La Ley que permite la simplificación de los procedimientos administrativos con la Junta y establece el silencio positivo como norma básica continúa su tramitación tras aprobarse en la Comisión de Asuntos Generales de las Cortes una enmienda del PSOE de las cinco que se han debatido.
En la comisión, celebrada este jueves y en la que se ha designado como ponente de la ley en el pleno de las Cortes al diputado popular José Manuel Latre, se debatieron y votaron las cinco enmiendas socialistas, de las que cuatro han sido rechazadas con los votos del PP y una, de carácter formal, salió adelante por unanimidad.
Tras este trámite, el proyecto de ley de adecuación de procedimientos administrativos y reguladora del régimen general de la declaración responsable y comunicación previa ya podrá ser debatido y votado en el pleno de las Cortes, debate para el que se mantienen vivas las enmiendas socialistas rechazadas en la comisión.
Esta norma posibilita reducir el número de procedimientos de los ciudadanos con la Junta en un 43 por ciento, ya que pasan de 209 a 112, para lo que se han eliminado los que ya estaban desfasados u obsoletos y se han sustituidos por otros contemplados en normativas actuales.
Además, se reduce el silencio negativo en un 58 por ciento y se rebaja de 48 a 9 los procedimientos que tienen un plazo de conclusión superior a seis meses, si bien, en general, los plazos se reducen en más de 50 procedimientos.
El diputado del PP Vicente Giménez destacó que se trata de una ley dirigida a "simplificar y eliminar trabas a los ciudadanos" con el fin de hacer "una administración más cercana".
Por ello, tendió la mano al grupo socialista para que la ley pueda ser aprobada por unanimidad en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha.
Por su parte, el diputado del PSOE Luis Santiago Tierraseca se mostró dispuesto a apoyar la ley, pero defendió las enmiendas de su grupo que, según afirmó, tienen como fin "mejorar el proyecto", pues a su juicio está en parte "desestructurado".
Entre las enmiendas, el PSOE propone que la presente ley entre en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, si bien el PP rebatió que su entrada en vigor tiene un "carácter urgente".
El resto de enmiendas socialistas tienen en general un carácter formal, aunque a juicio del PP no mejoran el proyecto.
