Tras los primeros cien días de Francisco Martínez Arroyo al frente de la Consejería de Agricultura de CLM, la Unión de Uniones considera que si bien se han realizado acciones positivas como la ampliación del plazo en planes de mejora e incorporación de jóvenes y la recuperación del pulso político en materia de agua, "aún tiene que demostrar con los hechos la bondad de su proyecto de gobierno para los agricultores y ganaderos de la región". La Organización pide que se marquen objetivos concretos y calendario de acciones.
Según informa en un comunicado tras los primero cien días del nuevo Gobierno regional, la Unión de Uniones de Castilla-La Mancha considera que el proyecto de gobierno que ha avanzado el nuevo Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, se asemeja bastante a lo que ya han oído los agricultores y ganaderos a sus antecesores en el cargo: desarrollo rural, acercar la PAC a los verdaderos agricultores, impulsar el protagonismo de las cooperativas, defender los recursos hídricos de la región para nuestros regantes, equilibrar los mercados de productos agrarios, promoción de la calidad, apoyar la investigación, promover la valorización del patrimonio natural y una agricultura sostenible…
Se trata de un proyecto difícilmente criticable en el que, al principio de la legislatura, está todo por hacer. La mayor novedad presentada es la Ley de Desarrollo Rural Territorial, de cuyo contenido no se ha avanzado aún nada, por lo que habrá que esperar para valorarla, asegura la Unión de Uniones.
La organización estima, no obstante, que es de reconocer la rápida decisión adoptada para incrementar los plazos de ejecución y justificación para los planes de mejora y de instalación de jóvenes, que ha facilitado que un mayor número de beneficiarios puedan acceder a estas ayudas. Igualmente la organización valora que la Consejería de Agricultura, como competente de la Junta de Comunidades en materia de regadíos, haya tomado el pulso político a la cuestión del agua. No obstante, conviene señalar -según prosigue la Organización- que los problemas del agua de la región arrancan de antiguo y que temas como la hipoteca del trasvase y la insuficiencia de recursos para los regantes de la región los llevamos sufriendo desde hace décadas los agricultores con gobiernos de uno y otro signo político tanto en la Junta como en el Gobierno de la Nación.
En este asunto, asó como en cuestiones como la intención manifestada del Consejero de apoyar una orientación de la PAC hacia una mayor regulación equilibradora de los mercados y unas ayudas focalizadas a la agricultura y la ganadería profesional, Unión de Uniones espera que a la oportunidad de las declaraciones de la Consejería de Agricultura le siga una acción política eficaz y que la Junta aglutine a toda la sociedad castellano-manchega en la defensa del agua y de su agricultura cómo han sabido hacerlo en otras regiones.
Por otro lado, la Unión de Uniones centra la viabilidad de las explotaciones agrarias de la región en lograr alcanzar un nivel de precios en origen que remuneren los costes productivos y los esfuerzos realizados en alcanzar unos excelentes estándares de calidad en nuestras producciones. Por tal motivo, al margen del anunciado impulso al cooperativismo y a la industria agroalimentaria, está por ver si la Consejería de Agricultura es capaz de asumir sus competencias en el funcionamiento equilibrado de la cadena alimentaria y movilizar los instrumentos necesarios para vincular los éxitos de comercialización con unos precios razonables para los agricultores y ganaderos; ya que de nada sirve batir records de venta o exportación a costa de arruinar explotaciones. En este campo la organización valora positivamente la implicación del Consejero en el conflicto durante la vendimia de Valdepeñas, si bien el resultado, pobre hasta el momento, de las gestiones muestra que se necesita desde los poderes públicos una posición firme de que se van a adoptar cuantas actuaciones de control sean precisas para erradicar posiciones de abuso de dominio y falta de transparencia, que van no sólo contra los agricultores y ganaderos, sino contra los intereses generales de la región.
La Unión de Uniones critica en la acción de estos primeros cien días de Gobierno que se haya hecho un uso espurio de los criterios ambientales en el caso de la ampliación de la ZEPA de “El Hito”, como ya se hiciera en su momento con la ampliación de la ZEPA de Campo de Calatrava debido a la construcción del aeropuerto de Ciudad Real. La organización señala que durante esta legislatura habrán de implementarse sobre el terreno los Planes de Gestión de las áreas de la Red Natura 2000 y este tipo de decisiones emiten la negativa señal de que los valores naturales son subjetivables en función de otros intereses y por lo tanto, hacen más incomprensibles para los agricultores y ganaderos las restricciones y limitaciones a los usos agrarios que se imponen en las zonas protegidas en razón de los mismos. Restricciones y limitaciones que, por otra parte, no han sido nunca compensadas como debieran.
La organización recuerda que el principal recurso financiero con el que cuenta la Consejería de Agricultura para llevar a cabo su proyecto propio de política agraria regional es el futuro Plan de Desarrollo Rural que la UE aprobará en breve; pero que para ello es necesario responder a los fondos europeos con una suficiente proporción de fondos regionales que deben estar presupuestados en cada ejercicio. En este sentido, la nueva Consejería de Agricultura debería ya en las cuentas para 2016 empezar a dotarse de los niveles de gasto público necesarios y la Unión de Uniones confía en un incremento sustancial de los recursos propios que son en la actualidad menos de la mitad de lo que llegaron a ser en los presupuestos de 2011, ha asegurado la Organización agraria.
Por último, la Unión de Uniones de Castilla-La Mancha considera que al proyecto de gobierno presentado por la Consejería de Agricultura en estos cien primeros días le aportaría credibilidad y es lo que requiere públicamente la fijación, con la oportuna concertación social, de una serie de objetivos concretos y un calendario de plazos para alcanzarlos a lo largo de la legislatura.
