El Gobierno de Castilla-la Mancha está trabajando en la redacción de una nueva ley urbanística para la comunidad autónoma, que tendrá una especial incidencia en los municipios de pequeño tamaño de la región.
Así lo ha adelantado el director general de Urbanismo y Vivienda, José Antonio Carrillo, en su comparecencia en la Comisión de Fomento de las Cortes regionales, en la que ha informado sobre las medidas de dinamización en suelo rústico y pequeños municipios y modificación de la Instrucción Técnica de Planeamiento (ITP).
Carrillo ha comentado que se está trabajando ya de manera intensa en la redacción de una nueva ley urbanística y ha adelantado que va a tener una especial sensibilidad en la cuestión de la actividad consolidada durante los desarrollos urbanísticos, que ha sido la prioridad normativa en la anterior norma.
Asimismo, ha avanzado que la nueva normativa va a tener una especial incidencia en los pequeños municipios de la región, tanto en materia de suelo rústico, como en facilitar la redacción de los instrumentos de planeamiento general haciéndolos más accesibles a todo tipo de municipios.
Y ha justificado la necesidad de reformar la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU), por las innovaciones normativas que exige a día de hoy la dinámica del sector inmobiliario, y del sector urbanístico en particular.
Ha señalado que la modificación de la ITP que entró en vigor el pasado mes de febrero ha sido un primer paso y un adelanto, que estaba siendo reclamado "con carácter urgente" por los ayuntamientos y que ya está dando frutos, puesto que en cuatro meses ha permitido la implantación de varias empresas en la región.
En este sentido, ha recordado que la ITP permite con carácter excepcional que determinadas industrias puedan instalarse en terreno rústico, que antes tendría que irse a otros municipios con polígonos industriales o a otras comunidades autónomas.
Ahora, y previa elaboración de un informe técnico que certifique que no se perjudica al medio rural, se hace puede hacer una excepción y autorizar la implantación en terreno rústico de determinadas empresas sin tener que proceder a la recalificación.
El diputado del grupo parlamentario Podemos José García Molina ha coincidido con el "espíritu" de esta normativa, pero ha abogado por que no solo se vele por que se respeten las normativas legales y técnicas, sino por el mantenimiento y sostenibilidad en el tiempo de los proyectos que se autoricen.
García Molina ha señalado que hay ejemplos, tanto en España como en Castilla-La Mancha, de proyectos empresariales que se han instalado y que al tiempo han cesado en su actividad "dejando cementerios de hormigón y ladrillos" y ha apuntado que en principio los pequeños proyectos tienen más perspectivas de mantenerse en el tiempo y permanecer en el territorio.
Al respecto, Carrillo ha explicado que la modificación de la ITP ha posibilitado proyectos de empresas muy grandes, entre ellas una cárnica de la provincia de Toledo que tiene actividad exportadora y que ha podido ampliarse gracias esta medida, y también tres pequeños proyectos de empresas avícolas que han podido instalarse en pequeños municipios de Cuenca.
Por su parte, la diputada del PP María Roldán ha exigido que los criterios para otorgar licencias sean "totalmente objetivos" y se ha preguntado quién va a evaluar que tengan un relevante interés social y económico cono establece la ITP.
En este ámbito, Carrillo ha dicho que hay un "triple filtro" de control, en primer lugar los propios ayuntamientos, en segundo las consejerías de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y de Economía, Empresas y Empleo y, en tercero, las comisiones provinciales de Urbanismo o la Comisión Regional de Urbanismo, si fuera el caso.
