La Coordinadora Estatal de Dependencia (CO-LAPAD) y la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha, ha presentado este lunes una denuncia ante el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, contra el Gobierno de Castilla-La Mancha, a quién acusa de un posible delito de "prevaricación".
Según informa el colectivo en nota de prensa, dicha denuncia se presenta tras constatar que el Gobierno presidido por Cospedal "está incurriendo en prevaricación con la práctica de revisar a la baja las prestaciones por dependencia" concedidas con anterioridad a esta legislatura.
Según consta en la denuncia, el Ejecutivo que preside María Dolores de Cospedal, incumple “de forma sistemática y continua el Real Decreto168 de 13 de Julio de 2012, a sabiendas de dicho incumplimiento mediante la revisión de todos los expedientes anteriores a la entrada en vigor del mismo con la única intención de rebajar las prestaciones que hasta ese momento venían percibiendo las personas dependientes con resolución de grado y prestación definitiva”.
En la información remitida a los medios, la Plataforma asegura que la Ley recoge de forma explícita “que las cantidades inferiores en las prestaciones se aplicarán a los expedientes que no tengan resolución administrativa o a los nuevos. El Gobierno de Cospedal da el tratamiento de 'nuevos' a todas las revisiones para hurtarles cantidades que legalmente les corresponden”, señalan.
La Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia de CLM afirma que confía en que “la Fiscalía General del Estado tome las medidas oportunas para parar esta presunta ilegalidad, más aún cuando las personas contra las que va dirigida no tienen capacidad de defensa al estar en situaciones que en muchísimas ocasiones se mueven en la delicada línea entre la vida y la muerte”, han concluido.
