La Audiencia Provincial de Albacete ha fijado para mañana, miércoles, el juicio a seis personas acusadas de conformar una banda criminal dedicada al tráfico de cocaína.
El grupo contaba con un laboratorio de manipulación ubicado en una vivienda en Madrid y varios procesados hacían viajes hasta la capital albaceteña para distribuir la sustancia, hechos que les pueden suponer penas de cárcel de hasta seis años y multas individuales de 60.000 euros.
El juicio se ha programado en la Sección Segunda del tribunal y los acusados son cinco colombianos y un español, con dos mujeres entre ellos, y edades comprendidas entre los 29 y los 48 años, según consta en el escrito de acusación de la Fiscalía.
Dicho documento, divulgado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), explica que los acusados formaban "un entramado" dedicado a "la adquisición, manipulación y adulteración" de cocaína que luego distribuían a traficantes "a pequeña escala", fundamentalmente en Madrid y Albacete, una actividad que hacían "al menos desde diciembre de 2014".
Según la Fiscalía, dos de los acusados, Héctor E.G.O. y Ricardo A.Z.G., ambos colombianos y residentes en Madrid, eran quienes "manipulaban y adulteraban" la cocaína que adquirían, y otros dos procesados, Juan Fernando M.V. -también colombiano- y Mónica MB.G., colaboraban para traer la droga hasta Albacete ciudad.
Para los dos primeros se piden seis años de cárcel y multa de 60.000 euros, y para los dos segundos cinco años y medio y la misma sanción económica.
La lista de procesados la completan los también colombianos Óscar A.G., residente en Madrid, y Natalia I.O., quien en ausencia de Héctor E.G.O., en febrero de 2015, también preparó la cocaína y la distribuyó entre terceras personas, según la acusación y para los que la Fiscalía solicita cinco años y medio de cárcel, sin multa.
El escrito de calificación provisional de los hechos indica que se practicaron varios registros domiciliarios donde se intervinieron diversas cantidades de droga, con sustancias que en total hubieran tenido un valor de 22.500 euros en el mercado ilícito.
Todos los acusados deben responder por un delito contra la salud pública y otro de pertenencia a grupo criminal.
