La comisión de investigación que la Diputación de Albacete creó para la revisión de la oferta pública de empleo (OPE) del año 2009 ha concluido que pudo haber un "modus operandi" para dar "trato de favor" a alguno de los aspirantes.
El informe, dado a conocer hoy en un pleno extraordinario, señala que gran parte de los procedimientos de selección, que se desarrollaron del 2011 en adelante, "han estado lastrados por la falta de respeto a los requisitos básicos o principios rectores del acceso al empleo público".
Ésta es una de las supuestas irregularidades que pone de manifiesto el "Informe de acuerdos, conclusiones y recomendaciones" de la comisión, aprobado con los votos a favor de PSOE, Ganemos-IU y Ciudadanos y el voto en contra del PP.
La Diputación ha anunciado que se personará como acusación particular en cualquier proceso penal que pueda reabrirse o plantearse a la luz de la documentación existente, que se va a poner de disposición de cualquier interesado.
La creación de esta comisión especial fue aprobada en agosto de 2015 y ha venido trabajando hasta junio de 2016, hasta que hoy se han dado a conocer las conclusiones.
El informe pone de manifiesto "un presunto trato de favor en algo tan grave como la obtención de puestos de trabajo en la administración pública de forma irregular", con el consiguiente perjuicio a todas las personas que, "con gran esfuerzo económico, de tiempo y sacrificio personal y familiar, han visto vulnerados los principios de igualdad, mérito y capacidad".
Dice la comisión que, además, hay un "plus de gravedad", ya que existen personas que han perdido su puesto de trabajo como interinos y que fueron despedidos de forma intencionada, para posteriormente volver a contratar a otras personas consideradas afines, incluidas en las bolsas de sustituciones resultantes de la oposición, en los mismos puestos que antes ocupaban los interinos despedidos.
Además, asegura haber constatado "que se han producido modificaciones en algunas bases respecto a convocatorias anteriores para las mismas plazas" de tal forma que "podría considerarse que, presuntamente, se estaban adecuando las bases a unos determinados perfiles de unos determinados aspirantes".
Se tacha de "reprobable" que se exija en la convocatoria estar en posesión de titulaciones accesorias o irrelevantes para el desempeño de la plaza, cuando se tiene la sospecha que las mismas solo las poseen unos determinados aspirantes, lo mismo que exigir requisitos de acceso innecesarios.
Respecto a la composición de los tribunales el informe recuerda que el nombramiento de muchos de los componentes dio lugar a varios escritos de recusación e impugnación por parte de los sindicatos o que no se ha cumplido la paridad de género en su composición.
"Se permitió por acción, por omisión o por desconocimiento, que figurasen, como personal colaborador de un determinado tribunal de un proceso selectivo, funcionarios con familiares que opositaban al mismo", expone el texto.
La comisión se ha reunido en 36 ocasiones, se han analizado 32 procesos selectivos diferentes incluidos todos ellos en la oferta pública de empleo del año 2009, de los que dos fueron suspendidos por orden judicial y tres quedaron desiertos.
En el proceso se ha contado con el testimonio de 14 personas entre miembros de tribunales y opositores, además de conocer y estudiar varios informes, tanto escritos como verbales, de técnicos de la propia Diputación Provincial y de la Universidad de Castilla-La Mancha.
El documento final de Acuerdos, Recomendaciones y Conclusiones, quedó aprobado con los votos favorables de los representantes en la Comisión de los sindicatos CCOO, UGT y SPPLB; los grupos políticos de Ciudadanos, Ganemos-IU y PSOE y con los votos en contra de CSIF y Partido Popular.
Cuando se convocaron las oposiciones estaba como presidente de la Diputación Provincial de Albacete el popular Francisco Núñez, alcalde de Almansa y ahora también diputado regional.
