La Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea ha desvelado que semanas antes de producirse el incendio del cementerio de neumáticos de Seseña ya inició una investigación de oficio para interesarse por su situación, y tras una petición de información a España está elaborando un informe que verá la luz en torno al mes de octubre y en virtud del cual se decidirá si pedir sanciones por la gestión del vertedero ante el Tribunal Europeo.
Así lo han explicado los directores generales de Medio Ambiente y Residuos de la Comisión de Medio Ambiente, Daniel Fernández y Madalina Caprusu, en el transcurso de una reunión mantenida con el secretario general de Podemos Castilla-La Mancha, José García Molina, en la sede belga del Parlamento Europeo, donde le han precisado además que las instancias europeas no tienen potestad para amparar la petición de la formación morada para exigir la convocatoria de la Comisión de Investigación en el seno de las Cortes castellano-manchegas.
Fernández, que ha explicado que "es muy raro" que la Comisión Europea inicie de oficio este tipo de investigaciones, ha subrayado que estas investigaciones no surgieron a raíz de denuncias ni de preguntas parlamentarias, al tiempo que ha reconocido que el eco en prensa internacional de la situación del vertedero antes de las llamas incentivó iniciar las peticiones de información al respecto.
Según ha dicho, se consideraba "una amenaza" al tratarse del "mayor vertedero ilegal de neumáticos de Europa", si bien la intención de la Comisión siempre es encontrar soluciones "horizontales" no y no centrarse en casos concretos.
EL INFORME, EN OCTUBRE
Ahora, el trabajo se centra en analizar la documentación entregada por parte de España a petición de la Comisión de Medio Ambiente, una fase negociadora de la que no se pueden relevar datos por el derecho del país miembro a la confidencialidad en este punto del proceso.
En el mes de octubre estará listo el informe de la Comisión, sobre el que se basará la decisión de si elevar a los tribunales europeos el caso para que tome las medidas necesarias, siempre encaminadas a subsanar posibles irregularidades. Esta decisión sería tomada finalmente por la totalidad de los comisarios europeos.
En este punto, ha reconocido que el hecho de que el cementerio de neumáticos ya haya desaparecido y se haya procedido a limpiar la finca puede hacer que el proceso no siga adelante, independientemente de la mala gestión de los últimos años.
El caso de Seseña sí que puede ser utilizado por la Comisión como paradigma para demostrar "que en España hay una práctica generalizada" en este tipo de vertederos y que "hay infracciones conocidas por las autoridades y no se toman las medidas oportunas".
Este proceso de "intercambio de información" entre la Comisión y España "sirve para intentar solucionar los problemas de una forma amistosa". Tras este punto, toca estudiar si se abre un procedimiento de infracción, algo que se prolongará en el tiempo y cuya resolución podría retrasarse hasta 2018.
DESPUÉS DEL INCENDIO
La Comisión estará vigilante ante la situación del vertedero toda vez que han desaparecido las ruedas, y se evaluará igualmente en el informe "cómo se han llevado las condiciones de acondicionamiento y sellado" de la finca, y sobre esas bases, "se tomarán decisiones".
"Ahora intentamos construir un caso para evitar que se repitan situaciones irregulares y escandalosas como esta. Va a ser complicado de ganar, y en caso de hacerlo sería sólo una sentencia declaratoria, teniendo en cuenta que el cementerio ya no existe", ha indicado, reconociendo que la "dificultad" del caso es que "ya no existe cementerio" y añadiendo que cuando el tribunal tiene que pronunciarse para este tipo de sentencias a veces es "reticente" por su poca efectividad y exigencia de recursos.
De su lado, Madalina Caprusu ha puntualizado que después del incendio también se ha pedido información a España sobre las medidas adoptadas para proceder a la limpieza del espacio afectado.
Ha asegurado que la primera respuesta desde las autoridades españoles "fue demasiada amplia" y por lo tanto "imprecisa", ya que remitieron "varios miles de páginas".
La intención ahora es "averiguar si todas las regiones de España" cumplen las normativas europeas en este sentido o si por el contrario el caso de Seseña es muestra de "un problema generalizado", por lo que se van a identificar todos los posibles vertederos de este tipo que hay en el país.
Lo que sí han dejado claro los dirigentes de la Comisión de Medio Ambiente es que entre sus competencias no está urgir a las Cortes de Castilla-La Mancha a poner en marcha la Comisión de Investigación constituida en julio del año pasado, aunque sí se han mostrado sorprendidos por el hecho de que esté inédita casi un año después de su puesta en marcha.
PODEMOS NO DESCARTA LA VÍA JUDICIAL PARA QUE SE CONVOQUE LA COMISIÓN
Por su parte, el secretario general de Podemos Castilla-La Mancha, José García Molina, ha avanzado que no descarta la vía judicial para intentar que se convoque la Comisión de Investigación sobre el incendio en el Parlamento autonómico.
Así se ha pronunciado en declaraciones a Europa Press momentos después de reunirse con los representantes de la Comisión de Medio Ambiente en el Parlamento Europeo.
Después de que los directores generales de Medio Ambiente y Residuos de la Comisión hayan informado a Podemos de que no tienen potestad para urgir al Parlamento regional a poner en marcha la investigación solicitada por la formación morada, García Molina ha reconocido que la vía judicial "nunca le ha gustado" para solucionar "problemas políticos", si bien ha dicho que esta "puerta" es "la más directa" para conseguir su cometido.
De la reunión, García Molina ha considerado que "se pueden extraer dos conclusiones", por un lado la actuación de oficio, "algo extraordinario" motivado por la "magnitud" del cementerio; y otra la "sorpresa y estupefacción" que a su juicio han mostrado desde la Comisión de Medio Ambiente por el hecho de que no se haya impulsado todavía la investigación en el Convento de San Gil.
