La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha ha denunciado ante el Fiscal General del Estado, al consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, al igual que lo hizo en dos ocasiones contra el director general de Mayores, Personas con Discapacidad y Dependientes, Juan José García Ferrer, por el “trato antidemocrático” y la “discriminación” con la que actúa el Ejecutivo de María Dolores de Cospedal con respecto a esta Asociación de familiares de personas dependientes.
La Plataforma en Defensa de la Dependencia anunció además, que el Fiscal de Castilla-La Mancha a instancias del Fiscal General del Estado ha abierto “diligencias y expediente” contra Juan José García Ferrer.
Esta Asociación, que representa a 2300 personas dependientes de la Comunidad Autónoma, no descartó acudir al Defensor del Pueblo, sin continúa “el silencio administrativo” y la falta de respuesta por parte de la cartera que dirige el consejero José Ignacio Echániz, ante la petición reiterada de la Plataforma de poder reunirse con el titular de Sanidad y Asuntos Sociales, para abordar la actual situación de los dependientes de Castilla-La Mancha.
El portavoz de la Plataforma, José Luis Gómez Ocaña defendió la legitimidad de este colectivo, el cual ha registrado oficialmente hasta 51 documentos de solicitudes de reunión en el Registro Único de la Administración regional, desde el pasado 26 de junio de 2012, y acusó al consejero Echániz de tener “poca catadura democrática”, recordando que es un cargo público, al que hay que trasladar- dijo Gómez Ocaña-, que “Franco ha muerto”, en alusión a las últimas declaraciones efectuadas por el miembro del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha al que tachan desde este colectivo de tener “gestos de ordeno y mando” y “mentir reiteradamente”.
José Luis Gómez Ocaña, quien también recordó que tuvo que pedir amparo al delegado del Gobierno, Jesús Labrador, el 27 de julio de 2012, al ser continuamente custodiado por un guardia de seguridad, cada vez que entraba en la Consejería de Sanidad.
Incumplimientos de la Constitución e irregularidades en las valoraciones de la Dependencia
La Plataforma, -que también matizó que se ha invitado al consejero de Sanidad y Asuntos Sociales a diferentes actos, entre los que destaca la Mesa de Debate sobre Dependencia, celebrada recientemente en el Palacio de Benacazón-, argumentó que esta actitud de Echániz, vulnera el artículo 23 de la Constitución Española, que dice que toda persona o colectivo tiene derecho a presentar peticiones a la autoridad competente por el interés general, y el artículo 5 del Código Contencioso Administrativo, que regula la respuesta de las Administraciones, y que deben ser de 15 días en caso de quejas, 10 para peticiones de información, y 30 para responder consultas.
Finalmente, esta Plataforma en Defensa de la aplicación de la Ley de Dependencia, recordó que desde la Consejería de Sanidad se están efectuando revaloraciones de dependencia de manera ‘ilegal’ en expedientes anteriores al 1 de enero de 2011, reconocidas en la instrucción 10/2010 del Servicio de Dependencia de dicha Consejería, y en las disposiciones transitorias tercera y cuarta, donde se refleja que existe una ilegalidad.
