Sindicatos Ayuntamiento de Alcázar anuncian que recurrirán los presupuestos de 2016

Los representantes de los trabajadores en el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) han anunciado que recurrirán los presupuestos de 2016 por la vía judicial, si no son aceptadas las alegaciones que presentarán a la Junta de Gobierno Local, órgano que los ha aprobado inicialmente.

Las cinco centrales sindicales han vuelto a reclamar "negociación", en especial de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que ha sido modificada con la amortización de 15 plazas de promoción interna en servicios como la Recaudación, OMIC, Personal, Secretaría o vacantes de los organismos autónomos, entre otras. Además piden que se contemple el plazo de devolución de la paga extra que se les retiró a los empleados públicos en el año 2012.

Los sindicalistas han asegurado que "no se pueden aprobar legalmente los presupuestos" sin contar con el "acuerdo" de los representantes de los trabajadores, en especial en los aspectos recogidos en relación a la RPT, tras "vulnerar" su derecho a la negociación.

En respuesta a las declaraciones realizadas en los últimos días por la alcaldesa, Rosa Melchor, relativas a la posición de "privilegio" de los empleados públicos, comparándola con la situación por la que atraviesa un gran número de la población alcazareña; los sindicatos apuntan que "también somos alcazareños y no es cierto que seamos unos privilegiados, porque hemos accedido a nuestros puestos de trabajo por concurso público u oposición y hemos sufrido en los últimos tiempos los recortes del más del 30 por ciento de nuestros salarios".

Según han indicado, hasta el momento no se ha puesto en contacto con ellos la alcaldesa para empezar a negociar y han mostrado su desconfianza en que esto vaya a suceder, máxime cuando se acercan ahora fechas complicadas en cuanto a elecciones, fiestas varias y período vacacional.

Los representantes de los trabajadores han insistido en que se ha modificado la RPT "sin negociar", amortizando 15 plazas en servicios como el de Recaudación, OMIC, Servicios Sociales, Secretaría, Personal y vacantes de organismos autónomos.

En cuanto a la Recaudación han dicho tener la sensación de que "quieren desmantelar el servicio", ya que desde las organizaciones sindicales han demandado una mayor dotación de personal y recursos para el mismo, y han recordado que "no estamos en contra ni de los Planes de Empleo, ni del grueso general de los Presupuestos. Sólo pedimos que se respete nuestro derecho a la negociación".

Otra de las críticas que realizan es que se haya incluido la partida que el Ayuntamiento destinará a Planes de Empleo, un total de 137.000 euros, en el Capítulo I de Personal, cuando estiman que debería reflejarse o en el Capítulo II o en el VI, relativos a gastos e inversiones. "Al contemplarse en el Capítulo I supone que se tengan que amortizar las plazas señaladas. La partida de los Planes de Empleo no puede salir de la estructura municipal". Por parte del equipo de Gobierno, defienden que esta partida debe "salir siempre" del Capítulo de Personal, otra cosa son las remitidas desde otras instituciones como Junta de Comunidades o Diputación Provincial, que se contemplan en apartados distintos.

Por último, los sindicatos consideran que la forma de proceder de alcaldesa y equipo de Gobierno "atenta contra la dignidad de los empleados públicos" y los "desprecia". También creen que "no ha tenido en cuenta" que las cinco organizaciones sindicales con representación en el Ayuntamiento (UGT, CCOO, CSI-F, SAP y el Sindicato policial) se "oponen" a su decisión y afirman que "creemos que en realidad lo que no quieren es negociar", han concluido.

Por estos motivos, los sindicatos piden que "se convoque inmediatamente la Mesa General de Negociación" y se mantienen en su postura de "recurrir" los presupuestos, primero por la vía administrativa ordinaria, a través de la presentación de alegaciones que, de no ser admitidas, les llevará a iniciar la vía contenciosa. "Sólo estamos defendiendo nuestros derechos y pidiendo una negociación colectiva. No queremos iniciar ninguna guerra, ni creemos que sea coherente hacernos responsables de cuestiones que tan sólo competen a la gestión política. Pedimos que se cumpla la Ley".

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