El Gobierno regional va a presentar a las fuerzas políticas un documento sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, con el fin de que Castilla-La Mancha pueda ir a negociar con "una sola voz" en su reivindicación de que el nuevo sistema financie los costes reales de los servicios que presta.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha explicado, en una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, que el vicepresidente de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, va a iniciar una ronda de contactos con los partidos políticos en breve, esta o la próxima semana.
La intención, ha dicho, es contar con un documento conjunto sobre cómo quiere Castilla-La Mancha que sea el nuevo sistema de financiación autonómica, similar a cómo se ha hecho en Castilla y León.
Ruiz Molina ha explicado que el Ejecutivo regional está elaborando un "documento de principios" que entregará a los grupos políticos para recabar apoyo y tener una "única voz" en la defensa de los intereses de los castellano-manchegos.
La principal reivindicación es que a la hora de repartir los recursos a las comunidades autónomas se tenga en cuenta el coste real que en una región como Castilla-La Mancha supone financiar los servicios públicos, como la educación, la sanidad y la dependencia.
Para ello, el consejero ha indicado que se han de tener en cuenta variables como la superficie de la comunidad autónoma, la dispersión geográfica, la densidad de población, el envejecimiento o los niños que hay en edad escolar, ya que no es lo mismo prestar estos servicios en una región donde la población vive en una superficie tan amplia como esta que en otra con los ciudadanos más agrupados.
Ruiz Molina ha dejado claro que la negociación del modelo de financiación autonómica, que ya lleva retraso, no debe ser partidista, sino de Castilla-La Mancha, de ahí la importancia de contar con el respaldo de las fuerzas políticas.
Y también se tiene que negociar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque esa es la forma de huir de negociaciones bilaterales, y por tanto, de huir de tentaciones.
El consejero ha dicho que se tiene que garantizar en todos los territorios un nivel similar de prestación de los servicios públicos, para lo que es necesario contar con los recursos necesarios según el nivel de competencias, así como que esa suficiencia se mantenga en el tiempo y que se haga efectivo el principio de solidaridad y el de lealtad institucional.
Sobre la oferta de empleo público de educación, ha dicho que ha enviado una carta al Ministerio en la que explica cómo habían calculado la tasas de reposición, y que tras ello no ha tenido ninguna respuesta por lo que supone que esa información era la que necesitaba el Ministerio, ha dicho Ruiz Molina.
CLM DEDICARÁ LA NUEVA META DE DÉFICIT A GASTO SOCIAL
En otro orden, el consejero de Hacienda ha explicado que el Gobierno de Castilla-La Mancha destinará los 140 millones de euros que resultan de elevar la meta del déficit en 2016 a gasto social, especialmente, a un plan de choque en inversión educativa para "acabar con los barracones".
Ruiz Molina ha analizado la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrada la pasada semana, que aprobó con la abstención de Castilla-La Mancha elevar del 0,3 al 0,7 por ciento el objetivo de déficit de las comunidades para este año, mientras que en 2017 será del 0,5 por ciento, en 2018 del 0,3 y en 2019 tendrá que haber equilibrio presupuestario.
Con la nueva senda de déficit, ha apuntado el consejero, Castilla-La Mancha no tendrá que realizar ajustes adicionales ni firmar un acuerdo de no disponibilidad de crédito, tal y como solicitó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por el incumplimiento del déficit en 2015.
Ruiz Molina ha celebrado que, tras mantener varias reuniones con responsables del Ministerio de Hacienda, entre ellos, con el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, para analizar el presupuesto de la Junta para 2016 acordaron que no era necesario que Castilla-La Mancha realizara ajustes.
"Llegaron a la conclusión ellos, yo ya estaba convencido, de que el presupuesto de 2016 no necesitaba acuerdos de no disponibilidad", ha asegurado el consejero, quien ha manifestado por este hecho "la mayor de las satisfacciones".
No obstante, como medida cautelar ante las previsiones de ingresos, dado que el ejercicio presupuestario será inferior al año, acordaron una retención de crédito por importe de 25 millones de euros.
Se ha referido también al informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que cifra en 79 millones de euros el ajuste presupuestario que debería hacer Castilla-La Mancha y ha explicado que también lo analizó con los responsables del Ministerio y "parece ser que la AIReF no contaba con toda la información del presupuesto de la comunidad".
El presupuesto de la Junta para 2016, ha insistido el consejero, "está en condiciones" de cumplir el objetivo de déficit del 0,3 por ciento del PIB y, una vez que este se ha elevado al 0,7 por ciento, hay "mayor relajación".
Así, ha explicado que el complemento del déficit, cifrado en unos 140 millones de euros, "va a ir a gasto social" y, aunque aún no han definido las inversiones concretas, ha recalcado que uno de los objetivos principales del presidente regional, Emiliano García-Page, es poner fin a los "barracones" en la educación.
Preguntado por la propuesta del PP de que ese dinero vaya destinado a pagar a los empleados públicos la parte de la paga extraordinaria de 2012 que la Junta les debe, el consejero se ha remitido al acuerdo firmado con los representantes de los trabajadores.
Según este acuerdo, el 50 por ciento pendiente de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 se abonará en dos veces, el 25 por ciento nada más aprobarse el presupuesto de la Junta de Comunidades para 2016 y el otro 25 por ciento en octubre si se está al día en el cumplimiento del objetivo de déficit o en todo caso en enero de 2017.
Por otra parte, Ruiz Molina ha explicado que Castilla-La Mancha decidió abstenerse en el nuevo reparto de déficit porque, por un lado, "consideró que era lógico que ese incremento se repartiera entre pensiones y comunidades autónomas", pero no podían votar a favor al estar en contra del reparto que se realizó en julio "entre los diferentes niveles de la Administración".
LEY TRIBUTARIA QUE ACOMPAÑA AL PRESUPUESTO
Por último, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha pedido al Grupo Parlamentario Popular que "reconsidere su postura" y apoye el proyecto de ley de Medidas Administrativas y Tributarias que se volverá a someter a votación en las Cortes regionales el próximo jueves.
Ruiz Molina se ha referido al próximo pleno del Parlamento castellano-manchego en el que se reanudará la sesión plenaria del 22 de abril con el fin de aprobar esta ley, que no se votó de manera completa tras la polémica generada en la votación.
El consejero ha recalcado que, "con independencia de los errores cometidos en el proceso de votación", el proyecto de ley de Medidas Administrativas y Tributarias que acompaña al presupuesto de la Junta para 2016 es "muy importante para esta región".
Ha destacado que la normativa elimina "las tasas que gravaban a los dependientes", que él denomina "las tasas de la vergüenza", y "contiene también la recuperación de derechos de los funcionarios, las vacaciones y los días de libre disposición".
"Es muy importante aprobar la ley de Medidas Administrativas y Tributarias para que entre en vigor el plan de rescate ciudadano que está regulado en la ley de Presupuestos y también en ésta", ha añadido el consejero, quien ha recordado que se trata de un plan de 629 millones euros, 129 millones más de los que se comprometieron con Podemos en el acuerdo de investidura.
Con todo, ha dicho que espera que el PP vote a favor porque la ley "afecta a los dependientes, a los funcionarios y a los más vulnerables, a aquellos que peor lo están pasando con la crisis" y a los que intentan "resolver sus problemas con carácter de urgencia a través de ese Plan de rescate ciudadano", ha concluido.
