El agente del Cuerpo Nacional de Policía instructor de las diligencias y coordinador de las actuaciones llevadas a cabo en el seno de la 'Operación Brutus' ha aseverado que, a la luz de las intervenciones telefónicas practicadas entre noviembre y diciembre de 2009, al menos uno de los acusados "movía los hilos y el resto iba cumpliendo órdenes", de lo que ha colegido la existencia de una cierta "estructura piramidal, así como que se servían de ciertos menores para la comisión de delitos".
Por estos hechos, están siendo juzgados desde este miércoles en el Juzgado de lo Penal número 1 de Cuenca J.M.P.G., R.C.T., D.A.C.M. V,J.C.M., C.D.U., A.P.F. y J.M.S.O. por asociación ilícita, amenazas, detención ilegal, falta de lesiones, robo con violencia o lesiones.
Entre ellos, J.M.O.G., quien, tras haber sufrido un supuesto asalto y agresión en su domicilio de Cuenca capital por parte de tres de los acusados el 5 de noviembre de 2009, denunció ante la Policía Nacional la existencia de un "grupo organizado de personas que le estaba obligando a cometer delitos", a lo que él se prestó hasta que cumplió la mayoría de edad.
En la misma línea, la agente que le tomó declaración tras dicha presunta agresión, ha declarado que encontró a la víctima "muy asustada y con muchísimo miedo" y que admitía "no aguantar más", ya que no era la primera vez que había tenido un enfrentamiento con ellos, a los que conocía "perfectamente y no dudó ni un momento".
Junto al asalto a su domicilio, que desencadenó su confesión, J.M.O.G. habría confirmado hasta un total de 9 ilícitos penales en los que estarían involucrados los integrantes de la presunta banda, de los que, a juicio del instructor, no podría haber tenido conocimiento de no haber participado de forma directa o haber tenido información, dado que todo su testimonio "tenía ciertos visos de realidad".
Entre los más graves, la supuesta detención ilegal que habría sufrido el propio J.M.O.G. en septiembre de ese mismo año, cuando habría sido trasladado en vehículo hasta la localidad de La Frontera para ser obligado a delinquir, "a lo que él se niega, escapando de sus captores". Declaración que, no obstante, contradice a la que, presuntamente, habría realizado en el puesto de la Guardia Civil de Priego el mismo día de los hechos.
Asimismo, también les imputaba varios robos con violencia, por lo que, a raíz de sus declaraciones, la Policía Judicial solicita, el día 10 de noviembre, varias intervenciones telefónicas que se prolongaron desde el día 10 de noviembre y por espacio de un mes y que se completaron con vigilancia, seguimientos y registros en los domicilios de aquellos acusados que estaban independizados.
Entre los delitos que J.M.O.G. atribuía a los acusados, también se enjuicia la supuesta extorsión y robo a varios inquilinos de un inmueble de la calle Santa Teresa de Cuenca capital, a quienes, debido al "miedo" que tenían de salir a la calle, varios agentes del CNP toman declaración en su propio domicilio y en la que identifican a varios de los acusados que, presuntamente, les habrían agredido con una barra extensible para, posteriormente, continuar exigiéndoles dinero.
Dos de las víctimas, hermanos, han asegurado haber entregado 200 euros para que les dejaran "tranquilos" e incluso decidieron cambiar de residencia y solicitar una orden de alejamienot.
Sin embargo, un compañero de los anteriores ha desmentido esa versión admitiendo que vio la cara a los tres agresores y "no los conocía de antes", así como que fue la policía quien le coaccionó para que delatara a los ahora acusados.
La misma versión ha aportado otro de los testigos, que, ha negado, tal y como declaró en su momento, que la policía le llevó "a la fuerza" para tomarle declaración por un supuesto robo que habría sufrido en su propio domicilio con la amenaza de que, "si no decía eso, me metían en la cárcel".
Preguntados por si J.M.O.G. era informante habitual de la policía, todos los agentes lo han negado, ya que solo le conocían por los delitos que había cometido como antiguo "ladroncete".
Entre los 25 testigos llamados a declarar este viernes también han testificado familiares de los acusados, que han ratificado sus versiones, así como la hermana, una tía y el padre del fallecido, quienes han corroborado la agresión que sufrió el 5 de noviembre, aunque su padre ha afirmado que era un chaval "bastante rebelde".
El Ministerio Fiscal pide para ellos penas de entre dos meses de multa y cinco años de prisión por cada uno de los cargos que se les imputan.
El juicio, cuya segunda sesión se ha prolongado durante toda la jornada y ha comenzado tras la firma, por parte de la juez, de una orden de busca y captura contra D.A.C., que no se ha personado, continuará el 5 de mayo con la declaración de un médico forense, tres testigos más y la práctica de la prueba de las escuchas.
