La futura Ley de Participación Ciudadana de Castilla-La Mancha regulará un nuevo modelo de participación en el que el ciudadano interviene desde fuera de la Administración sin necesidad de integrarse en ningún órgano administrativo y, por tanto, más allá de consejos, comisiones o comités de carácter sectorial que responden más a modelos de participación orgánica.
El Consejo de Gobierno, en su reunión de esta semana, ha tomado en conocimiento el Anteproyecto de Ley de Participación Ciudadana, con la que no sólo se busca incentivar la participación en los temas propuestos por los poderes públicos, sino que también permite la apertura de procesos participativos a instancias de los ciudadanos.
El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, que ha avanzado este miércoles en rueda de prensa detalles de la futura Ley, ha subrayado que será un modelo de gestión “más democrático, participativo, abierto y de diálogo permanente con la sociedad”. El objetivo es, tras la reciente aprobación de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, “completar el derecho de acceso de la ciudadanía a la información pública con el derecho de participación en las decisiones importantes que afecten a su futuro”.
El vicepresidente, que ha estado acompañado por el director de la Oficina de Transparencia, Enrique Tenorio, ha informado que “esta forma de participación hoy es posible debido al avance de nuevas las tecnologías de la información y las comunicaciones, que hacen viable una relación directa y sin intermediarios entre los ciudadanos y la Administración”, ha añadido.
El anteproyecto de Ley define como procedimientos e instrumentos de participación ciudadana el conjunto de mecanismos o actuaciones ordenadas y secuenciadas en el tiempo que posibiliten la intervención de la ciudadanía en la elaboración, prestación y evaluación de las políticas del Gobierno regional.
Los procedimientos e instrumentos de participación ciudadana podrán ser instados por los propios ciudadanos, a título individual o colectivo, o a instancias de los poderes públicos mediante la apertura de espacios para aportaciones ciudadanas, con deliberación participativa, consultas ciudadanas o mediante la evaluación de políticas públicas.
PORTAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El vicepresidente regional ha detallado que para hacer efectivos estos procedimientos e instrumentos se habilitará un Portal de Participación Ciudadana en el que se promoverá la participación en las políticas públicas a través de diferentes canales de comunicación, facilitando información sobre los instrumentos de participación ciudadana e impulsando espacios para la presentación de opiniones, aportaciones y propuestas, así como la formación de foros de debate.
Anualmente deberá elaborarse y aprobarse un Programa Anual de Participación Ciudadana en el que se anticipan las materias, los procedimientos e instrumentos de participación previstos para cada año, así como un Registro de Participación Ciudadana en el que se podrán inscribir de forma voluntaria y gratuita todas las personas y entidades interesadas en recibir información sobre la puesta en marcha de estos mecanismos de participación.
Una novedad en esta norma con respecto a otras ya existentes es la regulación de la Participación Institucional, entendida esta como la representación, intervención y colaboración de las organizaciones y asociaciones sindicales y empresariales más representativas, en la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios.
OBSERVATORIO CIUDADANO DE CASTILLA-LA MANCHA
Destaca también la creación del Observatorio Ciudadano de Castilla-La Mancha, configurado como un órgano independiente de interlocución con la sociedad, adscrito a las Cortes regionales e integrado por representantes de la sociedad civil castellano-manchega, profesionales y expertos del ámbito de la Universidad, y que tendrá funciones de consulta y asesoramiento para la participación; así como de impulso, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en el ámbito de la región.
Finalmente, el texto también regula la puesta en marcha de medidas de fomento de programas de formación en materia de participación ciudadana, donde se recoge específicamente la posibilidad de admitir como beneficiarios de éstas a los entes que integran la Administración regional y medidas de fomento de la participación ciudadana y de participación institucional.
