El Gobierno de Castilla-La Mancha estudia modificar la actual Ley de Caza, aprobada en 1993, e introducir importantes modificaciones, para actualizar esta legislación vigente a la nueva realidad que demanda el sector cinegético de la Comunidad Autónoma.
La consejera de Agricultura, María Luisa Soriano anunció esta futura reforma legislativa, en el marco de los actos de celebración del Día de la Caza, desarrollados recientemente en Tomelloso (Ciudad Real).
Según anunció la titular de esta cartera del Gobierno regional, la reforma buscará adecuar algunos conceptos a las actuales normativas nacionales y comunitarias sobre la actividad cinegética, y suprimir trámites administrativos y burocráticos, agilizar los servicios de la Consejería relacionados con este sector, e impulsar esta actividad económica “estratégica” para el conjunto de la Comunidad Autónoma.
El sector cinegético genera alrededor de 6.500 empleos en puestos directos de trabajo y 1,6 millones de jornales, con un volumen de negocio de más de 600 millones de euros al año. La superficie destinada a la caza en Castilla-La Mancha abarca más de 7 millones de hectáreas, de la que 4 millones son de caza menor y algo más de 3 millones para caza mayor.
La caza es uno de los pocos motores capaces de generar riqueza en las zonas rurales más deprimidas, y puede ser fuente de empleos estables y cualificados, tanto por cuenta ajena como a través del autoempleo, siendo una actividad implantada y con arraigo en las cinco provincias.
Este anuncio legislativo, viene impulsado por algunas acciones llevadas a cabo por la Consejería de Agricultura, como crear el I Curso Especializado en Empleo del Sector Cinegético, y especialmente tras la polémica que ha suscitado el plan que baraja el Ejecutivo autonómico para vender montes públicos del catálogo regional.
Además de la oposición frontal de la mayoría de agentes sociales, como los grupos ecologistas, los sindicatos mayoritarios, agentes forestales, y partidos políticos, las asociaciones de cazadores han transmitido la necesidad de que el Gobierno regional consensue esta reforma legislativa como ha sido el caso de ATICA CLM (Asociación de Titulares de Cotos, Cazadores y actividades afines al sector cinegético) y APROCA (Asociación de Propietarios de la Actividad Cinegética en Zonas Rurales).
