La Diputación provincial de Toledo ha adelantado este viernes que, en caso de que su recurso de reposición en relación a la readmisión de los 23 trabajadores del Hospital Provincial despedidos en 2012 sea rechazado, presentará un recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) e incluso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo si la suplicación fuese también desestimada.
El presidente de la Diputación, y a su vez presidente de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, Arturo García-Tizón, ha asegurado en rueda de prensa que, además, no descarta plantear un conflicto entre la Institución provincial y el órgano judicial ya que, a su juicio, "se ha producido un exceso de jurisdicción" y un "uso alternativo del derecho" por parte de los tribunales, asegurando que "se ha cambiado el objeto de la resolución judicial anterior".
García-Tizón ha advertido también de que, en caso de que alguno de los recursos interpuestos diera la razón a la Administración provincial, pensaría también en pedir responsabilidades patrimoniales "por el funcionamiento de la justicia".
El presidente ha manifestado que piensa que la Diputación no se equivocó en el proceso de estos despidos y que discrepa "rotundamente" con las resoluciones judiciales a este respecto, pero ha afirmado que cumplirá lo que dicten las mismas.
Asimismo ha explicado que, con la llegada del nuevo equipo de Gobierno a la Corporación provincial, se traspasó el Hospital Provincial a la Junta, por lo que se perdió el convenio entre ambas administraciones y "lo primero que se vio es que estos puestos no hacían falta".
Sin embargo, ha apuntado que prefirió "llevar a cabo estos despidos con el criterio de despido objetivo" en lugar de declarar la nulidad de estos contratos indefinidos, ya que de esta forma, ha opinado, "se podría evitar un planteamiento judicial y entrar en procesos contencioso-administrativos".
Ha insistido en que la sentencia indica que los despidos "son nulos porque no se siguió el procedimiento", por lo que ha explicado que la ejecución consistiría en la readmisión de estas personas, el pago de sus salarios y su posterior despido con indemnización de 45 días por año trabajado, en lugar de los 20 con los que se hizo en primer lugar.
No aparecían en ninguna RPT
El máximo responsable de la Diputación toledana, y garante de la Constitucion Española en el Congreso de los Diputados, ha señalado que no es posible reasignar a estos trabajadores en otra plaza "porque nunca aparecieron en ninguna Relación de Puestos de Trabajo (RPT)", recordando que "estas personas tenían contratos temporales y se hicieron indefinidos tres días antes de las elecciones municipales". Una acción que, ha afirmado, el Consejo Consultivo decidió que "era nula de pleno derecho".
García-Tizón ha manifestado además que "el 70 por ciento de estos contratos se habían realizado por motivos de familiaridad, amistad o militancia política del anterior Gobierno de la Diputación", añadiendo que los trabajadores "nunca superaron unas pruebas en base a su mérito y capacidad".
En este sentido, ha acusado al PSOE de convertir en indefinidos a estos trabajadores "para asegurar una indemnización importante a cargo del dinero de todos".
No obstante, García-Tizón ha insistido en que "evidentemente la sentencia se va a cumplir, como no puede ser de otra manera, sin prejuicio de las medidas legales que la institución provincial va a comenzar en defensa de los intereses de la Diputación de Toledo y de todos los ciudadanos de la provincia", ha concluido.
"Tizón ha realizado más de 2.000 contratos", y piden su inhabilitación
Por su parte, el Grupo Socialista en la Diputación de Toledo ha rechazado "con rotundidad la actitud empecinada, sectaria e irrespetuosa con las decisiones judiciales" que el presidente de la institución, ha mostrado este viernes ante la sentencia "que le obliga a readmitir a los 23 trabajadores que despidió hace dos años y medio y cuyo despido ha sido declarado nulo y ratificado como tal en varias ocasiones por los tribunales".
Según informa el PSOE en un comunicado, "Arturo García-Tizón ha ratificado su soberbia, su falta de respeto a la justicia y su intento permanente de enmarañar un asunto que es muy sencillo: su obligación de acatar y cumplir las sentencias judiciales".
Por ello, consideran los socialistas que "el presidente de la Diputación de Toledo, tras sus constantes negativas a cumplir la sentencia de reincorporación de estos 23 trabajadores, dice que acata el mandato judicial cuando sus palabras y su obra le desmienten".
Según señalan "incluso, se ha permitido el lujo de amenazar a la justicia escudándose en una espúrea defensa de los intereses de la Diputación y de los ciudadanos cuando lo que en verdad motiva esos anunciados nuevos recursos judiciales son su soberbia y su incapacidad de admitir que no tiene razón, llegando incluso a ningunear a la jueza".
Desde el PSOE afirman que perciben "que esta actitud de García-Tizón también es fruto del nerviosismo que le producen los constantes escándalos que está protagonizando al frente de esta institución y que le han dado a conocer en todo el país".
Y continúan señalando que es "un presidente que ha rodeado de escándalo todos y cada uno de los procesos de contratación que ha ejecutado la Diputación durante su presidencia, que se ha hecho famoso por ser capaz de dejar con la palabra en la boca y dar la espalda a unos padres que pedían ayuda para la atención adecuada de sus hijos enfermos de cáncer y que ha antepuesto sus caprichos a las necesidades de los ciudadanos de la provincia de Toledo".
Además informan que "García-Tizón ha realizado más de 2.000 contratos en los dos años y medio que lleva al frente de la Diputación y tiene la cara dura de asegurar que no puede reintegrar a estos 23 trabajadores, tal y como se lo exigen los tribunales, porque no tiene donde".
Por ello desde el PSOE creen que "lo que ha dejado muy claro hoy Arturo García-Tizón es que detrás de estos despidos lo que hay es una persecución infame y sectaria contra estos trabajadores que lo único que piden es que se cumpla la sentencia que les reingrese en sus puestos de trabajo".
Y finalizan señalando que "la soberbia y la prepotencia que está mostrando García-Tizón le inhabilitan para permanecer como presidente de la Diputación Provincial de Toledo y como presidente de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados", han concluido.
