Un 36,7 por ciento de la población de Castilla-La Mancha está en riesgo de exclusión social, según daba a conocer este viernes el responsable de la Red de Lucha contra la Pobreza en Castilla-La Mancha (EAPN C-LM), Braulio Carlés, en el Día Mundial de Erradicación de la Pobreza.
Para Carlés, que se basó en datos del INE, si hay un hecho claro hoy es que se está asistiendo a una "dramática situación", y aunque reconoció que "a nivel de la microeconomía la situación parece que va mejorando", dato que ha constatado en el ligero descenso de personas que acuden a diario a los comedores sociales en Guadalajara, cree que no se puede "pedir paciencia a quien no puede esperar".
En este sentido, Carlés, acompañado de otros responsables de organizaciones que trabajan con los colectivos más vulnerables en la provincia, habló de "cifras escalofriantes", aludiendo a las personas que mueren por hambre pero también a los trabajadores pobres de la sociedad, y ha reivindicado la necesidad de que la persona sea "sujeto no objeto".
"No puede ser que sea noticia que la bolsa baje dos puntos y que, sin embargo, no lo sea un pobre que muere de hambre, ni es de recibo que se tire el 30% de la comida", incidió, considerando "injusto" el actual sistema socioeconómico y pidiendo acciones de activación económica, un empleo mucho más digno y más programas de acción laboral.
Pacto contra la pobreza
Para ello, Carlés reclamó a los grandes partidos políticos "un pacto contra la pobreza", considerando que las políticas de austeridad aunque "necesarias en este momento" también "han empujado a que muchas personas vivan bajo el umbral de la pobreza". Para este responsable, se necesita una respuesta más solidaria y generosa por parte de todos.
En cuanto al perfil de los ciudadanos que hacen más uso de las ayudas sociales, se ha refirió concretamente al caso de Guadalajara y señaló que es "un padre/madre de familia, con hijos, que ha perdido el empleo y que está viviendo con 400 euros al mes".
En lo que va de año se han atendido a través de los distintos servicios en la provincia a unas 10.400 personas, una cifra que cree se acercará a final de año a los 14.000, aunque reconoció que en la actualidad el número de familias españolas es similar al de extranjeros.
Trabajadores pobres
Según señaló, si bien al empezar la crisis el 70% eran inmigrantes y el 30% españoles, ahora son "mitad y mitad" algo que, bajo su criterio, se debe tanto a que muchos inmigrantes están retornando a su país de origen y a la aparición de los trabajadores pobres, un término empleado por Cáritas pero que es una realidad, dijo.
Aunque se ha reducido algo el número de personas que hacen uso de los comedores, según el también responsable territorial de la Asociación Católica de Migraciones, ACCEM Castilla-La Mancha, la situación sigue siendo dramática, y "no podemos pedir paciencia a quien no puede esperar".
En este sentido se refirió a que cada vez son más las familias con hijos que viven con apenas 800 euros o menos, y que tienen que hacer frente a muchos pagos, "y prefiere no pensar que los empresarios estén abusando a veces con salarios ridículos", matizó.
Entre las organizaciones que trabajan en Guadalajara con colectivos vulnerables figuran Cáritas, Manos Unidas, Accem o Guadacoge o la Delegaciones Diocesana de Misiones o de Delegaciones, entre otras.
762.197 personas en situación de pobreza
A este porcentaje de personas en riesgo de exclusión social coincidiendo con tal efeméride, el sindicato CCOO de Castilla-La Mancha ponía número, asegurando que en la región hay 762.197 personas que están en situación de pobreza severa o exclusión social, al carecer de cualquier ingreso, y para las que pide una Renta Mínima Garantizada (RMG).
En el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y sus causas, que se celebraba este viernes, CCOO denunciaba que las políticas de ajuste "están empobreciendo" a la población de esta región, donde en los últimos tres años se ha producido un aumento de la pobreza y de la exclusión social en más de 6 puntos, situándonos en una tasa del 36,7 por ciento, frente al 27,3% del país.
Además, subrayaba el sindicato, "ahora que hay más personas al borde de la pobreza y exclusión social, la protección también ha disminuido".
Así, en el último año, el número de beneficiarios de prestaciones ha bajado en un 14,9% (19.918 personas menos) y la cuantía media de la prestación contributiva ha bajado en un 4,76% (-38,7 euros menos), de forma que sólo el 48,23% de las personas desempleadas tienen tasa de cobertura, mientras que en el país asciende al 60,45 por ciento.
En este punto CCOO subraya que, en la región, hay 121.000 personas que han agotado sus prestaciones y subsidios por desempleo, 35.550 personas más que hace tres años y, en definitiva, "hay menos personas con protección y además la protección es de peor calidad".
Por ello, Comisiones Obreras insiste en reclamar al Gobierno regional que se destine el 2% de los Presupuestos de Castilla-La Mancha a un Plan de Empleo para todas estas personas que han perdido su empleo y que además no cobran prestaciones.
Y reclama la creación de un sistema de rentas mínimas garantizadas que generen una prestación no contributiva que pueda mitigar el aumento de la pobreza en España.
Según CCOO, el Gobierno de Castilla-La Mancha "debe mirar a la gente que peor lo está pasando, a las familias que se encuentran en el umbral de la pobreza y que no saldrán de la recesión ni de su crisis particular, sin una respuesta de los poderes públicos, que para eso están", concluía el sindicato.
Pobreza energética
Además ahora que comienza el otoño y el invierno, a la situación de pobreza y exclusión social, hay que añadir el agravante que supondrá también la pobreza energética; familias y ciudadanos que no podrán calentarse en las épocas más frías del invierno, por falta de recursos económicos para pagar el recibo de la luz, que en muchos casos, acaban con la interrupción del suminstro en sus hogares por parte de las compañías eléctricas
Según un estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales, Castilla-La Mancha es la región con mayor índice de población en situación de pobreza energética, esto es, que no pueden dedicar más del 10 por ciento del total de su renta anual al pago del suministro eléctrico, lo que afecta a unos 235.000 horages, 700.000 ciudadanos en toda la región.
