El alcalde de la localidad toledana de Carranque, de 'Vecinos por Carranque', Javier Martín, va a pedir al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que instruye la 'Operación Púnica' que investigue si la privatización del servicio de alumbrado público y su mantenimiento que llevó a cabo la anterior Corporación 'popular' está vinculada a esa trama de corrupción.
Así lo ha explicado el actual regidor de Carranque en el marco de la primera 'Rueda Ciudadana', iniciativa que ha puesto en marcha el Grupo Parlamentario Podemos en Castilla-La Mancha, a fin de que colectivos y particulares de la región ofrezcan ruedas de prensa para ofrecer diferentes realidades y problemáticas.
Este marco le ha servido al actual alcalde de Carranque para denunciar que este mes van a elevar al juez Velasco toda la documentación relativa al servicio de alumbrado público para que determine si en la adjudicación de este servicio el anterior equipo de Gobierno 'popular' cometió "irregularidades".
En ese caso, Javier Martín ha asegurado que el Ayuntamiento de Carranque se personará como parte en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional, en caso de que el juez vea delito en la actuación del anterior equipo de Gobierno.
EMPRESAS VINCULADAS A LA 'PÚNICA'
El primer edil ha relatado que el anterior equipo de Gobierno del PP quiso que la empresa Asproener, dedicada a la gestión energética investigada en el marco de la 'Operación Púnica', realizara una auditoria en este Consistorio toledano y que esa decisión se aprobara en el Pleno, pero sin ofrecer información al resto de grupos de lo que iba a costar.
El secretario-interventor del Consistorio lo paralizó, pero el equipo de Gobierno del PP realizó un contrato de 18.000 euros para no tener que someter ese estudio energético a concurso público, adjudicándoselo directamente a Asproener. El Consistorio pagó esos 18.000 euros por ese servicio que es gratuito.
Como resultado de esa auditoría, el equipo de Gobierno decidió contratar a la empresa Elecnor para que "modernizara el sistema de alumbrado" por 22.552,81 euros al mes (270.633,72 al año). Pero a su vez Elecnor, que ganó ese concursos con criterios "cuestionables", subcontrató a otra empresa para que fuese ésta quien llevase a acabo ese mantenimiento del alumbrado.
EMPRESA VINCULADA A LOS EDILES DEL PP
"La empresa beneficiaria de la subcontratación, por un periodo de 10 años, era una entidad de reciente creación gestionada por el concejal de Deportes y el marido de la concejala de Hacienda, es decir, los mismos que decidieron que Elecnor fuera la empresa elegida. Esta empresa se constituyó previamente, puede que después de que viesen la posibilidad de negocio", ha agregado.
A renglón seguido, Martín ha condenado que una de las cláusulas del contrato suscrito con esa empresa, con la que estaban vinculados los ediles del PP, contempla la obligación de financiar con 13.000 euros al Club Deportivo Elemental Villa de Carranque, que presidía el propio concejal de Deportes, cuestión que elevarán también a los tribunales.
Tras dar cuenta de todas esas "irregularidades", a su modo de ver "susceptibles" de ser investigadas en la causa de la 'Punica', el actual regidor ha denunciado que el Consistorio no puede romper el contrato con esa empresa, a pesar de no está llevando a cabo esas labores de mantenimiento.
Es por ello que el alcalde se ha mostrado confiado en que el juez de la Audiencia Nacional falle sobre este contrato para poder rescindirlo, pues el Consistorio tiene que seguir abonando esos más de 22.000 euros todos los años, cuando un municipio como Illescas, con una población cinco veces mayor paga por este servicio 11.000 euros anuales.
Javier Martín de 'Vecinos por Carranque' ha recordado que el exregidor 'popular', Marco Antonio Caballero y el resto de ediles ya están inmersos en un proceso judicial por la denuncia interpuesta por el PSOE por la privatización del servicio de alumbrado.
11 MILLONES DE EUROS DE DEUDA
El regidor de Carranque ha denunciado que el suyo es uno de los pocos municipios intervenidos por Hacienda pues, con cerca de 4.600 vecinos, acumula una deuda de 11 millones de euros, una situación que hace muy difícil la gestión diaria.
A pesar de tener una deuda de más de un millón de euros con proveedores, acumulada desde 2013, Martín ha asegurado que el Consistorio ha podido pagar la nómina a los funcionarios, incluso el 25 por ciento de la paga extra de 2012.
Por último, ha alertado de que dada la abultada deuda del Consistorio, el municipio no puede acceder ni a subvenciones ni se puede acoger al Plan de Empleo del Gobierno regional, pues como requisito los consitorios han de estar "financieramente saneados", una situación que, según ha afirmado, afecta a la mitad de los municipios de la provincia, que se quedarán fuera de este plan.
MECANISMO PARA AUDITAR CUENTAS MUNICIPALES
Por su parte, el secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha, José García Molina, que ha comparecido junto al alcalde de Carranque, ha pedido a la Consejería de Hacienda del Gobierno regional que ponga en marcha los mecanismos oportunos para que aquellos municipios que quieran auditar las deudas puedan hacerlo.
A juicio del líder regional de Podemos puede que las "sorpresas" encontradas en Carranque, "que habla de cómo se ha gestionado durante estos años", se estén dando en otros muchos consistorios de la región y las nuevas corporaciones se vean obligadas a gestionar deudas heredadas.
"Nos ponemos al servicio de los municipios que quieran para auditar su deuda y para ello vamos a instar a la Consejería de Hacienda a que ponga en marcha mecanismos administrativos para que en los municipios donde haya indicios de que las cosas no se ha han hecho bien puedan hacer esas auditorias", ha defendido.
"Casos como el de Carranque evidencian que no nos hemos equivocado al pedir para Castilla-La Mancha una Ley de Transparencia, para que la ciudadanía esté informada y no llegar a situaciones de emergencia como las de este Ayuntamiento toledano, que no puede solicitar subvenciones o acogerse al Plan Regional de Empleo", ha dicho el también diputado toledano.
En cuanto al borrador de la Ley de Transparencia que ya le ha proporcionado el Ejecutivo de Emiliano García-Page, ha dicho que su formación reclama que dicha norma contemple la obligación del Gobierno regional a ofrecer información anticipada de todos los contratos públicos que formaliza, "para saber quién y cómo se ha hecho acreedor".
Una información que Podemos quiere que también se haga extensible a los contratos menores de 18.000 euros, que no tienen que pasar por la Intervención "y donde más fraudes se dan", ha apostillado García Molina.
Por último, ha pedido al Gobierno regional que les aporte los documentos antes de las reuniones de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Institucional suscrito con el PSOE, "para poder trabajar sobre algo" cuando se produzcan esas reuniones y así avanzar.
