Inicia su andadura en las Cortes el nuevo Presupuesto de CLM para 2017, con cambios por 60 millones

En otro orden, este jueves el Gobierno de Castilla-La Mancha también ha llevado a las Cortes una Ley que mejora el funcionamiento de la Administración

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha presentado el nuevo proyecto de Ley de Presupuestos Generales de CLM para 2017, en una rueda de prensa en el Parlamento regional
photo_camera El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha presentado el nuevo proyecto de Ley de Presupuestos Generales de CLM para 2017, en una rueda de prensa en el Parlamento regional

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado este jueves en las Cortes el nuevo proyecto de Presupuestos de la región para este año 2017, que asciende a 8.941 millones de euros, lo que supone unos 22 millones más que el texto anterior que fue rechazado, pero contempla modificaciones por unos 60 millones fruto de la negociación.

Con su presentación en en el Parlamento regional, que llega tras el principio de acuerdo alcanzado entre el Gobierno autonómico y Podemos, partido que el 7 de abril rechazó junto al PP el anterior presupuesto, la cuentas generales iniciarán por segunda vez su andadura parlamentaria con la previsión de que queden aprobadas el 31 de agosto.

En rueda de prensa tras entregar el proyecto de presupuestos, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha explicado que el proyecto es "exactamente el mismo texto legal que se presentó inicialmente", por lo que no ha sido necesario que el Consejo Consultivo haya emitido dictamen sobre el mismo.

No obstante, la cifra ha aumentado ligeramente -de 8.919 millones a 8.941 millones- como consecuencia de que se cuenta con mayor información en materia de ingresos propios y finalistas.

Además, contempla modificaciones por valor de unos 60 millones de euros, de los que 39 corresponden a enmiendas del PP, PSOE y Podemos que fueron incorporadas al texto en la anterior tramitación parlamentaria.

Sobre el acuerdo con Podemos, el consejero ha dicho que no lo quiere "cuantificar", si bien se ha referido al incremento de la financiación de agricultura ecológica en 18,5 millones o a la contratación de docentes interinos durante todo el año y la reducción de horas lectivas en Secundaria y Bachillerato, si bien ha señalado que también son políticas del Gobierno regional.

El consejero también ha destacado que no supondrá "ninguna modificación tributaria", por lo que no aumentan los impuestos, y reserva 120 millones de euros al Plan Integral de Garantías Ciudadanas impulsado por Podemos.

En concreto, el presupuesto sube un 6,2 por ciento respecto al del año 2016, un total de 520,9 millones, y el presupuesto no financiero asciende a 7.170,1 millones de euros, el 4 por ciento más.

Ruiz Molina ha destacado que está diseñado para cumplir el objetivo de déficit del 0,6 por ciento fijado para 2016 y el objetivo de deuda del 35 por ciento del PIB.

Siete de cada diez euros están destinados a la consolidación del Estado de bienestar, 13,7 millones de euros al día, lo que supone un incremento del gasto social en un 11,6 por ciento respecto a la legislatura anterior.

Además, contempla invertir cada día 5,5 millones de euros al desarrollo económico y a la creación de empleo, y 1,7 millones a inversiones.

"Aprobar el presupuesto de 2017 nos va a permitir también aprobar las ofertas públicas de empleo", ha celebrado Ruiz Molina, quien ha señalado que en los próximos años se convocarán en educación y sanidad 8.400 plazas, al tiempo que los empleados públicos recuperarán el 1,5 por ciento del salario perdido, la conocida como "tasa Cospedal".

El consejero ha resumido que los tres grandes objetivos son mejorar la calidad vida de las personas, generar más riqueza y empleo, y mantener las cuentas públicas saneadas.

En concreto, se gastarán 2.692 millones de euros en sanidad; 1.626,1 en educación, cultura y deportes; 1.396,9 en agricultura y medio ambiente; 702,3 en servicios sociales; 257,1 en desarrollo económico y empleo; 245,6 en infraestructuras generales, urbanismo y vivienda; 148,4 en servicios de carácter general, y 107 en I+D+i y nuevas tecnologías.

Para deuda pública, imprevistos y funciones no clasificadas, hay una partida de 1.765,2 millones de euros.

Por otra parte, ha destacado que el proyecto de presupuestos contiene un ahorro neto positivo de más de 70 millones de euros, lo que significa que "los ingresos corrientes van a ser superiores al gasto corriente y va a permitir financiar inversiones sin necesidad de acudir al endeudamiento".

Con todo, ha señalado que el nuevo texto se ha diseñado teniendo en cuenta una tasa de crecimiento en 2017 del 3 por ciento, medio punto más que en el primer proyecto, y del 2,6 por ciento para 2018, con lo que se eleva dos décimas de la cifra inicialmente prevista.

Preguntado por una posible bajada de impuestos este año, el consejero ha apuntado que no realizarán modificaciones tributarias en 2017, si bien de cara al próximo ejercicio estudiarán aplicar deducciones para "incentivar determinados comportamientos".

PRINCIPALES NOVEDADES INCORPORADAS RESPECTO AL ANTERIOR

El nuevo proyecto de presupuestos de la Junta para este año 2017 incluye una nueva partida de 300.000 euros para el inicio de los trabajos de cesión a Toledo y Cuenca de parte de la colección de arte moderno y contemporáneo del marchante Roberto Polo.

