El único procesado por el triple crimen de Alcàsser, Miguel Ricart, que cumplía condena de 170 años en la prisión de Herrera de la Mancha (Ciudad Real), ha salido este viernes en libertad tras 21 años preso, en aplicación del fallo del Tribunal europeo de Estrasburgo que deroga la doctrina Parot.
La crónica del conocido como "caso Alcàsser" arranca el 13 de noviembre de 1992 con la desaparición de las menores Miriam García, Toñi Gómez y Desirée Hernández, que fueron vistas por última vez cuando iban desde Alcàsser, donde residían, a la discoteca "Color" de la vecina localidad de Picasssent, a la que nunca llegaron.
El 27 de enero de 1993, 75 días después de su desaparición, dos apicultores que caminaban por el paraje de La Romana, de difícil acceso y cercano a la presa de Tous, descubrieron los cuerpos semienterrados de las tres menores y se abrió el conocido como "caso Alcàsser".
Los cuerpos fueron traslados al Instituto Anatómico Forense para realizarles la autopsia, que se inició a las nueve y finalizó a las cinco de la tarde con la conclusión de los forenses de que Miriam, Toñi y Desireé fueron torturadas y violadas antes de morir de un disparo.
Al día siguiente del hallazgo de los cuerpos fueron detenidos varios sospechosos, entre ellos Miquel Ricart, que confesó su participación en los crímenes, y Enrique Anglés, hermano de Antonio, principal sospechoso que había aprovechado un permiso penitenciario para darse a la fuga y desde entonces se desconoce su paradero.
Los platós de las diferentes cadenas de televisión abandonaron sus estudios y se trasladaron hasta Alcàsser, un pequeño pueblo de 7.500 habitantes que aquella noche, según los analistas, dio luz al fenómeno de la "telebasura".
El 30 de enero a mediodía se celebró el triple funeral y ese mismo día fue puesto en libertad Enrique Anglés.
El 4 de abril de ese año, el juzgado de Alzira (Valencia) que instruía las diligencias del caso, levantó el secreto del sumario.
El 12 de mayo de 1997 comenzó el juicio contra Miguel Ricart, conocido como "El Rubio" y único procesado por el triple crimen de Alcàsser.
Tras casi cuatro meses, 49 vistas judiciales y la comparecencia de un centenar de testigos, el 5 de septiembre, la Audiencia Provincia condenó a Ricart a 170 años de prisión por el rapto, violación y asesinato de las tres menores.
La sentencia absolvió al Estado de toda responsabilidad subsidiaria, aunque posteriormente, el 4 de julio de 2005 la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por la concesión en 1992 del permito penitenciario aprovechado por Antonio Anglés para fugarse.
En enero de 2000, el director general de la Policía, Juan Cotino, aseguró que se intensificaban las gestiones con la policía irlandesa para determinar si los restos óseos hallados en el puerto de Dublín pertenecen a Anglés pero en abril del año siguiente la delegada del Gobierno, Carmen Mas, confirmó que las pruebas de ADN lo descartaban.
El 22 mayo de 2011, Ricart hubiera cumplido su pena, sin embargo, la Audiencia de Valencia acordó aplicarle la doctrina Parot solicitada por la Asociación Clara Campoamor, que adjudicaba beneficios penitenciarios sucesivamente a cada condena y no sobre el máximo de 30 años, por lo que su salida se retrasaba hasta 2023.
El junio de 2012, la misma asociación, que ejerció en el juicio la acción popular, reclamó al Ministerio del Interior que reactivara la búsqueda de Antonio Anglés ya que no creían que estuviera muerto sino que residía en Brasil.
A punto de cumplirse 20 años del crimen, en noviembre de 2012, el juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Alzira pidió a las partes que se pronuncien sobre la prescripción de la acción penal contra Antonio Anglés, considerado el autor material del triple crimen y en paradero desconocido.
A principios de abril de 2013, el fiscal jefe del área de Alzira, Javier Roda, señaló en un informe que los delitos de Anglés no se encontraban prescritos y que por tanto no se ha extinguido su responsabilidad, conclusión con la que coincide la asociación Clara Campoamor, que se había pronunciado al respecto tres meses antes.
El 21 de octubre de 2013, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos anuló la doctrina Parot, al hacer pública una sentencia favorable a la presa etarra Inés del Río Prada, una decisión que ha activado la salida de prisión en España de violadores, asesinos y presos etarras.
En los días siguientes, la Audiencia de Valencia pidió al centro penitenciario donde está ingresado Miguel Ricart información sobre la liquidación de su condena para estudiar cómo le afectaba el fallo que deroga la doctrina Parot y a las partes que se pronunciaran.
En respuesta, la Fiscalía aseguraba que no se opone a la excarcelación de Ricart frente a las tesis de la acusación particular que ejerce Rosa Folch, madre de una de las tres niñas asesinadas, y la acción popular de la asociación Clara Campoamor.
Tras recibir el pronunciamiento de las partes, la Audiencia de Valencia ha acordado hoy la puesta en libertad de Ricart, el único procesado por los crímenes de Alcàsser.
