‘Ley Mordaza’: tercera derrota de un Gobierno en minoría en tres semanas

La LOMCE, la subida del salario mínimo interprofesional, y ahora la polémica ley de Seguridad Ciudadana del PP. El Gobierno se escuda en la Constitución y ejerce los vetos correspondientes basándose en un gasto presupuestario no previsto, como ha hecho con las pensiones

El presidente Rajoy y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en el Congreso. Imagen de archivo.

La oposición cumple con sus amenazas. Primero fue la LOMCE, poco después el Salario Mínimo Interprofesional y este martes le ha tocado el turno a la polémica ley de Seguridad Ciudadana que el Partido Popular aprobó la pasada legislatura con toda la oposición en contra. Los principales grupos parlamentarios se han vuelto a poner de acuerdo para dar el tercer toque de atención, en menos de tres semanas, al gobierno en minoría que lidera Mariano Rajoy, que se agarra con fuerza al veto que le otorga la Constitución para anular la discusión parlamentaria.

El Congreso ha validado la moción presentada por los socialistas para instar al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para derogar la ley y promover una nueva normativa "más respetuosa con los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución". Una iniciativa que no tendrá consecuencias legales en esta ocasión, puesto que la fórmula elegida no es una proposición de ley sino una moción, pero sí tiene un significado simbólico si tenemos en cuenta que con esta moción se insta al Gobierno a rectificar.

Rectificar una ley, aprobada por la mayoría absoluta del PP, bautizada como ‘Ley Mordaza’, y que la oposición cuestiona “su vocación de criminalizar las protestas ciudadanas, con sanciones abusivas y una merma del control judicial, frente a los poderes otorgados a la policía”. Este martes, el PSOE, Unidos Podemos y gran parte del Grupo Mixto han pedido al Gobierno de Mariano Rajoy que dé marcha atrás en esta polémica normativa y también revise las llamadas devoluciones en caliente de inmigrantes en la valla de Melilla, tal y como ha exigido el portavoz socialista, Antonio Trevín.

¿Cuál será la respuesta del Gobierno? Aún se desconoce. El portavoz del PP, José Alberto Martín-Toledano, ha asegurado que "los derechos y libertades de los ciudadanos están garantizando", y ha advertido de que "no estamos ni en Cuba, ni en Venezuela". Aunque lo cierto es que durante las negociaciones para formar gobierno, los ‘populares’, y muy especialmente Rajoy, lo que menos defendieron fue esta Ley de Seguridad Ciudadana que se podría convertir en un nuevo gesto por parte del PP de cesión ante la oposición. El portavoz del PP, por el momento, ha admitido la disposición de su partido a dialogar, tal y como ya adelantó el nuevo ministro de Interior, Ignacio Zoido, aunque ha rechazado de pleno la derogación total.

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