Domingo. 25.06.2017
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El retraso en la financiación pone en riesgo 600 grupos investigación del G-9

El rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García, y la vicerrectora Transferencia e Innovación Tecnológica de la Universidad pública aragonesa, Pilar Zaragoza
El rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García, y la vicerrectora Transferencia e Innovación Tecnológica de la Universidad pública aragonesa, Pilar Zaragoza
El retraso en la financiación pone en riesgo 600 grupos investigación del G-9

Unos 600 grupos de investigación de las universidades del G-9, entre ellas que se encuentra la Universidad de Castilla-La Mancha, tienen en riesgo su actividad por el retraso en las convocatorias del Plan Nacional del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, que tendrían que haber salido a principios de año.

Esa es una de las conclusiones de la reunión en la capital aragonesa de la Comisión Sectorial de Investigación del Grupo 9 de Universidades de la que han informado el presidente de la sectorial, el rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García, y la vicerrectora Transferencia e Innovación Tecnológica de la Universidad pública aragonesa, Pilar Zaragoza.

García ha trasladado al preocupación del G-9 por el retraso en las convocatorias, porque temen que no llegue a tiempo para grupos de investigación que se quedarían sin esa financiación a principios de 2018, y sería "una pérdida posiblemente irreparable" para algunos de ellos.

Ha enfatizado la importancia que tiene esa financiación, porque la actividad de un grupo "sufre mucho" aunque las universidades establezcan ayudas, como contratos puente para mantener el proyecto, y se hagan grandes esfuerzos para captar ayudas europeas.

Pero si no existe una financiación "base", de los planes nacionales, "estamos perdiendo -ha insistido- una parte muy importante de los grupos de investigación consolidados".

El rector de la Universidad de Oviedo ha mostrado también la preocupación por el devenir de la financiación destinada a investigación en España, y ha enfatizado que las cantidades en esta área en los Presupuestos Generales del Estado han causado "una gran decepción", ya que no mejoran las cuantías de los planes de investigación nacionales existentes.

Al G-9 le preocupan también las políticas de recursos humanos, ya que los mecanismos de incorporación de doctores al sistema de investigación nacional son correctos desde el punto de vista institucional, pero las inversiones son muy bajas, de forma que programas emblemáticos como el Ramón y Cajal "están sufriendo las consecuencias de una reducción drástica de las ayudas".

Además, ha añadido, los campus de excelencia internacional, que tuvieron su auge hace cuatro años, "están languideciendo por falta de inversión".

El G-9 también ve con preocupación la falta de reconocimiento del título de doctor entre el tejido empresarial, que según ha dicho García, en general no lo valora "suficientemente" ni existen programas efectivos para la incorporación de estos titulados al tejido productivo.

En ese aspecto, ha incidido en el escaso éxito del programa de Doctorados Industriales y que evidencia que "no se ha logrado esa complicidad entre las empresas y la universidad para conseguir que esos doctores se incorporen".

En opinión de la sectorial de Investigación del G-9, se debería legislar para que la I+D+i empresarial se lleve a cabo necesariamente por doctores.

García ha abogado, por otra parte, por que las políticas de I+D+i de las comunidades se coordinen con las nacionales, para poder paliar las deficiencias en el ámbito regional, ya que en algunas autonomías están funcionando relativamente bien pero en general, "no todo lo bien que se esperaría".

Sí ha considerado positivo los trabajos que en el ámbito de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) se están llevando a cabo para la implantación del sexenio de transferencia que recompense "adecuadamente" la transferencia de conocimiento desde la universidad a la empresa.

La Comisión Sectorial de Investigación del G-9 apuesta también por situar a las universidades en la vanguardia en la atención a la discapacidad e integración de trabajadores, de forma que reserven un 5 % en las convocatorias y contrataciones de personal investigador.

Finalmente, ha anunciado que con el objetivo de aumentar el peso de la Comisión de Investigación del G-9 a todos los niveles y lograr una mejor coordinación dentro de la CRUE se pondrá en marcha un grupo de trabajo de presidentes de las sectoriales para coordinar esfuerzos y tener más influencia ante los ministerios correspondientes.

El Grupo 9 de Universidades es una asociación creada hace 20 años y está formada por las universidades públicas de Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Islas Baleares, La Rioja, Navarra, Oviedo, País Vasco y Zaragoza.

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