El abogado Eduardo Ranz ha presentado derechos de petición a treinta ayuntamientos de las provincias de Albacete, Ciudad Real y Cuenca, para que elaboren un catálogo de vestigios de la Guerra Civil y la dictadura franquista y retiren cualquier simbología del régimen dictatorial y de su represión.
Ranz ha explicado a Efe que los derechos de petición fueron enviados a mediados de agosto a estos treinta ayuntamientos y ha avanzado que en la primera quincena de septiembre hará lo propio con los municipios de las provincias de Toledo y de Guadalajara en los que hay vestigios que exaltan la Guerra Civil y la dictadura.
Asimismo, ha indicado que tras presentar los derechos de petición, los ayuntamientos tienen un plazo de tres meses para proceder a la elaboración del catálogo y ha adelantado que si en ese periodo no lo hacen o no contestan, interpondrá una demanda por la vía de lo contencioso-administrativo, por incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.
Dos tercios de los derechos de petición han sido presentados en municipios de la provincia de Cuenca, en concreto a los ayuntamientos de Abia de la Obispalía, Alcantud, Almendros, Castejón, El Peral, Huete, La Almarcha, Lagunaseca, Masegosa, Monreal del Llano y Monteagudo de las Salinas.
La lista de ayuntamientos conquenses la completan los de Paredes, Puebla de Almenara, Reillo, Santa María del Val, Solera de Gabaldón, Tarancón, Tejadillos, Villaescusa de Haro y Villagarcía del Llano.
En la provincia de Albacete, Ranz ha presentado los derechos de petición en los ayuntamientos de Casas de Lázaro, Golosalvo, Montealegre del Castillo, Pozohondo y Villarrobledo.
Y en Ciudad Real las peticiones se han formalizado ante los ayuntamientos de San Lorenzo de Calatrava, Socuéllamos, Villanueva de San Carlos y Viso del Marques.
El abogado impulsor de la causa ha insistido en que si estos ayuntamientos no dan respuesta o la respuesta es negativa, dentro de tres meses se emplazará la demanda contra cada uno de ellos por la vía de lo contencioso-administrativo, como él mismo hizo el pasado mes de mayo contra 21 municipios de varias comunidades autónomas.
A raíz de una de estas demandas, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Valladolid dictó una sentencia a finales de junio, en la que obligó al Ayuntamiento de Olmedo (Valladolid) a elaborar un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y a la dictadura.
El juzgado obligó también al Ayuntamiento de Olmedo "a la retirada inmediata de escudos, insignias, placas, derechos y honores u otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación de la sublevación militar y represión de la dictadura".
Ranz ha valorado la rapidez con la que se dictó esta sentencia, que no admite recurso, y aunque "no se puede decir que valga para todos los casos", ha confiado en que prosperen todas las que ha presentado, porque "la fundamentación legal es la misma en todas los derechos de petición y en todas las demandas".
Y ha añadido: "No podemos utilizarlo como precedente porque no lo es, pero si somos optimistas con el resultado del resto de España".
En este sentido, ha recordado que en 2015 presentó derechos de petición y demandas penales contra alcaldes y alcaldesas con nombres y apellidos en toda España, por entender que estaban cometiendo un delito de desobediencia "porque había una ley que no se aplicaba".
Sin embargo, estas demandas se han ido archivando porque el propio Tribunal Supremo entendió "que no había relación a nivel personal, con nombres y apellidos, entre el incumplimiento de la ley y el delito", ha aclarado el letrado.
Por este motivo, ahora ha iniciado la presentación de demandas por la vía de lo contencioso-administrativo, aunque Ranz ha precisado que no se refiere a monumentos sino básicamente al callejero, a nombres de calles, avenidas, plazas y lugares públicos.
Estos espacios llevan nombres inequívocamente relacionados con el franquismo como José Antonio, General Franco, General Moscardó, ha señalado Ranz, que no ha querido ampliarlo de momento a otros nombres no tan identificables porque sería más complejo, ya que tendrían que intervenir historiadores y otros especialistas.
