La Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha está elaborando un documento sobre planificación del sector del vino, que propone limitar a 30.000 kilos por hectárea el rendimiento del viñedo, con el objetivo de garantizar la calidad del producto final.
El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha informado de la elaboración de este documento durante un desayuno informativo en Toledo, al que han acudido unos doscientos representantes de los sectores agrícolas y medioambientales.
Martínez Arroyo ha indicado que la Consejería lleva un año "hablando con todo el sector" para elaborar la planificación del sector del vino y ha indicado que "lo ideal" sería que para la próxima vendimia, que comenzará en agosto o septiembre de este año, ya se pudiera aplicar un documento consensuado con el sector, y para el que la Consejería propone limitar el rendimiento del viñedo a 30.000 kilos por hectárea.
"Espero que el sector acoja la propuesta favorablemente, porque es un mensaje positivo que se da a los consumidores y a los mercados, de que se ofrece un modelo de calidad", ha confiado el consejero.
Otra de las medidas en que está trabajando la Consejería de Agricultura es la convocatoria para la incorporación de jóvenes al campo y ha explicado que, si bien espera resolver los expedientes que aún quedan pendientes de la convocatoria de 2016 cuanto antes, ha detallado que el objetivo de la Consejería es que prácticamente la siguiente convocatoria de ayudas se solape con la primera y "tener siempre abierta la línea de incorporación de jóvenes, algo parecido al Focal".
En general, ha destacado que una de las premisas con las que trabaja el departamento que dirige es apoyar al agricultor profesional y que con este fin se están aprobando las distintas ayudas de apoyo al sector, en su mayor parte financiadas con la PAC.
Precisamente sobre la repercusión que tendrá el Brexit en la PAC, Martínez Arroyo ha indicado que en la actual "ya no va a suponer cambios", pero ha augurado que sí tendrá repercusión en la que actualmente se ha comenzado a negociar y que comenzará su vigencia en 2021.
Por ello, ha apostado por dar a conocer el mensaje de que "la PAC está muy justificada", sobre todo en lo relacionado con la seguridad alimentaria.
La aprobación de los planes de gestión de las Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA) es otra de las tareas que el consejero ha destacado de la labor de su departamento y ha afirmado que las ayudas voluntarias, de 208 euros por hectárea, propuestas a los agricultores que deseen acogerse a restricciones -como el mantenimiento de rastrojo o el menor uso de productos químicos- están teniendo muy buena acogida.
"No vamos a hacer planes de gestión que perjudiquen al sector agrícola en Castilla-La Mancha", se ha comprometido el consejero de Agricultura, que ha insistido en la obligatoriedad de su aprobación, ya que incluso así lo indica una sentencia.
Y otra problemática que se generó antes de que Martínez Arroyo fuera consejero, tal y como ha señalado, fue la convocatoria de ayudas a la agricultura ecológica, una parte de las cuales quedaron sin abonarse debido a la falta de fondos.
"Es una de las cuestiones más tristes desde que soy consejero", ha admitido Martínez Arroyo, que ha tachado de "irresponsabilidad" la situación que se generó y ha recordado que, para que no vuelva a ocurrir, se han incrementado los fondos para estas subvenciones, con 16 millones de euros más al año.
Con todo, ha asegurado que el día que tuvo "un gran dolor de cabeza" fue cuando se originó el incendio de neumáticos en Seseña (Toledo), aunque ha resumido que, en general desde que es consejero "son muchos más los motivos de alegría".
TRASVASE TAJO-SEGURA
En otro orden, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural castellano-manchego ha opinado que el trasvase del Tajo al Segura es "pan para hoy y hambre para mañana" para el futuro sostenible de Murcia y ha apostado por usar las desaladoras.
Martínez Arroyo ha confiado en que las relaciones con la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, sean mejores que en la pasada Legislatura y se ha mostrado confiado en que "las cosas vayan bien".
Sobre la aprobación de trasvases "de manera compulsiva" por parte del Ministerio de Agricultura, el consejero de Agricultura ha calificado esta medida como "pan para hoy y hambre para mañana", aunque ha comprendido que el agricultor murciano considere que esa es la solución porque "necesita el agua en el momento".
Sin embargo, ha insistido en que esas medidas no garantizan "ni el futuro ni el desarrollo sostenible de la agricultura murciana" que, a su modo de ver, deben pasar por el uso de las desaladoras, "unas infraestructuras que ya están hechas y que no se usan".
