Cerca de una treintena plataformas y organizaciones de toda España se reunirán este miércoles en Madrid para acudir al Congreso de los Diputados y pedir a los partidos que firmen un compromiso para la prohibición del “fracking”. La Plataforma Fracking No Guadalajara es una de las organizadoras de este acto, previsto para las 11 de la mañana. Posteriormente, a las cinco de la tarde, se presentará en público una declaración de la sociedad civil contra el “fracking”.
El documento que se presentará en el Congreso pide la prohibición de esta técnica y otras similares para evitar daños al medio ambiente y a las personas, así como paralizar cualquier proyecto autorizado hasta la fecha. En esta situación se encuentra el proyecto Cronos, que recibió autorización del Gobierno de Mariano Rajoy en mayo del año pasado, y afecta a cerca de 20.000 hectáreas de Guadalajara, repartidas entre una decena de municipios situados en una zona protegida dentro de la Red Natura 2000, en la que también tiene su nacimiento el río Tajuña, ha informado la Plataforma de Guadalajara en un comunicado.
Precisamente, la contaminación de acuíferos por el uso de productos químicos altamente tóxicos es uno de los principales riesgos asociados al “fracking”, junto con otros como la posibilidad de provocar terremotos, la contaminación atmosférica o la ocupación grandes superficies de terreno, que se ven modificadas de manera irreversible. Por estas razones, se trata de una actividad incompatible con los sectores productivos que existen actualmente en el terreno (fundamentalmente, agricultura, ganadería y turismo) y con una adecuada gestión de los recursos naturales.
Pese a la creciente preocupación ciudadana por la concesión de numerosos permisos para proyectos de “fracking”, el Gobierno solo ha reaccionado para afianzarlos dándoles cobertura legal. Para ello, incluso ha modificado en varias ocasiones la normativa vigente hasta ahora.
El “fracking”, o fractura hidráulica, es una técnica agresiva utilizada para extraer gas atrapado en la roca mediante la apertura de pozos, a través de los que se inyecta agua a alta presión mezclada con sustancias químicas. Por cada kilómetro cuadrado de explotación se instalan hasta cuatro plataformas de extracción, lo que afecta de manera muy significativa al terreno.