CONFERENCIA DE PRESIDENTES AUTONÓMICOS
En otro orden de asuntos, el vicepresidente de Castilla-La Mancha ha avanzado que la postura de la Comunidad Autónoma en la Conferencia de Presidentes prevista para el próximo martes 17 de enero pasará, entre otros asuntos, por reclamar un mayor margen de maniobra para convocar plazas públicas en los sectores educativos, sanitarios y de servicios sociales, de manera que se pueda contratar más allá de las tasas de reposición, marcada por la ley de Presupuestos estatal en vigor y que solo permite cubrir las jubilaciones.
Martínez Guijarro ha señalado que la petición será "quitar esa barrera" para poder convocar por encima de esa tasa, "de manera que se puedan incorporar más personas con estabilidad laboral en el sistema".
"Es un acuerdo básico para consolidar servicios públicos esenciales en el país, no tiene coste presupuestario y no incide en las reglas de gasto, de déficit público ni endeudamiento", ha defendido Martínez Guijarro.
El vicepresidente autonómico se ha referido a la reunión que mantendrá este mismo jueves con carácter previo a esta Conferencia de Presidentes con representantes de otras comunidades autónomas y la 'número dos' del Gobierno estatal, Soraya Sáenz de Santamaría.
Sobre este asunto, ha dicho que Castilla-La Mancha planteará que la Conferencia de Presidentes sirva "para tomar acuerdos ejecutivos y no solo declaraciones de carácter político".
"Queremos dotar de mayor operatividad a la Conferencia de Presidentes. Planteamos una modificación del reglamento de funcionamiento que incluya la necesidad de que esta comisión preparatoria tenga también facultades de seguimiento de la ejecución de planteamientos de la Conferencia para analizar y ver cómo se van cumpliendo", ha explicado.
También ha recordado que el Gobierno autonómico pedirá revisar la financiación autonómica e incorporar "un debate sobre la sostenibilidad del Estado de Bienestar", ya que la financiación de las regiones "debe responder a un principio de equidad, de igualdad de los ciudadanos en el acceso de los servicios públicos esenciales se viva donde se viva".
La postura común con otras siete regiones en cuanto a los problemas de despoblación y dispersión demográfica; crear un grupo de trabajo para diseñar la denominada Tarjeta Social; y la participación de las comunidades autónomas en asuntos europeos son otras de las cuestiones que planteará Castilla-La Mancha en la cita de la próxima semana.
PLAN DE GARANTÍAS DE PODEMOS
De otro lado, el vicepresidente de Castilla-La Mancha y el secretario general de Podemos en la región, José García Molina, se reunirán este jueves para abordar el "encaje" que el Gobierno autonómico le puede dar dentro de los Presupuestos del próximo año al Plan Podemos, presentado esta semana por el líder de la formación y que pretende crear mecanismos que garanticen renta, vivienda y suministros.
Así lo ha avanzado a preguntas de los medios el 'número dos' autonómico, quien ha dicho además que "en menos de quince días" el Proyecto de Ley de Presupuestos será remitido a las Cortes, con la intención de que las nuevas cuentas estén aprobadas en el primer trimestre de 2017.
Sobre el Plan de la formación morada, Martínez Guijarro ha recalcado que el Gobierno coincide en las "líneas estratégicas", pero en la reunión de este jueves se verán "algunas cuestiones concretas", como analizar la postura de Podemos de no contar con Cruz Roja para habilitar mecanismos de garantía de suministros o qué papel jugarán las ayudas de emergencia, "que no aparecen en el Plan de Podemos".
"En ese encuentro queremos ver el encaje de ese plan con el proyecto de presupuestos en el que hemos trabajado y ver si encaja ese plan con nuestro planteamiento presupuestario", ha defendido Guijarro, quien ha abundado en que ahora Podemos "marca unos tiempos distintos" en esta estrategia, ya que ahora no exige que tenga forma de ley en este ejercicio.
"Ya le habíamos planteado esa opinión, esa ley necesita de mucha reflexión y organización interna, supone un cambio importante en modelos de gestión, y había que hacer experiencia en 2017 con nuevos presupuestos que incorporen estos planteamientos", ha concluido.