Esta es una de las dieciséis novedades que contempla el nuevo texto, que además ontemplan la incorporación de una partida de 75.000 euros para la evaluación del Plan Integral de Garantías Ciudadanas propuesto por Podemos; la dotación de 900.000 euros para el Conservatorio de Música de Mota del Cuervo (Cuenca), y otros 60.000 euros para el Parque Arqueológico de Carranque (Toledo).

Hay también 18,5 millones más para la financiación del Programa de Agricultura Ecológica, que llegará hasta los 38,5 millones, y 2,5 millones para las actuaciones sobre amianto en Toledo.

Además de una partida para las compensaciones a los agricultores con explotaciones dentro de zonas Zepa con 6,3 millones; hasta 810.000 euros en nuevas dotaciones del Fondo Verde para actuaciones de protección de la naturaleza y fauna en la Red de Áreas Protegidas, y 110.000 euros para medidas de educación ambiental.

En materia educativa, las cuentas recogen la contratación de los docentes interinos el próximo curso desde el 1 de septiembre hasta el 31 de agosto y la reducción de las horas lectivas en Secundaria y Bachillerato en el próximo curso.

Asimismo, hay una nueva partida de 2 millones para la recuperación económica de ciudades en declive socioeconómico como Talavera de la Reina y otros 3 millones para zonas en despoblamiento.

Por otra parte, las nuevas cuentas generales dedicarán más inversión para contratar personal que agilice la tramitación de los expedientes en materia de dependencia y una nueva partida de 9 millones que se financiará con fondos finalistas procedentes del 0,7 por ciento de la declaración de la renta para proyectos que cumplan la normativa sobre la materia.

Asimismo, contemplan un incremento hasta los 2,8 millones de euros de las ayudas de Cooperación al Desarrollo.

LEY PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

En otro orden, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha registrado también este jueves en las Cortes el proyecto de Ley en Materia de Gestión y Organización de la Administración y otras Medidas Administrativas, un texto que tiene por objeto mejorar la eficacia y la eficiencia del funcionamiento de la Administración regional.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha sido el encargado de presentar el texto en el Parlamento autonómico, donde también ha registrado el nuevo proyecto de ley de presupuestos.

En rueda de prensa, ha explicado que se trata de una normativa de carácter "estrictamente técnico y administrativo", que contempla diversas materias y afecta prácticamente a todas las consejerías.

Una parte de la futura ley, ha explicado el consejero, nace de la necesidad de adaptar el nuevo marco normativo del Estado a la comunidad autónoma y, en concreto, dos leyes esenciales en la estructura administrativa básica: la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.

Así, el texto establece las notificaciones electrónicas como medio preferente de comunicación entre la Administración y los ciudadanos, evitando que tengan que desplazarse a las instituciones para la tramitación de sus asuntos, y agilizando las actuaciones y resoluciones administrativas, ha resaltado.

Asimismo, se incrementa el porcentaje de reducción de las sanciones, hasta un máximo del 50 por ciento de su cuantía, en caso de que el infractor reconozca su responsabilidad y proceda al pago voluntario, además de manifestar su desistimiento o renuncia a interponer acciones o recursos administrativos contra la sanción.

También se establece un plazo común de resolución de nueve meses para todos los procedimientos sancionadores que, actualmente, está fijado en tres meses.

Por otra parte, aborda varias modificaciones de leyes sectoriales de la comunidad autónoma para adaptar determinados aspectos de su articulado a la situación actual e "incrementar su eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios y en la gestión de los recursos económicos".

En primer lugar, se modifica la Ley 8/1999 de Ordenación del Turismo en Castilla-La Mancha, fundamentalmente, para adaptar el sector al modelo de mercado único.

De esta forma, se amplía la relación y regulación de modelos de empresas turísticas de Castilla-La Mancha, se introducen modificaciones que refuerzan el respaldo legal a operadores y usuarios y se crea un régimen unificado de profesionales que pueden operar en la región.

En segundo lugar, se modifica la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU) para introducir nuevas figuras, como es el aprovechamiento preexistente para agilizar los instrumentos de planeamiento de los municipios y el concepto de complejo inmobiliario.

Una ley que el consejero ha explicado que es necesario que se modifique para adaptarla a la sentencia del Tribunal Constitucional por la cual se establece como de obligado cumplimiento iniciar un nuevo trámite de información pública de los planes de ordenación cuando se produzcan modificaciones sustanciales en los mismos.

Igualmente, permitirá modificar la Ley de Servicios Sociales para agilizar el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia.

Finalmente, se aborda una nueva regulación que otorga mayor efectividad al servicio de emergencias del 112, al establecer que las grabaciones de las llamadas recibidas en el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias de Castilla-La Mancha se conserven un máximo de dos años.

En caso de que el incidente esté bajo proceso judicial, las llamadas se conservarían hasta que existiera una resolución judicial firme.

Con esta modificación, queda garantizada la confidencialidad de las comunicaciones y la protección de los datos personales de los usuarios. 

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