El 57,1% de casos de abusos sexuales a niños en CLM sin juicio por falta pruebas

violación a una niña
photo_camera El 57,1% de casos de abusos sexuales a niños en CLM sin juicio por falta pruebas

El 57,1 por ciento de los procesos judiciales por abusos sexuales a niños en Castilla-La Mancha se suspenden por falta de pruebas, según Save the Children.

En el informe "Ojos que no quieren ver", la entidad analiza los abusos sexuales a menores a través de más de 200 sentencias judiciales y denuncia los fallos en el sistema de prevención, detección y protección de los niños y niñas víctimas de los mismos.

El informe revela que la mayoría de procesos judiciales abiertos en la Comunitat Valenciana se suspenden por falta de pruebas, una ratio que se sitúa en un 75,6 %, superior a la media estatal (72,2%) y muy por encima de otras autonomías como Baleares (31%), Extremadura (52,6%) o Castilla- La Mancha (57,1%).

En el conjunto del país, las denuncias por abusos sexuales a menores han aumentado un 15 por ciento, pero el 70 % de los casos no son juzgados porque la única prueba es el testimonio del niño y es difícil que lo mantenga en procesos que duran una media de tres años, según el informe de Save the Children.

En su informe, la ONG señala que pocas situaciones de abusos sexuales llegan a denunciarse, a pesar de que el niño las padece un promedio de cuatro años y cuando se da el paso, el proceso les obliga a declarar en múltiples ocasiones, "lo que les provoca en ocasiones más sufrimiento que los abusos que han sufrido".

"Denunciar y llevar el caso a los tribunales no es una garantía de protección para el menor que ha sido víctima de abuso", ha lamentado el director general de la ONG, Andrés Conde, en la presentación del estudio, que analiza más de 200 resoluciones judiciales dictadas entre 2012 y 2016, periodo en el que se abrieron 4.020 procesos y se dictaron 746 sentencias.

La investigación muestra que en esos años de instrucción los niños, cuyo testimonio son la única prueba en el 90 % de los casos, tienen que repetir su declaración hasta cuatro veces y en la mayoría llegan a juicios a puerta abierta.

"Además del trauma que supone para el menor, declarar en estas condiciones suele llevar a que los testimonios no sean tenidos en cuenta y el caso sea sobreseído, lo que ocurre en siete de cada 10 procesos, provocando que el abusador pueda seguir en contacto con el niño", explica.

La ONG aclara que para que un testimonio sea válido no puede haber retractación, ni interés en mentir y debe haber alguna forma de corroborar la declaración, lo que es complicado de cumplir en el caso de los niños.

Para Save the Children, la extensión de ese abuso durante años demuestra que "aún no existen las herramientas necesarias para prevenir y detectarlo ni para que el niño o niña pueda denunciar" esas situaciones, que sufren entre un 10 y un 20 % de la población en España.

"No hay una acción inmediata ante la revelación de un niño", que se enfrenta a prejuicios como que se inventa las cosas, dejando indefenso al menor, "su palabra contra la de un adulto".

Los abusos sexuales son la manipulación de un adulto -en el 60 % es conocido- que lleva a los niños a participar en actividades sexuales que no son capaces de comprender y en los que no suele haber agresión física (sí tocamientos y masturbación) y sobre las que el abusador impone el silencio de la víctima imponiéndole un sentimiento de culpa o con chantaje sobre daños a su familia.

"Es mucho más cercano y extendido de lo que la sociedad cree", ha dicho el responsable de la ONG, quien ha recordado que "no ocurren en una capa social determinada, sino que afecta a todas las clases sociales y niveles culturales".

El perfil de la víctima, que siempre son menores con baja autoestima, en el caso de las niñas tiene entre 7 y 10 años y su abusador es del entorno familiar, y en los niños se produce entre los 11 y 12 años por parte de un adulto con autoridad, como profesor, entrenador o monitor.

La ONG urge a aprobar una ley para la erradicación de la violencia contra la infancia que superen "los fallos en el sistema de prevención, detección y protección de los niños víctimas en España".

"Los profesionales que más tiempo pasan con los niños no tienen formación sobre abusos sexuales y muchas veces no saben reconocer lo que está pasando", ha explicado Conde, quien ha destacado que tan solo en un 15 % de los casos en los que el niño se lo contó a un profesor hubo una notificación a las autoridades.

En la ley deberían incluirse medidas que garanticen la educación afectivo sexual, formación sobre violencia y protección de la infancia de maestros, profesores y directores de centros educativos y un protocolo en los colegios de detección y gestión de casos.

Save the Children realiza una clasificación por comunidades autónomas, con datos de la Fiscalía, del ratio de casos que no llegaron a juicio o que fueron sobreseídos en la investigación, en relación con los procesos abiertos.

A la cabeza están Navarra (94,9), Aragón (93,3), Canarias (93,2), Cantabria (91,7), País Vasco (90), Asturias (85,7), Murcia (82,4), Madrid (79,2), Valencia (75,6), Cataluña (73,7) y Castilla y León (72,7).

Por debajo de la media en España de sobreseimientos de casos de abusos a menores -el 72,2- están Galicia (71,9), Andalucía (60,6), La Rioja (60), Castilla-La Mancha (57,1), Extremadura (52,6) y Baleares (31).

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