Greenpeace recibe el emplazamiento del Juzgado por la denuncia de De Cospedal

Greenpeace ha recibido el emplazamiento del Juzgado de primera instancia número 7 de Toledo, con la demanda presentada el servicio jurídico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el 18 de febrero, por la presidenta de esta comunidad autónoma, María Dolores de Cospedal, al considerar que la ONG ha vulnerado su derecho al honor.

La demanda se debe al informe de Greenpeace 'Amnistía a la Destrucción' en el que se apunta a posibles intereses del Partido Popular detrás de la reforma de la Ley de Costas y, en concreto, porque apunta a que el marido de María Dolores de Cospedal resultaría beneficiado por esta modificación de la Ley.

Greenpeace considera que en el informe únicamente se indica la arbitrariedad e inseguridad jurídica que supone la nueva Ley de Costas, lo que favorece a sectores "muy concretos con intereses privados en el litoral". Con la reforma, según la ONG se indultarán los edificios ilegales y la destrucción del litoral que se ha producido durante los años de la burbuja inmobiliaria.

El documento de la ONG considera que podría haber un posible conflicto de intereses de miembros del PP en la reforma de la Ley de Costas y señala a los "posibles beneficiarios" de determinados articulados de la nueva normativa que, en la actualidad, se encuentra en el Senado siguiendo el trámite parlamentario.

Para Greenpeace, la reforma de la Ley de Costas supone uno de los mayores retrocesos en la protección ambiental de los últimos años e insiste en que el proyecto de Ley busca privatizar la costa por parte de empresas y propietarios sobre terrenos públicos que pasan a manos privadas.

En el informe, la ONG señala que varias inmobiliarias podrían ver legalizadas sus urbanizaciones y se refiere expresamente a Ignacio López del Hierro, Joaquin Rivero, Bautista Soler y el actual ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, porque coinciden como consejeros en la inmobiliaria Bami Newco. "De ahí se desprende la nula sensibilidad del Gobierno para llevar a cabo una reforma de tal calado", insiste Greenpeace.

El abogado de Greenpeace José Manuel Marraco Espinós defiende que con su informe, la organización está defendiendo el derecho al medio ambiente que recoge el artículo 45 de la Constitución, en el marco de sus fines, ejercitando el derecho fundamental a la libertad de expresión que recoge el Artículo 20 de la Carta Magna".

En la demanda, Cospedal pide que se condene a Greenpeace a rectificar la información de dicho informe y a resarcir los daños y perjuicios mediante el pago de una indemnización.

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