"No puede ser que las decisiones se tomen mirando sólo a una parte cuando uno representa al todo", ha reflexionado Martínez Arroyo, que incluso ha tachado de "gravísimo error de la ministra" que ésta aprobara la prórroga del decreto de sequía de las cuencas del Júcar y Segura en una reunión que mantuvo "en exclusiva" con Murcia, a pesar de que Castilla-La Mancha tiene el 75 por ciento de la cuenca del Júcar y el 25 por ciento del Segura.
Por ello, ha pedido al Ministerio de Agricultura que la región pueda participar en los procesos de decisión de la políticas de agua.
También ha analizado las cuatro sanciones que ha impuesto la Confederación Hidrográfica del Tajo al Ayuntamiento de Toledo por vertidos al río.
En cambio, ha asegurado que la Confederación Hidrográfica del Tajo es "siempre la responsable" de los vertidos al río, "se produzcan en Castilla-La Mancha, en Madrid o en Extremadura" o por ello ha considerado que el delegado del Gobierno en la región, José Julián Gregorio, "está confundiendo" a los ciudadanos al responsabilizar al Ayuntamiento del estado del río.
Martínez Arroyo ha valorado, asimismo, algunas de las medidas impulsadas por el Gobierno regional relacionadas con el agua, como el acuerdo alcanzado en torno al regadío en las pedanías de Cancarix y Agramón, de Hellín (Albacete), después de que la justicia considerara nulo el decreto que regulaba estos regadíos.
Y se ha mostrado convencido de que 2017 será el año en que se regularicen los pozos del Alto Guadiana, pues ha afirmado que "el Ministerio es consciente de que tiene que dar ya una solución".
SELLADO DEL AMIANTO DE TOLEDO
Por último, la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural tiene previsto sellar los restos del amianto del barrio de Santa María de Benquerencia de Toledo en el primer semestre de este año, unos trabajos que la Administración va a intentar que paguen los propietarios de las parcelas.
Martínez Arroyo ha abordado esta cuestión durante el turno de preguntas durante el desayuno informativo, en el que ha lamentado en varias ocasiones que la política medioambiental "ha estado abandonada" en la región durante la pasada legislatura.
El consejero ha detallado, en cuanto a la problemática del amianto, que se ha "afrontado muy bien" por parte del Gobierno regional y del Ayuntamiento de Toledo, que han hecho "un esfuerzo muy grande" por dar una respuesta a este problema que "tenían antes los ciudadanos de Toledo y que se va a resolver ahora".
En este sentido, ha recordado que el Ejecutivo castellano-manchego se ha puesto en contacto con todos los propietarios de las parcelas en las que se han encontrado restos de amianto y que está a la espera de que contesten los últimos particulares.
En cualquier caso, se ha comprometido a llevar a cabo las recomendaciones formuladas por la empresa pública Emgrisa, que en un informe encargado por el Ayuntamiento de Toledo aconseja el sellado del amianto.
"Que no queda duda de que se va a sellar el amianto en Toledo", ha sostenido el consejero de Agricultura, que ha puesto de plazo el primer semestre de este año para llevarlo a cabo, si bien ha recordado que "los estudios demuestran que el amianto no está generando ningún problema".
Sin embargo, ha lamentado que este tema haya saltado al debate político, a pesar de ser una cuestión técnica y ha opinado que "no es razonable hablar de cuestiones técnicas desde perspectivas políticas".
En cuanto a quién sufragará el sellado del amianto, Martínez Arroyo ha afirmado que la Consejería "va a intentar que paguen los particulares", aunque si no se logra, "lo hará el Gobierno".
En este sentido, ha recordado que el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el Plan Integrado de Gestión de Residuos de la región que, entre otras cuestiones, solicitará un aval a las empresas que comiencen a operar en la región, para hacer frente a situaciones como la generada con el amianto.
En general, Martínez Arroyo ha reivindicado la importancia de las políticas medioambientales y ha destacado la implantación de un Plan de Biomasa, que permitirá la climatización de edificios públicos con restos forestales, y que ya ha comenzado su puesta en marcha en Cuenca, donde el hospital usa como biocombustible los restos de poda forestal.
También ha recordado que ya ha comenzado la tramitación en las Cortes de la ley que, en la práctica, impedirá el fracking en la región, y que se ha aprobado la ampliación de la declaración de la Red Natura 2000 de la Laguna de El Hito, que supone la paralización de la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca).
"Creo que lo hicimos muy bien", ha valorado el consejero de Agricultura, que también ha propuesto la recuperación de la oficina contra el cambio climático.
