PP: 'Si no se cumple la Ley en los trasvases'la responsabilidad de exigir es de la Junta'

De otro lado, el PP señala que “Page es el enemigo número uno de Villar de Cañas y su entorno, al negar una inversión de 1.000 millones que generará 1.000 puestos de trabajo”; y califica la modificación de la Ley de RTVCM "de ilegal e inconstitucional"

La portavoz del PP de Castilla-La Mancha y senadora, Carmen Riolobos, durante la rueda de prensa que ha ofrecido en el Parlamento regional
photo_camera La portavoz del PP de Castilla-La Mancha y senadora, Carmen Riolobos, durante la rueda de prensa que ha ofrecido en el Parlamento regional

El PP de Castilla-La Mancha ha mantenido que defiende "el agua en cantidad y calidad suficiente para Castilla-La Mancha" tras conocer el trasvase de 20 hectómetros cúbicos del Tajo al Segura autorizado por el Gobierno central, manifestando que "si no se cumple la Ley, la responsabilidad de exigir que se cumpla es del Gobierno regional".

La portavoz 'popular' en la región, Carmen Riolobos, a preguntas de los medios en una rueda de prensa en el Parlamento regional, ha insistido en que se observe "la legalidad" y ha pedido al Ejecutivo castellano-manchego que, en caso contrario, "pida que se cumpla".

Riolobos ha afirmado que su partido quiere "el agua para los castellano-manchegos", reiterando que es el Gobierno autonómico "el que tiene la obligación de decir si no se sigue la legislación".

"Castilla-La Mancha es una cuenca cedente y por lo tanto es prioritario que se cumpla la ley a rajatabla", ha añadido la también senadora.

ATC EN VILLAR DE CAÑAS

En otro orden, Riolobos ha señalado que el presidente de la Junta, Emiliano García-Page, “es el enemigo número uno de Cuenca, de Villar de Cañas y de todos los municipios de la zona, al negar una inversión de 1.000 millones de euros, que generará riqueza, desarrollo y 1.000 puestos de trabajo”.

La portavoz 'popular' ha denunciado que García-Page “pone en peligro la economía de los bolsillos de todos los españoles”, haciendo alusión a las palabras del ministro de Industria de que si no se realiza el ATC de Villar de Cañas (Cuenca) en tiempo y forma, subirá el recibo de la luz un 30% a todos los españoles.

Para la portavoz popular “la manera torticera en la que García-Page está utilizando la legislación medioambiental con criterios políticos y no técnicos perjudica a los ciudadanos, a los que está negando que se cree empleo y riqueza en la comarca".

En este sentido, la senadora por Toledo ha recordado cuando Page, siendo vicepresidente del Gobierno, para poder dar `el pelotazo del aeropuerto de Ciudad Real´ utilizó la legislación medioambiental para trasladar la zona ZEPA (Zona Especial de Protección de Aves) del aeropuerto a Gerindote (Toledo).  "Ahora, Page ha decidido ampliar la zona ZEPA integrada en una red natural europea de sus actuales 1.000 hectáreas a 25.000 en la zona de Villar de Cañas", ha resaltado la dirigente.

Riolobos ha recordado que el Consejo de Seguridad Nuclear aprobó conceder la autorización previa de las obras de construcción del ATC de de Villar de Cañas, "por lo que el mayor órgano regulador de la seguridad nuclear en España ha dado el visto bueno al emplazamiento del ATC", ha resaltado.

LEY DE RTVCM

De otro lado, la portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha ha calificado la modificación de la Ley de RTVCM "del bipartito Page-Podemos de ilegal e inconstitucional, saltándose todos los procedimientos reglamentarios".

Riolobos, en relación con la modificación de la Ley de RTVCM que se llevó este jueves al Pleno de las Cortes regionales, ha denunciado que “se trata de un escándalo propio de una República venezolana”.

De este modo, la dirigente popular ha reprobado "los graves incumplimientos del Reglamento de las Cortes regionales e ilegalidades en la tramitación y en el fondo de la proposición de Ley" que afecta al Ente Público.

Así, ha denunciado que la Mesa que se reunió este jueves, "lo hizo minutos antes de la sesión plenaria, por lo que se celebró de forma ilegal, sin haberse convocado reglamentariamente, solo con una llamada de teléfono veinte  minutos antes del Pleno. Además, la Junta de Portavoces ni siquiera se convocó, que es la que fija el Orden del Día de todos los plenos".

Por ello, el GPP, "ante estas ilegalidades", ha presentado en las Cortes regionales un recurso de reconsideración del acuerdo de la Mesa de 27 de julio de 2015, porque en este acuerdo se modifica sustancialmente la proposición de Ley relativa a RTVCM y “consideramos que la disposición transitoria única es inconstitucional  porque, al aplicar la norma con efectos retroactivos, restringe las libertades individuales de los consejeros del Consejo de Administración”.

Así, ha explicado que el Consejo de Administración, que ya ha terminado su mandato, continuando en funciones en estos momentos, a partir de la modificación de esta Ley, y de forma retroactiva, "continúa con todas y cada sus funciones".

Según Riolobos, "esta modificación obliga, vulnerando derechos individuales de los consejeros, que sigan con todas y cada una de sus funciones". Por ello, ha indicado que es "una vulneración del artículo 9.3 de la Constitución y del 41.3 del Código Civil, y la Mesa y jurídicamente las Cortes debe dictaminar al respecto".

Según Carmen Riolobos “todo este cúmulo de ilegalidades y de saltarse los procedimientos  de técnica parlamentaria solo se podría justificar por la obsesión de Page con RTVCM”, al tiempo que ha denunciado que “esta sea la urgencia de gobierno que tiene Page, que trae a las Cortes la modificación de la ley de RTVCM, pero no temas que son una prioridad para los ciudadanos, como es el  empleo o acciones que puedan generar crecimiento económico”.

Además de esto, la portavoz popular se ha mostrado sorprendida de la actitud de Podemos, que “hablaba mucho de regeneración y ahora está tragando con todas las acciones que tienen que ver con el mayor oscurantismo que ha habido en la región por el Gobierno de Page”.

Por último, la senadora por Toledo ha asegurado que la nueva directora general del Ente Público viene con `una espada de Damocles´, al ser nombrada a través de una Ley "inconstitucional e ilegal".

Además, la dirigente popular ha asegurado que “estaremos muy pendientes del sueldo de la directora general, para ver si será el tan defendido por Podemos de tres veces el salario mínimo, máxime al conocer, a través de los medios de comunicación, que ha cobrado más que la presidenta de Andalucía, Susana Díaz", ha concluido.

Comentarios