El Ayuntamiento de Cuenca va a decidir en un Pleno Extraordinario durante este mes de agosto si continúa suscrito al convenio de Servicios Sociales acordado con la Junta o realiza la devolución de las competencias al órgano de esta tras "los graves perjuicios" que afirma que está causando en determinados servicios de este ámbito por "el retraso de ocho meses" en firmar los cinco acuerdos que tiene con el Consistorio.
"Este retraso está provocando un grave perjuicio a los usuarios, a trabajadores y al Ayuntamiento que, por ejemplo, no puede sacar a licitación la prestación de los servicios", ha denunciado el Consistorio en una nota de prensa en la que critica el cambio "unilateral" en las condiciones de este convenio que "ha realizado el Gobierno presidido por Emiliano García-Page".
En este sentido, han señalado que algunos programas, como el Plan Local de Inserción Social (PLIS) "ni siquiera han comenzado, habiendo transcurridos ocho meses de 2017, así como tampoco el Plan Concertado". "Sin embargo, la Ayuda a Domicilio a unas 280 personas mayores y dependientes, se presta por el Ayuntamiento sin un convenio de delegación ni aporte económico del Gobierno regional", ha agregado.
Esta decisión de llevar a Pleno la continuidad o no en la adhesión al convenio, explica el Ayuntamiento, ha sido tomada tras haber recibido los informes jurídicos y de la intervención.
CONDICIONES
El nuevo convenio con la Junta establece una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022; 5 años, con posibilidad de prórroga por un período de hasta 4 años, teniendo efectos económicos desde el 1 de enero de 2017, dado el carácter de continuidad del servicio que se presta, mientras que años anteriores se renovaba anualmente.
"Sorprendentemente, se señala en la cláusula decimocuarta que con carácter anual se procederá a actualizar el importe de los convenios mediante un anexo, en el que se establecerían las cuantías actualizadas para cada ejercicio, estando sujeto a la condición en cada ejercicio de existencia de crédito", ha explicado el Consistorio.
"Como consecuencia de esta inacción del Gobierno de Castilla-La Mancha no se dispone de créditos y, por lo tanto, el Ayuntamiento ha seguido prestando los servicios sociales afectados sin convenio que habilite a prestar una competencia de la Junta de Comunidades ni recibir ningún tipo de ayuda económica de la institución de la que son competencia de la Comunidad Autónoma, y asumiendo todas las cargas", ha afirmado.
Entre ellos, ha mencionado el Plan Local de Integración Social, "del que la Junta es responsable del 80 por ciento, o la Ayuda a Domicilio y el Plan Concertado, a los que debe aportar el 74 por ciento y el 30 por ciento del importe total, respectivamente".
