Las CCAA piden al Gobierno que aplace dos años la aplicación de la reforma local

De su lado, la consejera de Bienestar Social de CLM, Aurelia Sánchez, ha reclamado que se retrase la entrada en vigor de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local LERSAL, prevista para el 1 de enero de 2016

Las comunidades autónomas han solicitado una moratoria en el calendario de aplicación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que deberá entrar en vigor el 1 de enero de 2016, debido a que no se ha adecuado un marco de financiación con el que poner en práctica la nueva realidad competencial recogida por la norma.

Durante el Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales, los diferentes responsables de Gobierno autonómicos han pedido al ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, que traslade esta petición "prácticamente unánime" de las diferentes comunidades autónomas al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

El objetivo es que Montoro acepte modificar a través de la ley de presupuestos una enmienda con la que se podría posponer la aplicación de la reforma local, aprobada por el PP en esta legislatura con el rechazo de buena parte de grupos de la oposición.

Así lo ha asegurado la responsable de asuntos sociales de Baleares, Josefina Santiago, en declaraciones a los periodistas a su salida de la reunión. "Esto sí ha sido un ruego, hemos coincidido todas las comunidades prácticamente", ha dicho la consejera balear, añadiendo: "Esperamos que al ser una petición conjunta de las comunidades, el ministro Montoro acepte".

Con la nueva reforma local, los servicios sociosanitarios que prestan los municipios pasan a ser responsabilidad de las comunidades --que tienen la competencia general en la materia--. Sin embargo, los diferentes Ejecutivos regionales critican este traspaso de competencias sin que se haya definido un marco de financiación.

Al respecto, el ministro Alonso ha recordado que la solución de este asunto compete a Hacienda, pero sí ha mostrado su preocupación. En este sentido, ha advertido de la necesidad de haber adecuado el marco financiero para poder aplicar la nueva realidad competencial, motivo por el que las regiones piden más tiempo para poder aplicar la norma.

INSEGURIDAD JURÍDICA

"Si el Gobierno de España no atiende a la solución de las comunidades autónomas en relación con la moratoria de la entrada en vigor de ese ámbito competencial porque no hay definido un plan de financiación autonómico ni local podemos dejar en una inseguridad jurídica a muchos funcionarios (...) y dejar a mucha gente sin atender", ha destacado el consejero de Sanidad de Extremadura, José María Vergeles, instando al Gobierno central a que acepte la moratoria "porque si no habrá un conflicto en la atención".

Por otro lado, la mayoría de los representantes autonómicos han mostrado su satisfacción por la creación de un grupo de trabajo para la evaluación de los resultados obtenidos en la aplicación del baremo de valoración de la situación de dependencia así como para hacer un seguimiento de la norma, medida acordada este miércoles.

No obstante, el consejero extremeño cree que que en materia de dependencia "tiene que sobrepasar el ámbito de lo que es una legislatura": "Tenemos que aprender a hacer cosas que trasciendan porque la atención de servicios sociales y derechos de la ciudadanía no pueden estar sujetos al ámbito de una legislatura", ha dicho, expresando su deseo por alcanzar un pacto de Estado en la atención a la dependencia.

Desde la Comunidad Valenciana, la vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, ha insistir en que el hecho de baremar a las personas dependiente "no puede volver a ser la excusa para bajar de grado" los niveles de dependencia.

La consejera de Bienestar Social y Familia y vicepresidenta de la Generalitat de Cataluña, Neus Munté, ha asegurado que su Comunidad Autónoma, que al igual que Oltra ha recordado la infrafinanciación de su región, ha criticado la "recentralización" y los recortes en materia de servicios sociales "con leyes lesivas" como la reforma local.

OPINIÓN DE CLM

De su lado, la consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Aurelia Sánchez, ha reclamado que se retrase la entrada en vigor de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local LERSAL, prevista para el 1 de enero de 2016.

La posición de Castilla-La Mancha, que mantienen otras comunidades autónomas y la FEMP, es "la de solicitar una moratoria en la aplicación de dicha ley por la inseguridad en la forma de financiación de los Servicios Sociales a partir de su entrada en vigor".

La consejera ha recordado que la disposición transitoria segunda de la ley establece que "no entrará en vigor hasta que no se acuerde el marco de financiación autonómica y local", por lo que "nos dejaría en una situación de inseguridad económica para poder desarrollar los proyectos".

Respecto a la Estrategia Nacional Integral para Personas sin Hogar 2015-2020, la consejera ha reconocido la importancia de presentar una iniciativa de estas características pero ha criticado "que nazca sin financiación" ya que el proyecto presenta dificultades porque al no contar con dotación económica "supone un gran sacrificio para las Comunidades autónomas".

La estrategia incluye aspectos como los programas de autonomía personal para menores tutelados, que hace más de 15 años que se pusieron en marcha en Castilla-La Mancha, o la mediación familiar en aspectos jurídicos y psicológicos en los que nuestra región también ha sido pionera en implantar, ha informado la Junta en nota de prensa.

La consejera ha criticado que la evaluación de la aplicación de la Ley de Dependencia, que ha abordado el Consejo Territorial, "no haya tenido presente la disminución de la aportación presupuestaria del Gobierno de España en el Sistema Nacional de Dependencia que en el caso de nuestra región solo alcanza el 19%, frente a la aportación de los usuarios, el 18%, y del Gobierno de Castilla-La Mancha, el 63%".

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