Ahora Guadalajara ha lanzado una campaña sobre el transporte terrestre de viajeros, con mociones en los ayuntamientos y en la Diputación, con la que pretende revertir los recortes que hizo Cospedal en 2012 en esta materia y conseguir la creación de un Consorcio Provincial de Transporte.
La formación ha señalado en una nota de prensa que "el transporte terrestre de viajeros es una clara necesidad social que vertebra los territorios y hace o debería hacer efectivo el derecho de todo ciudadano a tener un nivel de vida digno y el acceso a los servicios públicos en condiciones de igualdad con independencia de donde resida".
La diputada provincial María Gallego ha creído que para plantear una solución efectiva al problema del transporte interurbano en la provincia hay que "coordinar esfuerzos entre las instituciones públicas que conectan a nuestros vecinos a través de la constitución de un Consorcio Provincial de Transportes de Guadalajara que genere una estructura que dé cohesión y conecte a los municipios".
"Entendemos que en este esfuerzo no puede faltar, además de los Ayuntamientos y la Junta de Castilla-La Mancha, la Diputación provincial y la Comunidad de Madrid", ha concretado.
Para Gallego, "es necesario hacer de este transporte terrestre de viajeros un servicio realmente útil a la ciudadanía", como lo viene demostrando desde hace años, con la participación de los ayuntamientos en el Plan de Área Supramunicipal de Transportes de Guadalajara (Plan Astra).
Un plan, ha recordado, que sufrió en 2012 una profunda remodelación del servicio que supuso reducir las expediciones existentes en las tres líneas" y un recorte aún mayor en el servicio del mes de agosto.
En el caso de la línea que discurre por la CM-101, entre Humanes y Guadalajara, pasó de doce a seis expediciones diarias, suprimiéndose también los sábados y los domingos, y la de El Casar, además de una reducción de casi el 50 % del servicio, desapareció también los domingos.
Esta reducción de servicios supuso la consiguiente disminución de la aportación económica por parte de los 14 ayuntamientos implicados, ya que la Junta disminuyó también su ayuda económica y en consecuencia, "un detrimento en el importe a pagar por los ayuntamientos afectados en torno al 33 %".
En concreto, el coste a cubrir por los ayuntamientos pasó a unos 24.000 euros de los 12.000 anuales, ha concluido.
