos aquellos elementos que hayan sido identificados previamente en el diagnóstico social, y que puedan ser implementados desde una perspectiva comunitaria y participativa.
Los profesionales y responsables políticos deberán tener en cuenta que el diagnóstico es un proceso abierto que tiene que ser sensible a la información que se derive de la realidad social cambiante. La participación de los Trabajadores Sociales de Servicios Sociales de Atención Primaria, como profesionales de referencia Sistema Público de Servicios Sociales más cercanos a los ciudadanos, así como las entidades de iniciativa social y colectivos ciudadanos del territorio, se hace imprescindible para facilitar tanto la recogida de la información como la puesta en marcha de las medidas que se puedan derivar como resultado del proceso y que serán las que en definitiva, permitan lograr los objetivos que se pretenden.
